ENCUESTA DE OPCIÓN

Las ocupaciones sindicales dividen a la mitad a los uruguayos

La preferencia electoral de octubre es lo que divide las opiniones sobre si la ocupación es entendida como una extensión del derecho de huelga o no.

Protesta y ocupación de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Foto: Archivo El País
Protesta y ocupación de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Foto: Archivo El País

Cuando Luis Lacalle Pou vista la banda presidencial el próximo domingo, cargará una mochila que divide a la sociedad uruguaya. Literalmente. Porque la mitad (44%) entiende que los trabajadores tienen derecho a ocupar las empresas como medida de protesta, y la otra mitad (49%) opina que no.

Podría pensarse que es la versión moderna de una puja entre ricos y pobres, una dialéctica hegeliana que aún no encontró su síntesis. Pero no. Una encuesta de la consultora Opción, a la que accedió en exclusiva El País, muestra que esta partida es más “ideológica” que “clasista”.

Sucede que el voto, al menos en Uruguay, resume un conjunto de valores. Y es por eso que la preferencia electoral de octubre es lo que divide las opiniones sobre si la ocupación es entendida como una extensión del derecho de huelga o no. Siete de cada diez frenteamplistas consideran que las ocupaciones deberían ser un derecho de protesta, mientras que entre los nacionalistas ese apoyo se reduce a tres de cada diez y entre los colorados a uno de cada diez.

“Esos valores que están detrás de lo que uno vota, se fortalecen cuando las elites partidarias toman postura respecto al tema”, dice Rafael Porzecanski, director de Opinión Pública de Opción. De ahí que el Uruguay dividido en dos bloques que se mostró en las elecciones, también se manifieste respecto a las ocupaciones.

Una Guerra Fría entre los empresarios ricos y los obreros pobres sería una explicación “débil” porque, según Porzecanski, “en Uruguay la ideología no se basa en niveles socioeconómicos”. En todo caso, agrega citando a la politóloga Pippa Norris, “la edad es la nueva clase”.

Cuanto más adulta es la persona, más reacia a que la ocupación sea entendida como derecho de huelga. Más de la mitad de los jóvenes (53%) responde que las ocupaciones deberían ser un derecho del trabajador como medida de protesta, mientras que solo un tercio (32%) de los mayores de 60 años coincide con esta afirmación.

“Las diferencias etarias vienen siendo claves en las elecciones de Estados Unidos, han sido claves en Gran Bretaña y parece que en Uruguay también pesan”, explica el director de Opinión Pública de Opción. “Lo mismo ocurre entre un Montevideo más progresista y un interior más conservador”.

Pero la encuesta de Opción, realizada a fines de enero, suma una curiosa división: el sexo. Las mujeres, por razones que aún no se pueden determinar, son mucho más proclives que los hombres a conceder a la ocupación el rótulo de derecho de huelga (52% a 34%).

Perspectiva.

Esta historia tiene más de un siglo. Incluso es anterior al batllismo y a los tres grandes “ismos” del siglo XX: el fascismo, el comunismo y el liberalismo. Nació con los sindicatos y “la falta de reglamentación de las relaciones laborales”, cuenta Juan Manuel Rodríguez, un estudioso del tema. Fue así que se entendió, implícitamente, que “la mejor ley es la que no existe”.

Esa ausencia de normativa hace que, por más que exista un sindicato en una empresa, otros trabajadores pueden reunirse y armar un sindicato paralelo. O bien que los representantes de los empresarios en las cámaras “nunca superan los 200 votos cuando hay unas 100.000 empresas registradas en el censo”, dice Rodríguez. Aun así, “en Uruguay primó la autorregulación“.

La aparente paz entre ocupantes y ocupados tuvo su fin durante la primera administración del Frente Amplio. Resulta que los empresarios tenían un as debajo de la manga: un decreto que facultaba al Poder Ejecutivo a desalojar la empresa ocupada. Con la llegada de la izquierda al poder, ese decreto se anuló.

Tras esa derogación hubo un vacío: ¿quién interviene? Fue entonces que la Justicia entró en juego. Hay tres interpretaciones de derechos en disputa: el derecho de propiedad del empresario, el derecho a trabajar de los que no ocupan y el derecho de protesta. Y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “aduce que los tres son derechos”, dice Rodríguez. “La Justicia siempre falló a favor de los empresarios”.

Y la modalidad de ocupación, entonces, devino en piquetes fuera del establecimiento. “La Justicia acepta que haya piquetes, pero que sean pacíficos, ¿qué hace que un piquete sea pacífico o no?”, pregunta Rodríguez.

Para Fernando Pereira, presidente de la central obrera, el dilema se cae cuando se observa su magnitud: “Son unas 40 ocupaciones al año sobre unas 100.000 empresas públicas y privadas”. Y, como en el sector público el Ejecutivo puede desalojar, la cifra se reduce en la práctica a la mitad.

Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt. Foto: Francisco Flores
Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt. Foto: Francisco Flores

Desde la Cámara de Comercio declinaron hacer comentarios sobre la encuesta “porque los datos no son representativos de la situación”, indicaron.

Sea como sea, la OIT insiste en que el gobierno uruguayo debería modificar algunos aspectos de la ley de negociación colectiva, dándole otro tratamiento a las ocupaciones pero sin lesionar el derecho de huelga. La modificación que propone la ley de urgente consideración, dice un técnico de la organización, “va acorde a los señalamientos, pero solo abarca uno de los puntos” en este debate que divide a los uruguayos.

En busca de algo llamado “paz”

La huelga es un derecho. En eso hay consenso en el espectro político. El punto en discusión es cuándo termina ese derecho para ceder a otros. Un artículo de la ley de urgente consideración (el 349) regula el dilema: exige que la huelga sea “pacífica” y que no afecte el ingreso a la empresa. Para el Pit-Cnt estas líneas tiene una “carga ideología” que limita derechos.

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