DATOS A NIVEL LOCAL

Naciones Unidas estima que en el mundo hay 2,5 millones de personas víctimas de trata. Se calcula, además, que por cada persona identificada como víctima hay otras 20 sin identificar. Es que, también, la trata de personas es una de las actividades ilícitas más redituables del mundo, solo detrás del narcotráfico y el tráfico de armas: el mercado ilícito global de trata está estimado en 32 mil millones de dólares.

En el marco del Día Mundial contra la Trata, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) divulgó ayer algunos datos sobre la situación a nivel internacional y también a nivel local.

Respecto a Uruguay, los números divulgados provienen de la cantidad de personas que asistieron a los servicios de atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual comercial, de Inmujeres, que desde 2011 brinda asistencia psicológica, social y legal a mujeres mayores de 18 años, tanto nacionales como extranjeras.

En este sentido, en el primer semestre de 2021 los servicios atendieron a un total de 130 mujeres; de ellas, 14 casos corresponden a nuevos ingresos y 116 son mujeres que ya estaban en seguimiento. De esos 14 nuevos ingresos, 13 pertenecen a Montevideo y uno a Cerro Largo.

“Al analizar la nacionalidad de las mujeres que consultaron con los servicios por año, se puede observar la evolución del trabajo que comienza en 2011 principalmente con uruguayas y a partir de 2012 comienzan a atender mujeres otras nacionalidades”, dice el informe.

Por otro lado, entre 2013 y 2019, más del 60% de las mujeres atendidas por los servicios eran afrodescendientes; en 2020 esa brecha se achicó (52%).

Entre las situaciones atendidas por los servicios de Inmujeres, “se observa que durante dos años (2013 y 2014) el 94% eran situaciones de trata internacional. A partir de 2015 se capta un 18% de trata interna y este tipo aumenta a casi un tercio (31%) del total de situaciones recibidas en 2019. La tendencia al aumento de la trata interna continúa en 2020, llegando al 57%”.

Sobre esto, Sandra Perroni, de la Asociación civil El Paso y parte del equipo que llevó adelante el trabajo Dueños de personas, personas con dueños. Investigación sobre trata de personas en Uruguay, sostiene que Uruguay tiene problemas para detectar los casos de trata interna. “Generalmente se los explica y se los atiende e incluso hasta se llevan a la Justicia con otras figuras penales y no se tipifica el delito de trata de personas. Acá la trata interna está muy naturalizada. Lo que se constata es que se mantiene la naturalización en la trata interna y se sigue visibilizando mucho la trata internacional”, consideró Perroni.

Así, a partir de 2012 Uruguay empezó a configurarse como un país de origen, tránsito pero sobre todo de destino para personas víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral que llegan desde Centroamérica.

Por otra parte, la activista cree que el contexto de pandemia potenció las posibilidades de trata y tráfico de personas. “La movilidad a nivel de la región se mantiene. Llegan a la frontera, no pueden entrar y ahí aparece rápidamente el ofrecimiento de ayudar a ingresar al país. Muchas veces las personas que llegan quedan con una deuda que las lleva a estar en situación de trata o de servidumbre por deuda y trabajar para pagar eso que se le determine”, describió.

Las fronteras cerradas, entonces, facilitan que las redes de trata y tráfico tengan acceso a más gente que en otro contexto podría haber ingresado al país de otra manera. Además, el hecho de hacer trámites online “impide la identificación de las víctimas”.

La trata de personas no es un fenómeno nuevo. Es incluso considerada como la esclavitud del siglo XXI: implica el comercio de seres humanos con distintos fines.

Abarca desde la explotación sexual hasta el matrimonio o el embarazo forzado, trabajos forzosos u obligatorios, la servidumbre, la explotación laboral, la mendicidad forzada, la extracción o transferencia ilícita de órganos, y la venta de personas. La mayoría de las víctimas de trata, sin embargo, son esclavizadas con fines de explotación sexual. Entre ellas, a nivel mundial, predominan las mujeres: según un informe de Naciones Unidas, en 2018 eran el 72%. En 2020 representan el 65%.