PELIGRO SOBRE DOS RUEDAS

Hay 1.257.000 empadronadas; por hora, una moto es denunciada por robo.

La moto es el eslabón más frágil del sistema de transporte uruguayo. Es el medio de locomoción por el que se pierden más vidas en accidentes de tránsito; el vehículo más robado y el más decomisado por la Policía; el más recurrente en los "ajustes de cuentas" callejeros, el menos asegurado del mercado y, no obstante, el que más ha crecido en los últimos 10 años.

A marzo de 2018 había empadronados en todo el país 1.257.605 vehículos de categoría C (que incluye motos, ciclomotores, motonetas, triciclos y cuatriciclos). En 2011, la Unidad de Seguridad Vial (Unasev) informó que había más de 840.000. Dos años más tarde, esta misma dependencia del Poder Ejecutivo, en conferencia de prensa, advertía: "sigue creciendo rápidamente".

En la campaña de seguridad vial "Mayo Amarillo", que está llegando a su fin, la moto fue la protagonista de las presentaciones y advertencias que se hicieron a lo largo y ancho de todo el país; y los jóvenes, por ser los principales usuarios, fueron el foco de los mensajes.

"En diez años, vamos a enterrar a 2.500 jóvenes motociclistas", sentenció Fernando Machado, jefe del Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas, durante el lanzamiento de "Mayo Amarillo". No era una profecía tremendista. Machado recordó que los accidentes de tránsito causan la muerte de un promedio de 250 motociclistas por año en el país.

El año pasado, según el informe estadístico de la Unasev, 217 personas que viajaban en moto murieron por un siniestro de tránsito. La cifra representa casi la mitad de los fallecidos por esta causa. Y los más afectados, según el informe, son los más jóvenes: el 35% tenía entre 15 y 24 años.

Esta alta tasa de mortalidad a menudo eclipsa cifras de miles de jóvenes que sobreviven a esos accidentes pero sufren graves lesiones y secuelas, cuyos costos económicos y sociales superan toda estimación.

No solo adolescentes; también se observa cada vez más niños víctimas de accidentes en motos conducidas por padres y madres.

Una institución que ha advertido este fenómeno es la Fundación Teletón. Desde 2010 a 2014, han constatado un aumento de lesiones encefálicas infantiles adquiridas (LEA) en pacientes que llegan al centro. Dentro de esas lesiones, el traumatismo encéfalo-craneano producto de accidentes de tránsito representa el mayor porcentaje de casos.

"Hemos tenido hasta hoy 134 pacientes atendidos por LEA, de uno a 18 años de edad; 87 de ellos por traumatismo encéfalo-craneano y otros 14 por lesiones de médula", dijo a El País la doctora Ligia Bacchetta, médica adjunta a la dirección técnica de Teletón. "Entre 70 y 80 por ciento de estos casos se deben a siniestros de tránsito; un 40% son por moto, y la mayoría de los pacientes no llevaba casco", afirmó.

A raíz de haber constatado ese aumento de lesiones infantiles adquiridas, la Fundación "creó un equipo conformado por un médico rehabilitador y especialistas en fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, un fonoaudiólogo, un psicólogo, un trabajador social y una maestra especializada, en vista a la futura inclusión del joven en el sistema educativo". Las secuelas que producen estos accidentes afectarán de manera radical las posibilidades de desarrollar una vida normal.

La Fundación Gonzalo Rodríguez —creada por la hermana de "Gonchi" tras la muerte del piloto uruguayo de automovilismo en un accidente en Monterrey, California— también ha llamado la atención sobre la mortalidad de niños y adolescentes en el tránsito por causa de las motos. En un informe que divulgaron en el marco del "Mayo Amarillo", resaltaron que en 2017 fallecieron 18 niños y adolescentes menores de 17 años, tres más que en 2016 y el doble que en 2015.

En los últimos cinco años, el 46,3% de niños y adolescentes fallecidos en siniestros de tránsito se movilizaba en moto.

Un estudio observacional realizado por la Fundación concluyó que más de la mitad de los menores de 12 años viajan sin llegar al posapié. "Existe una errónea percepción del riesgo", indicó Florencia Lambrosquini, investigadora de la Fundación. Aunque Uruguay cuenta con una la ley que prohíbe que los niños sean trasladados en moto hasta que no alcancen el posapié (lo que ocurre entre los 7 y 10 años de edad), "aún existen carencias en cuanto a la fiscalización y a la toma de conciencia por parte de los usuarios de este medio de transporte", aseguró la vocera.

Las motos también son la locomoción preferida en los callejones del delito y el objeto más frecuente de denuncias por hurto.

Al revisar partes policiales que llegaban a los medios de prensa años atrás, plagados de "motochorros" y arrebatadores, se ven ejemplos como este:

"G.A.G.P., uruguayo de 21 años de edad, transitaba por las inmediaciones de Alfonso X el Sabio y Miguel de Unamuno cuando dos desconocidos en moto lo interceptaron con armas de fuego y le exigieron sus vestimentas; tras la negativa le efectuaron varios disparos hiriéndolo en el miembro inferior derecho".

Pero en los últimos meses, los "desconocidos en moto" protagonizan acciones cada vez más violentas: rapiñas a supermercados, redes de cobranza, estaciones de servicio y "ajustes de cuentas", un motivo que explica, según el Ministerio del Interior, más de la mitad de los homicidios de este año.

La movilidad urbana de la delincuencia es causa de que las motos sean los vehículos que más se roban en Uruguay. Según datos divulgados por el Ministerio del Interior, 10.280 birrodados fueron hurtados en 2017. Más de uno por hora.

A su vez, son el medio con menos cobertura de riesgo. Solo 13% de las víctimas tenía contratado un seguro por robo, según datos del BSE y de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras.

Un estudio de la Fiscalía General de la Nación, que analizó el mercado ilegal de vehículos en Montevideo, indica que "la gran mayoría de las motos y motonetas que circulan en la vía pública no coincide con los documentos del tenedor", una situación que los autores califican como de "enorme complejidad". Por ello, el Ministerio del Interior implementó en marzo de 2015 los operativos "Aruera" para controlar y fiscalizar en varios departamentos a los motociclistas que circulan por las rutas.

Aunque El País intentó —sin éxito— obtener del Ministerio los datos actualizados de esos operativos ("Estamos preparando un informe que se divulgará en breve", dijo un responsable de comunicación), se conocieron en su momento los resultados del primer año de implementación. En los primeros 15 meses de operativos de control, se realizaron 28.732 procedimientos en los cuales fueron detenidas en ruta 168.551 motos, y 10.918 fueron incautadas por Policía.

Con partes de birrodados decomisados y almacenados en los depósitos, durante la campaña de "Mayo Amarillo" se montó en plazas públicas del Interior una pirámide de restos de motocicletas, a modo de "intervención urbana", para ilustrar las consecuencias de la siniestralidad vial.

La inseguridad también terminó colándose en esa exhibición. En Durazno, donde se hizo el lanzamiento del "Mayo Amarillo", la intendencia tuvo que retirar de la plaza pública el tótem de motos siniestradas "para evitar saqueos".

Dos semanas después, en Paysandú, donde se realizó una exhibición similar en la Plaza Constitución, la policía detuvo a dos adolescentes, de 16 y 18 años, que habían hurtado partes de los vehículos en exposición. El "Mayo Amarillo" comenzaba a teñirse de rojo.

Los niños, población más vulnerable

La Fundación Gonzalo Rodríguez ha alertado sobre el riesgo al que se somete a los niños cuyos padres o responsables utilizan motos y no respetan la normativa nacional. Un estudio de observación concluyó que la posición que ocupan en mayor medida los menores, delante del conductor, o en tercera y cuarta posición, los deja expuestos a una combinación de factores de riesgo. En los últimos cinco años, el 46,3% de niños y adolescentes fallecidos en siniestros de tránsito se movilizaba en moto, según un estudio divulgado este mes por la Fundación.

"Picadas", pesadilla en rutas del interior

Pocas ciudades del Interior están libres del fenómeno de las "picadas", competencas ilegales de moto que los inspectores no logran frenar. Las intendencias de Durazno, Maldonado, Rocha, Canelones y Montevideo, entre otras, han llevado a cabo operativos y decomisado algunas motos, pero eso no ha sido obstáculo para que las carreras continúen. A veces, con consecuencias fatales para algún competidor. La Ley de Faltas castiga con pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario la participación en "competencias vehiculares no autorizadas".

Una exhibición víctima de saqueos

Con partes de birrodados decomisados y almacenados en los depósitos municipales, durante la campaña de "Mayo Amarillo" se montó en las plazas públicas del Interior una pirámide de restos de motocicletas, a modo de "intervención urbana", para ilustrar las consecuencias de la siniestralidad vial. Pero la inseguridad terminó colándose en esa exhibición. En Durazno, se tuvo que retirar el tótem de motos siniestradas "para evitar saqueos".

En Paysandú, la policía detuvo a dos jóvenes que hurtaron partes de las motos.