LA NUEVA NORMALIDAD

En un mundo apartado considerablemente de lo que era la vida “normal”, la pandemia del COVID-19 ha obligado a muchos a una convivencia forzosa tanto dentro del hogar como con los vecinos, en medio del estrés y la incertidumbre que provoca la crisis y la emergencia sanitaria.

Una de cada cuatro consultas que recibió la Defensoría del Vecino de Montevideo en el primer semestre del año se vincula a temas de convivencia. Según el último informe anual de esta institución de derechos humanos, ello “seguramente se vincula al contexto de restricciones sanitarias impuestas para la contención de la pandemia”. Por el mismo tema, la oficina que dirige María Elena Laurnaga aumentó este año en 75% la mediación comunitaria que ofrece para solucionar problemas de relacionamiento entre vecinos.

“A partir de marzo del presente año con la declaración de la emergencia sanitaria se empezaron a desarrollar nuevas estrategias de intervención, lo que implicó un gran desafío para toda la institución, especialmente para el Área de Mediación. Los problemas de convivencia aumentaron, la gente se encontró con una situación de gran fragilidad y se incrementó la demanda de intervenciones que pudieran moderar el conflicto”, sostiene el informe de la Defensoría del Vecino.

Este documento con formato de rendición de cuentas suele organizarse por año calendario. Sin embargo, debido a la coincidencia con el proceso electoral y a la pandemia, la Defensoría consideró realizar un informe integral del período 2019-2020. El mismo contempla los últimos seis meses de gestión de la anterior titular, Ana Agostino (enero-mayo 2019), y el primer año de la actual (mayo 2019 - junio 2020).

A raíz de la pandemia, los mediadores de la Defensoría del Vecino debieron pensar en nuevas estrategias, ya que los encuentros presenciales, fundamentales a la hora de dirimir diferencias, no podían realizarse. Así, se usaron todas las herramientas que no implicaran un contacto cara a cara. Se apeló al teléfono en sus variantes (videollamada, WhatsApp y mensajería), a la página web y al contacto con varios integrantes de la familia a la vez.

En situaciones de emergencia, que fueron puntuales, se realizaron mediaciones presenciales, tomando los recaudos necesarios de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública.

Los temas de convivencia abarcan asuntos de tipo vecinal, cultural, intercultural (por ejemplo entre personas migrantes y montevideanos), en las más diversas formas: ruidos, mascotas, vivienda y hasta problemas “que pueden constituir verdaderos conflictos públicos”.

Durante 2019 el porcentaje de asuntos ingresados a la Defensoría vinculados a convivencia fue del 23,2%, mientras que en el primer semestre de 2020 ascendió al 29,5%.

Asimismo, considerando todos los temas gestionados a través de técnicas de mediación comunitaria, los casos se triplicaron en este período: durante 2019 el 5,9% de los asuntos ingresados fue abordado con mediación, mientras que en el primer semestre de 2020 ese porcentaje subió al 18,5%.

El informe advierte que algunas de esas situaciones, en caso de no poder solucionarse, se transforman generalmente en conflictos de mayor entidad, quedando las personas enfrentadas y afectando las relaciones personales. “Muchas veces el camino que queda es el de la demanda judicial, con los costos económicos y emocionales que eso implica”, destaca.

El total de asuntos ingresados durante 2019 a la Defensoría del Vecino fue de 1.089. Durante los primeros seis meses de este año, en tanto, fueron 345. Esto permite visualizar que con el marco de la pandemia hubo una reducción de la demanda del 36% en relación al mismo período del año anterior. “Atribuimos esta reducción al contexto de emergencia sanitaria que canceló toda actividad presencial, tanto de atención ciudadana como de difusión de los servicios que la defensoría ofrece”, deduce el informe.

El equipo de mediación de la Defensoría está integrado por dos profesionales formadas para este tipo de acción institucional, a las que se suma un grupo de voluntarios.

El último informe de la Defensoría del Vecino expresa también su preocupación por la situación de los migrantes y las pensiones de inquilinato -regulares e irregulares-, respecto a las cuales la intendencia tuvo que adoptar medidas por la emergencia sanitaria.

Durante la pandemia, la IMM implementó una política de subvención para quienes estaban en riesgo de ser expulsados de las pensiones por falta de pago. Unas 1.050 familias fueron beneficiarias de este subsidio, que luego se dejó de entregar “por no ser sostenible financieramente”.

“Por tanto, el riesgo de desalojo sigue siendo una condición permanente para diversos sectores de población”, destaca la Defensoría del Vecino.

“La población migrante constituye una de las prioridades de la Defensoría en esta etapa. Si bien no se cuenta aún con recursos para abordar un trabajo de inclusión de esta población, se está intentando orientar el estudio anterior a este objetivo”, sostiene el documento.