Víctimas de la delincuencia

Recurren a ONG para acceder a vivienda tras usurpación.

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Cinco familias de Montevideo no tuvieron otra opción que recurrir a Techo para acceder a una vivienda luego de tener que abandonar su propio hogar tras recibir amenazas de delincuentes que usurparon sus domicilios.

La organización no gubernamental, Techo (ex Un Techo para Mi País) que construye viviendas solidariamente para personas en situación de pobreza ante casos de "emergencia habitacional", recibió este año cinco solicitudes de familias para acceder a una casa tras ser desplazadas mediante "amenazas o acciones armadas", informaron en Techo a El País.

Este martes, la directora territorial de Techo, Laura Posada, señaló en la presentación de un informe sobre la fragmentación social en Montevideo que realizó el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) que "en menos de seis meses, hemos recibido telefónicamente cinco llamados de solicitudes de vivienda de emergencia como consecuencias de desplazamientos forzados. En otras palabras, familias que debieron abandonar su hogar por amenazas".

Si bien en Techo afirmaron que la información que brindan las familias que piden una vivienda es confidencial, confirmaron a El País que se trataba de personas que residen en los "municipios de la periferia" G y D. Los mismos comprenden los barrios de Colón, Melilla, Piedras Blancas, Casavalle, Borro y Marconi, entre muchos otros. La directora de Comunicación de Techo, Eleonora Mas, explicó a El País que el fenómeno del "desplazamiento forzado es un tema nuevo" para la organización que antes no se registraba. Añadió que también existen casos en los que las personas solicitan una vivienda por encontrarse en situación de calle o por casos de violencia de género. No obstante, en uno u otro caso, si bien todos los llamados que se reciben, se registran y se procesan, Techo no tiene los "recursos" para responder a este tipo de reclamos. "Lo que hacemos es ir concretando todos los datos para que nos quede todo registrado y después hay una persona responsable que es la que toma las decisiones", añadió Mas.

Según indicó Techo a El País, no se realizó la denuncia policial en ninguno de los casos. "Son las familias las que definen si tienen las garantías para hacer la denuncia", señalaron desde la organización. Fuentes del Ministerio del Interior, indicaron a El País que no cuentan con información concreta de los casos y que tras recibir una denuncia y luego de comprobarla, son los fiscales quienes deben autorizar una nueva vivienda para la familia.

Si bien la modalidad de usurpación de vivienda a la fuerza es nueva para Techo, en Uruguay hace años que la Justicia y la Policía siguen estos casos. Ocurre que recién ahora comenzaron las denuncias contra los delincuentes. En 2015, El País informó sobre una serie de amenazas a vecinos en Cerro Norte como consecuencia de una disputa por territorio entre bandas que se dedicaban a la venta de drogas. En julio de este año, El País informó que delincuentes forzaron el desalojo de unas 140 familias en las llamadas "zonas rojas".

En ese momento, la Fiscalía y la Policía investigaban a tres bandas que realizaban extorsiones a vecinos en barrios de la periferia de Montevideo. Una investigación realizada por el fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, y la Dirección de Información Táctica (DIT) desarticuló la banda de "Los Chingas" que extorsionaban a vecinos en el barrio Casavalle.

En enero, El Observador informó sobre la historia de una familia que fue desalojada a la fuerza por una banda de su propia vivienda en Unidad Casavalle. Según la crónica, dos hombres armados irrumpieron en la casa y les dijeron: "Esta casa está vendida, se tienen que ir. Esto ya es mío, vos te tenés que pelar". Mientras la familia se disponía finalmente a salir de su casa, los delincuentes les cantaron "chau, chau, chau, chau, adiós que te vaya bien".

Tras esto, fue el propio presidente Tabaré Vázquez quien resolvió derribar las viviendas del Complejo "Los Palomares" en Casavalle tras un censo, luego de que se supiera que hombres armados desalojaban a familias. La orden ocurrió porque el gobierno confirmó que la mayor parte de los ocupantes no contaban con la documentación necesaria para vivir allí.