EL MIDES EN CERRO LARGO

Hogares de ancianos trabajan en la ilegalidad

Hay 940 residencias para adultos mayores; solo 18 están habilitadas.

Residenciales. Ahora  el Mides asumirá el control y fiscalización. Foto: Archivo El Pais
Foto: archivo El País

Hay 15 mil adultos mayores que en la actualidad viven en unos 940 hogares y residenciales repartidos en el país. Solo 18 de esos hogares están autorizados para funcionar, mientras que 150 se mantienen en trámite de habilitación.

Aproximadamente 700 de esas casas destinadas a recibir y hospedar a adultos mayores se encuentran en Montevideo y Canelones y las restantes en el interior del país.

El Ministerio de Desarrollo Social, mediante el Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), anunció que buscará los mecanismos para evitar el "abuso económico" del adulto mayor.

"Estos casos se generan cuando se solicitan préstamos en dependencias públicas, siendo los casos más habituales en el BPS (Banco de Previsión Social), con el aval viciado de un vínculo violento detrás, con un gran trabajo de mala fe que hace que el anciano se endeude y que encima ese dinero no sea en beneficio de él mismo sino de terceros. En la mayoría de los casos, los beneficiarios están dentro del propio núcleo familiar o entre los principales responsables de las casas de salud o residenciales", sostuvo la integrante de la división responsable del Instituto Nacional de las Personas Mayores, Sara García.

Técnicos del Mides visitaron la ciudad de Melo luego de constatarse el primer procesamiento con prisión del dueño de un hogar de ancianos por el delito de abandono de personas incapaces. Ese hogar había sido clausurado en varias oportunidades, pero igual seguía abierto.

"Funcionaba sin ningún tipo de regularización, no estaba inscripto en ningún organismo del Estado, no había solicitado habilitación", indicó Marcelo Santa Cruz, director de regulación del Instituto Nacional de las Personas Mayores. Los ancianos tenían préstamos, contaban con ingresos muy menguados y hay varias presunciones de nuevos delitos económicos que se pretende investigar.

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