REGLAMENTAN LEY

El gobierno reglamentó las condiciones de tramitación y costo del certificado de antecedentes judiciales que toda institución pública o privada del área educativa, de la salud o deportiva y las que impliquen trato directo con niños, adolescentes, personas con discapacidad y mayores en situación de dependencia deberán solicitar a las personas a contratar según establece la Ley 19.791.

En el certificado, que el Poder Ejecutivo estableció que será expedido a costo del interesado, se consignará si la persona a ser contratada por instituciones que impliquen trato directo con niños, adolescentes, personas con discapacidad y mayores en situación de dependencia posee o no antecedentes judiciales.

Si la institución requiriera el detalle de los antecedentes de la persona, podrá solicitar una ampliación ante la dependencia que expidió el certificado.

Los delitos que se mencionan en el texto son violación, abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal, corrupción, reducción de personas a la esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso, esclavitud sexual, unión matrimonial o concubinaria forzada o servil y prostitución forzada.

Además, en el articulado se determina que en todo el territorio nacional se gestionará el certificado a solicitud de los interesados en forma presencial, quienes deben exhibir su documento de identidad vigente e indicar el destino.

Quienes se encuentren fuera del país podrán comenzar el trámite mediante un tercero, con copia del documento de identidad legal vigente y una carta poder tipo, con firma certificada por escribano público.

Según datos del Ministerio del Interior, en los primeros nueve meses del año pasado las denuncias por casos de abuso sexual en sus tres tipificaciones -abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado y abuso sexual sin contacto corporal- aumentaron 204% con respecto al mismo período de 2018. Ese año se radicaron 320 denuncias por ese delito, mientras que en 2019 ese número aumentó a 975.

El anteproyecto de ley de urgencia presentado por el Partido Nacional propone incrementar las penas para los delitos relacionados con la violencia sexual especialmente sobre menores.