RESOLUCIÓN DEL CONGRESO DE INTENDENTES

Habrá quita a deudores. Pedidos de Montevideo no fueron contemplados.

Los 19 intendentes estamparon su firma ayer en un plan de regularización de adeudos de Patente, idea a la que hace una semana se oponían el frenteamplista Daniel Martínez (así lo anunció en conferencia de prensa) y el nacionalista Carmelo Vidalín.

Si bien el Congreso de Intendentes podía imponer una resolución por mayoría, que debía darse a conocer luego de la reunión extraordinaria de ayer tras meses de negociaciones y dilaciones, era importante que la decisión se tomara por consenso. ¿Por qué? Por sobre todas las cosas, para no afectar al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), un fideicomiso sólido, que casi no tiene costos operativos (lo manejan menos de diez personas y puede ser operado hasta desde un celular), que administra US$ 500 millones al año y funciona exitosamente como garantía de las intendencias frente al sistema financiero.

En el aspecto político, el acuerdo supuso un revés para el socialista Martínez. En las gateras de una inminente carrera hacia el sillón presidencial, en la que se manejan varios nombres (incluido el suyo), el MPP le torció el brazo al intendente de Montevideo. El jefe comunal de Canelones, Yamandú Orsi, quien pertenece la fuerza liderada por José Mujica, avanzó una casilla al lograr que se aprobara el acuerdo que pretendía. Fue apoyado por el intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, quien por pertenecer a la Vertiente Artiguista se perfilaba más como aliado del intendente de Montevideo.

De todos modos, el proceso igualmente mostró una fractura en el MPP, el cual también integra el jefe comunal de Rocha, Aníbal Pereyra, quien estuvo alineado en la previa con Martínez. Finalmente, Pereyra votó a favor del acuerdo, por lo que Orsi también se impuso en la interna de su sector.

En tiendas blancas y coloradas, los intendentes mantuvieron una postura casi monolítica apoyando el proyecto de quitas, salvo por algunas discrepancias del intendente de Durazno, que hubo que "limar" previamente para poder avanzar en un acuerdo con el Frente Amplio.

Según supo El País, el intendente Martínez pretendía que cada intendencia cobrara 500 multas por mes para confirmar su respaldo a la fiscalización. También quería quedarse con lo recaudado por las multas de Patente aplicadas en Montevideo a los vehículos del Interior; pero estos petitorios no fueron atendidos.

A partir del acuerdo alcanzado ayer (ver detalles en nota aparte), Montevideo también deberá modificar su código tributario. Tanto la capital como Canelones, a diferencia de las comunas del interior, pueden cobrar deudas de hasta 20 años. Maldonado y Paysandú pueden hacerlo por 10 años y el resto solamente por 5, prescribiendo las que se generaron antes de estos plazos. Montevideo va a tener que bajar ahora, por lo menos, a 10 años.

En cuanto a los controles de Patente que hacen las intendencias, el Congreso acordó sumar una fiscalización del Sucive. Según dijeron fuentes del organismo a El País, existe un acuerdo avanzado con el Ministerio de Transporte para utilizar las cámaras instaladas en los peajes (en general todos los automóviles pasan alguna vez por estos puestos carreteros) y vehículos como los que incorporó este año Montevideo, con cámaras en el techo.

El presidente del Congreso de Intendentes, José Luis Falero, dijo que la fiscalización se va a poner en marcha una vez que el plan esté habilitado. "La intención es ya trasladar esto al sistema informático. Una vez que esté en condiciones de ponerse operativo, se va a habilitar un plazo de 60 días para regularizar las deudas", indicó.