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Extransportistas demandan a la IMM y a trabajadores

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Protesta de trabajadores de Raincoop frente a la Intendencia de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto (Archivo)

FONDO SOLIDARIO

A tres años del cierre de Raincoop, culpan al exintendente Daniel Martínez.

El jueves se cumplieron tres años del cierre de la cooperativa Raincoop y los coletazos de ese hecho histórico continúan.

Un grupo que representa a 103 extrabajadores estuvo en el Parlamento para informar sobre una demanda en curso contra la Intendencia de Montevideo y 337 guardas y choferes que fueron absorbidos por Cutcsa, Coetc y Ucot ¿El motivo? Un Fondo de Solidaridad que nunca se constituyó, creado por el exintendente Daniel Martínez para compensar a los que se jubilaron. Y que debía constituirse con aportes salariales de quienes siguieron trabajando para otras compañías.

“Ese fondo se iba a constituir con un aporte realizado durante cuarenta y ocho meses por todos aquellos compañeros a quienes les tocaba en suerte trabajar en Coetc y Ucot. Se estableció un monto fijo, que no se ajustaba: $ 3.000”, explicó a la Comisión de Transporte de Diputados el exdirigente de la cooperativa, Luis Figarola.

“Esta medida permitiría un resarcimiento económico para los compañeros que fueron a Cutcsa y mantenían su calidad de trabajadores, pero no de cooperativistas y, fundamentalmente, para los 63 compañeros que perdían su fuente laboral en forma definitiva y, también, su condición de cooperativista”, agregó.

Una resolución de la Intendencia del 13 de junio de 2016 decretó el cese de la cooperativa, que arrastraba desde hacía años problemas financieros. En su punto 7, esa resolución establece que la IMM “velará por el cumplimiento, por parte de las empresas Coetc, Cutcsa y Ucot, de los eventuales acuerdos que en Raincoop se generen, que impliquen retenciones salariales a los trabajadores que a ellas se integren, a los efectos de la creación de un fondo de solidaridad”.

La resolución fue firmada por el entonces intendente y hoy precandidato presidencial Daniel Martínez. “Se podrán imaginar que para nosotros era una garantía. ¿Quién iba a pensar que esto no se iba a cumplir?”, se preguntó Figarola.

La "demanda" final

Un grupo de 103 extrabajadores perjudicados inició lo que jurídicamente se conoce como una diligencia preparatoria, para que alguien buscara algún tipo de acercamiento que permitiera que, finalmente, se constituyera el Fondo de Solidaridad.

“Lo hicimos con tranquilidad, porque sabíamos que el gremio de Ascot estaba totalmente de acuerdo, ya que fue el que mocionó esta iniciativa en la asamblea de socios. No lo logramos. Esa diligencia preparatoria fue contra 338 excompañeros y este año, definitivamente, encaramos lo que se llamaría la demanda final con el agregado de que en esta instancia sí metimos en la bolsa a la Intendencia de Montevideo, que para nosotros, hoy por hoy, es la mayor responsable de la falta de cumplimiento”, indicó.

“El ingeniero Daniel Martínez nos engañó en nuestra buena fe al establecer el punto 7” de la resolución, agregó el exdirigente de Raincoop.

En la demanda de los 103 extrabajadores de la cooperativa también se involucra al Ministerio de Transporte.

“Citamos a las personas fundamentales en este operativo, entre ellos por supuesto al ingeniero Daniel Martínez; al ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y a Máximo Oleaurre, que fue director de Tránsito de la Intendencia de Montevideo; tenemos notas firmadas por él en las que, entre otros acuerdos, uno clave era este para que Raincoop cerrara como cerró”, precisó Figarola.

“No nos corresponde hacernos cargo”

El exdirigente sindical de Raincoop (hoy empleado de otra compañía de transporte) Marcelo Quintas es uno de los 337 trabajadores demandados por no aportar al fondo solidario creado por la Intendencia de Montevideo.

Quintas dijo ayer a El País que “no le corresponde” a este conjunto de exempleados de Raincoop hacerse cargo del Fondo de Solidaridad. Y también apuntó sus dardos al hoy precandidato del Frente Amplio Daniel Martínez: “Hubo un abuso de funciones del ahora exintendente. Raincoop fue la Pluna de Martínez. La responsable fue su administración”, sentenció.

Quintas señaló que el Fondo de Solidaridad “no se ajusta a Derecho” y que esto fue denunciado “ante la Comisión de Transporte de Diputados y del Senado, así como en las comisiones de Diputados de Legislación Laboral, de Cooperativismo y de Financiamiento de los Partidos Políticos”. En este último caso -explicó- por el “favoritismo” que existió con la empresa Cutcsa “y su presidente Juan Salgado” para adjudicarle las líneas que tenía Raincoop.

“No tiene sustento jurídico el acuerdo que promovió la Intendencia, estableciendo en un artículo del decreto de cierre de la cooperativa la formación del Fondo de Solidaridad. La Intendencia hace una reestructura y pretende que los trabajadores seamos solidarios con nuestro bolsillo”, protestó. El extrabajador de Raincoop dijo además que ese acuerdo “viola la ley 18.407 del sistema cooperativo en varios artículos”.

beneficiadas

El fondo lo deberían pagar las empresas

El diputado Juan José Olaizola, miembro de la Comisión de Transporte de la Cámara Baja, dijo a El País que la Intendencia debería haber exigido a las empresas que fueron beneficiadas al hacerse cargo de las líneas que tenía Raincoop “que asumieran el costo del Fondo de Solidaridad” para los extrabajadores.

“Está claro que hay un incumplimiento del compromiso que se firmó el 13 de junio de 2016. Hay una resolución de la Intendencia de Montevideo en donde dice, en su punto 7, que la administración velará por el cumplimento de parte de las empresas Coetc, Cutcsa y Ucot de los eventuales acuerdos que sobre Raincoop se generen y que impliquen retenciones salariales en las empresas a las que se integren los trabajadores, a efectos de la creación de un Fondo de Solidaridad”, indicó el diputado de la lista 404 del Partido Nacional.

“Acá hay incumplimiento claro de Daniel Martínez, que era el intendente en ejercicio en ese momento. Y que hoy hace que los trabajadores les hayan iniciado a sus excompañeros un juicio, al igual que a la Intendencia.

“Nunca entendí por qué no se les pidió una contrapartida a las empresas”, destacó.

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