EL PAÍS EN LA RUTA DEL DELITO

Estiman que es el crimen organizado que mueve más dinero detrás del narcotráfico y la venta de armas. Calculan que es uno de los delitos más antiguos, pero en Uruguay se reconoce como tal recién en el siglo XXI. Consideran que tras cada víctima que es rescatada, hay otras 20 invisibilizadas. La trata de personas está, aunque no se la vea.

En la trata de personas, un delito que según el fiscal de Corte, Jorge Díaz, puede decirse de “lesa humanidad” porque “atenta contra los derechos más básicos”, casi todo son estimaciones, cálculos y consideraciones. Porque, como también dijo ayer el fiscal Díaz, a veces la víctima no se reconoce como víctima, a veces el miedo imposibilita denunciar, y, la mayoría de las veces, “la explotación permanece invisibilizada”.

La Institución Nacional de las Mujeres atendió, el año pasado, a 83 mujeres víctimas de trata. Pero las estimaciones -siguiendo la regla de que solo se detecta un 5%- hablan de más de 1.600 víctimas que habría en Uruguay.

La dueña de una whiskería de Guichón, en Paysandú, había sido comercializada, como un objeto, cuando era joven. Pero no por ello fue noticia. Saltó a los titulares el viernes pasado cuando, ya en su rol de dueña del prostíbulo, había sido formalizada por la Justicia uruguaya como “presunta autora de un delito de trata de personas especialmente agravado por haber puesto en peligro la salud y la integridad física de personas migrantes”. La exvíctima se habría transformado en victimario.

En esta explotación sexual en Guichón -investigación que a la Fiscalía le insumió casi un año desmontar- las víctimas conocidas eran venezolanas, cubanas y dominicanas. Aunque sospechan que hay más.

Ocurre que Uruguay dejó de ser un país solo origen de la trata de personas -aquellas uruguayas que eran explotadas en España e Italia en los 90- y “desde hace unos años” es origen, destino y tránsito de este flagelo.

“Durante muchos años este fenómeno estuvo asociado a las situaciones de pobreza, a las promesas de dinero para que ‘no le falte nada’, pero son muchas las variables en juego”, explicó la fiscal Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos. En este sentido, dijo, “las variables estructurales van cambiando los perfiles y modos del delito”.

Hace una década, por ejemplo, solo se detectaban unas 20 víctimas y en su mayoría (un 80%) eran uruguayas. A partir del 2014, la cifra jamás cayó de las 70 personas (incluso ha superado las 130 atendidas) y más de la mitad son ciudadanas dominicanas o cubanas explotadas en Uruguay.

“Percibimos que el delito ha tomado múltiples formas, que pareciera que en la frontera se ha incrementado, pareciera que, aprovechando la buena reputación del país, se trae a más personas con promesas falsas y eso deriva luego en una explotación sexual y laboral”, señaló Mónica Bottero, directora de Inmujeres.

Pero el delito, como tal, no siempre implica el pase por los límites territoriales. De hecho, un tercio de las víctimas que Inmujeres atendió el último año había sido víctima de trata interna.

“En el interior está habiendo mucho movimiento de chicas a base de cuentos, de promesas que muchas veces tienen a las redes sociales como anzuelo”, explicó.

Y por chicas entran menores de edad, que atiende directamente el INAU, pero también adultas. La cuarta parte es mayor de 35 años.

El Parlamento uruguayo aprobó el año pasado -por unanimidad- la ley de prevención y combate de la trata de personas. Esa normativa hizo que se aceitara el trabajo interinsitucional y que, el próximo mes, se instale el consejo que prevé el texto.

Ese “avance”, reconocieron las autoridades involucradas en un conversatorio realizado ayer en el auditorio del Sodre, podría acelerar la detección de casos. Porque, en eso coincidió el fiscal Díaz y la representación de Cancillería, “lo primero y fundamental es cortar con el circuito de explotación”.