RUBIO ABRIÓ EL DEBATE

Buscan sancionar leyes que faciliten el acceso a soluciones habitacionales.

VALERIA GIL

Después de que se aprobara en Diputados el proyecto de vivienda popular, promovido por Unidad Popular, el Frente Amplio apuesta a acelerar la aprobación de una serie de leyes para resolver la situación de deudores del Banco Hipotecario (BHU) y regular el valor de las viviendas de interés social.

El tema se volvió una prioridad para el oficialismo, después de que con el voto del diputado Darío Pérez (Liga Federal) se sancionara la iniciativa redactada por el legislador de Unidad Popular Eduardo Rubio. Ahora, la coalición instalará una comisión interna —integrada por parlamentarios y el Ministerio de Economía— que buscará recursos para destinar al área en la próxima Rendición de Cuentas del Ejecutivo.

En el paquete de leyes que se pretende aprobar están: la solución para 23.000 deudores del BHU, la norma que habilita al Estado a disponer de inmuebles abandonados, la ley que regula el precio de los alquileres y también el valor de los inmuebles que a partir de ahora se incluyan dentro del programa denominado de vivienda de interés social.

"Hoy el tema de vivienda es central. El Frente tomó la definición de armar un grupo de trabajo, tanto a nivel de diputados y senadores como del Ministerio de Economía. Tenemos que dar señales políticas y respuestas, porque si no se nos va a generar un problema importante desde el punto de vista de las contradicciones", dijo a El País el diputado Felipe Carballo (Lista 711).

En su opinión, la bancada debe dar "señales claras" a la gente que adquirió una vivienda, pero hoy no puede pagar la cuota por los denominados colgamentos. El problema reside en que la cuota para algunos de los deudores del BHU se paga en Unidades Reajustables (UR), por lo que aumenta con la evolución salarial y quienes pagan en Unidades Indexadas (UI) lo hacen de acuerdo a la suba de la inflación que es menor.

"El problema más grande que tienen los deudores es que están sin el oxígeno necesario como para hacer frente al problema de la cuota. La misma se le ha encarecido de tal manera y de tal forma que la Unidad reajustable ha crecido más que los salarios y eso ha llevado a que la diferencia llegue en algunos casos a $ 6.000 o $ 7.000 por mes", explicó.

Otro problema son los colgamentos, por los cuales a los deudores se le ofreció la posibilidad de pagar parte de la cuota diferida al final. "En algunos casos le aumentaron el interés hasta casi el doble y prácticamente se duplicó la deuda. Hay deudores que tomaron un préstamo de US$ 50.000 a pagar en 25 años y hoy no solo pagaron eso sino que están debiendo US$ 200.000 más", comentó el diputado de la Lista 711.

Carballo presentó un proyecto de ley para que todos los deudores que pagan en UR pasen a hacerlo en UI y que el costo de los trámites administrativos corra por parte del BHU. Lo otro que plantea la iniciativa es la eliminación de los colgamentos, así como los intereses, multas y recargos de los clientes que no pudieron cumplir en tiempo y forma con la cuota en el período de crisis. Este es el único proyecto del Frente para atender a los deudores del BHU, aunque hay otras iniciativas de la oposición.

Los que plantearon su preocupación por el tema fueron los diputados del interior del Movimiento de Participación Popular. En una nota firmada por Manuela Mutti, Carlos Rodríguez (Florida), Walter De León (San José), Martín Tierno (Durazno), Cecilia Bottino (Paysandú), Javier Umpiérrez (Lavalleja), Mercedes Santalla (Colonia) y Alfredo Fratti (Cerro Largo) se solicitaba habilitar el diálogo para alcanzar una solución para los deudores del BHU. La presidenta del Banco Ana Salveraglio aseguró que habrá una respuesta a deudores en UR pero recordó que la institución "debe ser solvente". Además se anunció un conjunto de medidas para facilitar el acceso a créditos con intereses menores.

La otra norma que nunca se aprobó fue la que permitía el uso de viviendas abandonadas que había sido redactada en el período legislativo pasado por el diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti. Tomando como base esta propuesta, el Ministerio de Vivienda remitió al Parlamento —en diciembre de 2017— un proyecto para poder disponer de viviendas que tengan 24 meses de abandono. En ese caso, se habilita la venta por acción judicial.

Por su parte, el diputado comunista Gerardo Núñez presentó hace más de un año un proyecto de ley para topear el precio de los alquileres. La iniciativa será reimpulsada en el marco de la comisión interna que se conformó a nivel del oficialismo. "La idea es que la vivienda tenga una expresión en la Rendición de Cuentas por medio de los proyectos que se consideran importantes para avanzar", dijo Núñez a El País.

Como ejemplo citó la regulación del precio de los alquileres, el de inmuebles abandonados y los deudores del BHU. Su proyecto supone topear los alquileres en función del valor catastral de la vivienda y actualizar el catastro. En ningún caso el valor del alquiler podrá superar el 4% mensual anualizado del valor del catastro.

Por otro lado, el Partido Comunista trabaja en la redacción de otra iniciativa que supone limitar las exoneraciones de vivienda de interés social. Como el Estado no puede decretar un tope de precio, se plantea regular —en acuerdo con los sectores inmobiliarios— un precio máximo de vivienda para poder recibir el subsidio estatal.

"En la mayoría de los casos no hay regulación. Todo lo que se dijo en el 2011 de que iban a bajar los precios un 20% no se cumplió. No solo que no bajaron, sino que continuaron subiendo", opinó Núñez acerca de la aplicación de la ley de vivienda de interés social.

La idea toma como ejemplo la regulación ya existente en otras áreas como el transporte o los alimentos. Esta política se podría aplicar en todas las nuevas construcciones, no en las que ya están realizadas.

Dentro del oficialismo, se plantean otras modificaciones en la política de vivienda a futuro. En opinión de Carballo no se debería tener en cuenta a la hora de otorgar un préstamo el informe del clearing y tampoco el ahorro previo.

Carballo cuestiona que se utilicen parámetros de empresas privadas, como lo es el clearing de informes, para negar la posibilidad de que una persona se presente a un llamado de vivienda.

La ministra de Vivienda Eneida De León pidió más recursos para su cartera en una reciente reunión con la bancada del Frente Amplio. Según dijo, el nivel de ejecución de las políticas es alto y si no se construyen más viviendas es por falta de presupuesto. El pedido de la ministra se hizo en el marco del análisis del proyecto de ley de vivienda popular presentado por el diputado Eduardo Rubio. Uno de los aspectos que más se cuestionó de la iniciativa de Unidad Popular era la falta de financiamiento, ya que planteaba que los recursos salieran de Rentas Generales. Desde la bancada oficialista se tildó la iniciativa de "demagógica" al entender que no hay recursos para ejecutarla.

En el Senado, la norma no tiene los votos suficientes para ser aprobada.

Diputado Felipe Carballo (Lista 711)

Deudores del BHU

La iniciativa presentada por el diputado de la Lista 711 plantea que unos 23.000 deudores del BHU que pagan sus cuotas en Unidades Reajustables pasen a hacerlo en Unidades Indexadas. El costo de los trámites administrativos deberá correr por parte del BHU y no de los ahorristas. También plantea la eliminación de los colgamentos y el acceso de los beneficiarios a planes de subsidios de cuota.

Ministerio de Vivienda

Inmuebles abandonados

El objetivo es otorgarle un uso social a los inmuebles que tienen más de 24 meses de abandono, pudiendo ser adquiridos por particulares o por el Estado para ejecutar las políticas públicas de vivienda.

En los casos en que las inspecciones técnicas declaren al inmueble urbano vacío y degradado, se otorgará un plazo al propietario para ocuparse de la rehabilitación del mismo.

Diputado Gerardo Núñez (PCU)

Tope para los alquileres

La iniciativa contiene cuatro puntos: topear el precio de los alquileres, ampliar el actual sistema de garantías, diseñar un proyecto de asistencia al pago de alquiler a hogares de bajos recursos y establecer multas a los propietarios de viviendas deshabitadas. El tope al precio del alquiler se fijaría en función del valor catastral del inmueble y no del precio comercial del mismo.