HOSPEDAJE ILEGAL

Clausuran edificio ubicado en pleno 18 de Julio en el que viven emigrantes dominicanos

La Intendencia de Montevideo solicitó la clausura hace un mes de una pensión ubicada en 18 de Julio y Río Branco por falta de mantenimiento y de documentación. Sus habitantes, en mayoría dominicanos, denuncian condiciones de vida “indignas”, discriminación y amenazas.

El pasado 9 de febrero el Servicio de Inspección General de la comuna tomó esta decisión. El motivo: el establecimiento no cumple “con las condiciones requeridas en cuanto a la documentación correspondiente ni en su estado general de mantenimiento, conservación e higiene”, señala la resolución 80/18/1000.

En 2012, 2014 y 2016 este local ha recibido seis multas por parte de la Intendencia, que oscilaron entre 15 y 23 unidades reajustables. En general fueron porque el responsable nunca presentó las habilitaciones que otorga la Dirección Nacional de Bomberos, el Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas (ascensores) y el Servicio de Contralor de la Edificación.

Según un acta notarial del Ministerio de Vivienda firmada el 10 de enero, a la que accedió El País, este inmueble, ubicado en la Avenida 18 de Julio 937, “no está inscripto en el Registro de Pensiones”, por lo que no debería trabajar como tal.

El edificio albergó antiguamente al Hotel Río de La Plata, cuya cartelería identificatoria aún permanece en la fachada. Averiguaciones hechas por asesores legales de los habitantes, señalan que los permisos que otorga el Ministerio de Turismo para estos establecimientos también están vencidos.
Luego de que la comuna dicta la clausura de una pensión, sus dueños no pueden permitir el ingreso de nuevos inquilinos. Sin embargo, habitantes constataron que en un mes cinco personas nuevas han logrado alquilar.

. En la pensión viven cerca de 200 personas que pagan entre 9.000 y 12.000 pesos. La mayoría de los habitantes son dominicanos, aunque también hay cubanos y algún uruguayo. El País conversó con unos 15 dominicanos que, en su mayoría, se desempeñan como guardias de seguridad y trabajadores de limpieza.

Carlos comentó que paga 10.000 pesos mensuales y vive en un dormitorio en el que apenas entran dos camas de una plaza. “No tengo baño y no entra un ropero”, comentó.

La falta de higiene “existe en todo el edificio”, aseguran. El tanque de agua está contaminado de gusanos y “no limpian nada”. “Nos dicen que lo van a limpiar. Pero nunca lo hicieron”, comentó Norberto.

Luego de que la Intendencia dictara la resolución, los dueños del edificio quitaron el cartel que la comuna colocó en la fachada. Además, le comunicaron a los dominicanos que debían pagar un 10% más de lo que estaban abonando, pero estos se negaron a tal resolución.

“Por las condiciones en la que está, no deberíamos pagar más de 4.000 pesos”, comentó Claudia, quien aseguró que no recibe ningún tipo de comprobante que certifique este pago. Esta resistencia hizo que los encargados de administrarlo les cortaran la luz en algunas habitaciones. Por este motivo, estas personas se “prestaron” electricidad a través de alargues. “Una noche nos cortó el alargue y nos volvió a dejar sin luz”, contó Marcelo.

La suciedad y la falta de limpieza ha originado que proliferen ratas, chinches y cucarachas.“Mirá cómo tiene la mano. Está toda brotada porque nadie limpia nada”, dice Norma mientras le remanga una remera a una niña de cinco años.

Los dominicanos manifiestan que al menos 20 personas utilizan un único baño. “Hay uno que tiene la puerta trancada”, aseguró Mario. Varios de ellos se despiertan a las cinco de la mañana para hacer cola para bañarse. Y algún otro decide hacerlo en su trabajo para no perder tiempo.

“No se puede pagar esa cantidad de dinero para vivir así”, manifestó Carlos.
Algunas de las ventanas y persianas están rotas. “Ahora que se viene el frío, estoy pensando en poner cartón”, agregó Carlos. Otro dominicano recuerda que un vidrio cayó a un patio interno y “pudo haber matado a alguien”.

Los asesores legales de los migrantes que integran la ONG Idas y Vueltas aseguran que debe existir una norma que regule el precio del servicio. La ley de pensiones (18.283) habla de un contrato verbal entre ambas partes.

Según la visión de los dominicanos, el anuncio de aumentar el precio de las habitaciones tiene como objetivo echarlos. Aseguran que a diario reciben amenazas para que abandonen el lugar.

“En una oportunidad me dijo: ‘Negra de mierda, váyanse a su país’. Y dice que va a entrar a mi pieza y me va a quitar mis cosas”, aseguró Alejandra. De hecho, la Policía ha acudido al lugar para desalojarlos. Los inquilinos lograron resistirse.

El Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, que asesora a los migrantes dominicanos, aseguró a través de una carta que estas personas “no pueden ser desalojadas sin previo proceso judicial, extremo que hasta el presente no ha ocurrido”, más allá de que la Intendencia haya ordenado la clausura del local. Esta misiva fue presentada ante los administradores del edificio y ante “la fuerza pública”.

Los migrantes han hecho denuncias ante el Instituto de Derechos Humanos. Estos documentos pueden ser un insumo para un futuro juicio.