INTIMADOS POR LA INTENDENCIA

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Luego de varias idas y venidas, en un expediente iniciado hace más de diez años, la Intendencia de Montevideo envió un cedulón de desalojo a la ONG “Seamos”, que da solución habitacional y capacitación a personas con discapacidades intelectuales.

Según la resolución municipal a la cual accedió El País, en este hogar ubicado en Valladolid y Diego Cardozo (Jacinto Vera) se cobra una alquiler por pieza “que ronda entre los $ 5.000 y $ 8.000 por persona”. La IMM también dice que allí “no funcionaría ningún proyecto tendiente a la rehabilitación de personas en situación de vulnerabilidad social” y que “dicha asociación estaría lucrando”.

Pero quienes viven en este sitio, y los responsables del proyecto, no comparten lo que sostiene la Intendencia.

El psicólogo Andrés Varela, representante de la directiva de la ONG y tallerista de música en el hogar, dijo a El País que se habla del cobro de un alquiler (lo cual no está permitido) “con mala intención”.

Indicó que hay personas que reciben una pensión del BPS por discapacidad o tienen algún tipo de respaldo familiar que les permite aportar dinero para el mantenimiento y funcionamiento del hogar, lo cual demanda “entre $ 40.000 y $ 50.000 al mes”. Actualmente hay solo cuatro personas en la vivienda, que también se solventa gracias a donaciones, aunque muy pocas veces son de dinero. Quienes allí viven mantienen, además, una huerta. Y venden plantas y paltas.

“Es una ridiculez decir que nosotros cobramos alquiler. En ese hogar vive gente con patologías psiquiátricas como esquizofrenia o retardo mental. También algunos egresados de Aldeas Infantiles (que cumplieron 18 años y continuaron la asistencia aquí)”, indicó Varela.

El psicólogo dijo que concurrió una inspección del Municipio C “sin avisar” y entrevistó a personas “que tienen discapacidades y trastornos mentales”, elaborando un informe que fue tomado como insumo para decidir finalmente el desalojo.

“El dinero va para el pago del mantenimiento de la casa, la comida y esas cuestiones. También se invierte en pagar viáticos a talleristas, que dan por ejemplo clases de huerta, de música o de yoga. Además, hay una persona que va unas horas, todos los días, y que los ayuda a levantarse, organizarse, comprar la comida o cocinarla”, agregó Varela.

Mediante una resolución municipal de febrero de 2003, se dispuso dejar sin efecto una concesión que funcionaba en este inmueble, estableciéndose que el mismo se otorgaría en custodia a la ONG “Seamos” (Asociación Uruguaya de Rehabilitación y Recursos Laborales) que trabaja con personas con padecimientos psíquicos crónicos, lo cual se concretó en julio de 2004.

Pero siete años después se dispuso dejar sin efecto la resolución, intimándose a la ONG a que entregara el inmueble en un plazo de 30 días, y encomendándose al Servicio de Actividades Contenciosas de la comuna el inicio de acciones judiciales tendientes a su recuperación por “incumplimiento”.

Según admite la IMM en el expediente, “lo dispuesto por dicha resolución, por diferentes circunstancias nunca fue llevado a cabo, continuando la ONG ‘Seamos’ ocupando el terreno hasta la actualidad”.

Fue en 2018 que, a pedido de la alcaldesa del Municipio C, Susana Rodríguez, profesionales del Área Social del CCZ 3 fueron al lugar “a fin de conocer y relevar el proyecto social existente”, elaborando “un acabado informe sobre la situación, relevando y entrevistando una por una las personas que allí se encontraban y habitan en la finca, de lo cual surge que todos los residentes abonan un alquiler”.