ENCUESTA DE OPCIÓN

Cuando Luis Lacalle Pou vista la banda presidencial el próximo domingo, cargará una mochila que divide a la sociedad uruguaya. Literalmente. Porque la mitad (44%) entiende que los trabajadores tienen derecho a ocupar las empresas como medida de protesta, y la otra mitad (49%) opina que no.

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Podría pensarse que es la versión moderna de una puja entre ricos y pobres, una dialéctica hegeliana que aún no encontró su síntesis. Pero no. Una encuesta de la consultora Opción, a la que accedió en exclusiva El País, muestra que esta partida es más u201cideológicau201d que u201cclasistau201d.

Sucede que el voto, al menos en Uruguay, resume un conjunto de valores. Y es por eso que la preferencia electoral de octubre es lo que divide las opiniones sobre si la ocupación es entendida como una extensión del derecho de huelga o no. Siete de cada diez frenteamplistas consideran que las ocupaciones deberían ser un derecho de protesta, mientras que entre los nacionalistas ese apoyo se reduce a tres de cada diez y entre los colorados a uno de cada diez.

u201cEsos valores que están detrás de lo que uno vota, se fortalecen cuando las elites partidarias toman postura respecto al temau201d, dice Rafael Porzecanski, director de Opinión Pública de Opción. De ahí que el Uruguay dividido en dos bloques que se mostró en las elecciones, también se manifieste respecto a las ocupaciones.

Una Guerra Fría entre los empresarios ricos y los obreros pobres sería una explicación u201cdébilu201d porque, según Porzecanski, u201cen Uruguay la ideología no se basa en niveles socioeconómicosu201d. En todo caso, agrega citando a la politóloga Pippa Norris, u201cla edad es la nueva claseu201d.

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Cuanto más adulta es la persona, más reacia a que la ocupación sea entendida como derecho de huelga. Más de la mitad de los jóvenes (53%) responde que las ocupaciones deberían ser un derecho del trabajador como medida de protesta, mientras que solo un tercio (32%) de los mayores de 60 años coincide con esta afirmación.

u201cLas diferencias etarias vienen siendo claves en las elecciones de Estados Unidos, han sido claves en Gran Bretaña y parece que en Uruguay también pesanu201d, explica el director de Opinión Pública de Opción. u201cLo mismo ocurre entre un Montevideo más progresista y un interior más conservadoru201d.

Pero la encuesta de Opción, realizada a fines de enero, suma una curiosa división: el sexo. Las mujeres, por razones que aún no se pueden determinar, son mucho más proclives que los hombres a conceder a la ocupación el rótulo de derecho de huelga (52% a 34%).

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Esta historia tiene más de un siglo. Incluso es anterior al batllismo y a los tres grandes u201cismosu201d del siglo XX: el fascismo, el comunismo y el liberalismo. Nació con los sindicatos y u201cla falta de reglamentación de las relaciones laboralesu201d, cuenta Juan Manuel Rodríguez, un estudioso del tema. Fue así que se entendió, implícitamente, que u201cla mejor ley es la que no existeu201d.

Esa ausencia de normativa hace que, por más que exista un sindicato en una empresa, otros trabajadores pueden reunirse y armar un sindicato paralelo. O bien que los representantes de los empresarios en las cámaras u201cnunca superan los 200 votos cuando hay unas 100.000 empresas registradas en el censou201d, dice Rodríguez. Aun así, u201cen Uruguay primó la autorregulaciónu201c.

La aparente paz entre ocupantes y ocupados tuvo su fin durante la primera administración del Frente Amplio. Resulta que los empresarios tenían un as debajo de la manga: un decreto que facultaba al Poder Ejecutivo a desalojar la empresa ocupada. Con la llegada de la izquierda al poder, ese decreto se anuló.

Tras esa derogación hubo un vacío: ¿quién interviene? Fue entonces que la Justicia entró en juego. Hay tres interpretaciones de derechos en disputa: el derecho de propiedad del empresario, el derecho a trabajar de los que no ocupan y el derecho de protesta. Y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) u201caduce que los tres son derechosu201d, dice Rodríguez. u201cLa Justicia siempre falló a favor de los empresariosu201d.

Y la modalidad de ocupación, entonces, devino en piquetes fuera del establecimiento. u201cLa Justicia acepta que haya piquetes, pero que sean pacíficos, ¿qué hace que un piquete sea pacífico o no?u201d, pregunta Rodríguez.

Para Fernando Pereira, presidente de la central obrera, el dilema se cae cuando se observa su magnitud: u201cSon unas 40 ocupaciones al año sobre unas 100.000 empresas públicas y privadasu201d. Y, como en el sector público el Ejecutivo puede desalojar, la cifra se reduce en la práctica a la mitad.

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Desde la Cámara de Comercio declinaron hacer comentarios sobre la encuesta u201cporque los datos no son representativos de la situaciónu201d, indicaron.

Sea como sea, la OIT insiste en que el gobierno uruguayo debería modificar algunos aspectos de la ley de negociación colectiva, dándole otro tratamiento a las ocupaciones pero sin lesionar el derecho de huelga. La modificación que propone la ley de urgente consideración, dice un técnico de la organización, u201cva acorde a los señalamientos, pero solo abarca uno de los puntosu201d en este debate que divide a los uruguayos.