DRAMA HABITACIONAL

Fue clausurada, no está registrada y los quieren sacar sin orden de desalojo.

El 30 de enero la Intendencia de Montevideo resolvió -a partir de distintas irregularidades constatadas- la clausura de un pensión ubicada frente por frente a la Seccional 2ª de Policía, en Zelmar Michelini 1173. En ella viven casi 30 personas, en su gran mayoría inmigrantes de origen cubano.

Según esa resolución de clausura, la pensión no contaba “con las habilitaciones requeridas en reiteradas ocasiones (la del Servicio de Contralor de la Edificación, el certificado emitido por la Dirección Nacional de Bomberos y la inscripción ante el Ministerio de Vivienda) ni con las condiciones de conservación, mantenimiento e higiene correspondientes, y no es clara la titularidad actual del lugar”.

En marzo, los inquilinos dejaron de pagar la mensualidad, inconformes con el estado y mantenimiento del lugar y porque “les dejaron de cumplir con determinados servicios”, según informó a El País quien los asesora legalmente.

Cuando llegó el cedulón de clausura a la pensión (fechado el 1° de febrero), comenzó un verdadero calvario para los inmigrantes. Por distintas vías, los dueños de la propiedad les han comunicado que quieren que se vayan, pero los abogados que los defienden advierten que eso no debe ocurrir de no haber una resolución judicial de desalojo.

En las últimas semanas, los inmigrantes han hecho distintas gestiones. También hubo denuncias en la seccional policial de enfrente.

Entre otros lugares, concurrieron al Ministerio de Vivienda. Allí se les comunicó, mediante carta firmada el 12 de marzo por la escribana María Virginia Molina, que “la finca sita en la calle Zelmar Michelini 1173 de esta ciudad, a la fecha, no está inscripta en el Registro de Pensiones a cargo de esta Secretaría de Estado”.

Un grupo de 22 personas que viven en la llamada “Pensión Lugo” recurrió ante el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho. Esta oficina de asistencia legal redactó una carta, fechada el martes de esta semana, en la que advierte que “los huéspedes han sido asesorados respeto de su derecho a permanecer habitando la pensión en la que se encuentran, no pudiendo ser desalojados sino en virtud de una orden expresa de juez competente.

Cualquier otro mecanismo que se utilice pretendiendo la desocupación resulta ilegítimo y dará lugar a las acciones civiles y penales que correspondan”.

El martes pasado, la Intendencia resolvió levantar de forma temporal (por el plazo de un mes) la clausura que había dispuesto el 30 de enero.

La resolución municipal se fundamenta en que hace menos de una semana “los interesados presentaron la documentación y los arreglos en la edificación que habían sido solicitados en las inspecciones”. Aunque aclara que siguen “existiendo algunas deficiencias edilicias, falta de comprobante de limpieza y desinfección de tanques de agua y planos aprobados por la Dirección Nacional de Bomberos con firma técnica responsable que deben ser presentados”.

La comuna aguarda que en el tiempo otorgado de 30 días, un plazo que consideró “prudencial”, los responsables de la pensión puedan subsanar la totalidad de las objeciones.

Actualmente hay un cartel en la fachada de la pensión que advierte que la misma se encuentra “a la venta”.

Tras la clausura dispuesta por la Intendencia, comenzaron las presiones para que los inmigrantes se vayan.

Hace un par de días, recibieron una hoja sin sellos ni firmas que señala que “el contrato de hospedaje en pensiones se extinguirá por la sola voluntad del titular del establecimiento, en el caso del no pago del precio pactado o cuando el huésped incurriera en comportamientos que el reglamento interno sanciona con la expulsión. En los últimos casos bastará probarlo mediante denuncia ante la autoridad policial correspondiente”. Ayer, uno de los inmigrantes cubanos hizo una denuncia en la seccional segunda por una agresión.

La carta que recibieron de la administración agrega que “el titular de la pensión tendrá derecho, además, a perseguir criminalmente al huésped de acuerdo con lo que establece el numeral 9 del artículo 366 del Código Penal”.

Varios inmigrantes que viven allí desde que llegaron a Uruguay, hace algunos meses, dijeron a El País que “están dispuestos a pagar si les dan las condiciones”.