INTIMADOS POR LA INTENDENCIA

Enfrentar la amenaza de un cedulón de desalojo

La ONG “Seamos” para discapacitados intelectuales debe abandonar su casa tras largo litigio con la Intendencia de Montevideo.

ONG “Seamos”
ONG “Seamos”

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Luego de varias idas y venidas, en un expediente iniciado hace más de diez años, la Intendencia de Montevideo envió un cedulón de desalojo a la ONG “Seamos”, que da solución habitacional y capacitación a personas con discapacidades intelectuales.

Según la resolución municipal a la cual accedió El País, en este hogar ubicado en Valladolid y Diego Cardozo (Jacinto Vera) se cobra una alquiler por pieza “que ronda entre los $ 5.000 y $ 8.000 por persona”. La IMM también dice que allí “no funcionaría ningún proyecto tendiente a la rehabilitación de personas en situación de vulnerabilidad social” y que “dicha asociación estaría lucrando”.

Pero quienes viven en este sitio, y los responsables del proyecto, no comparten lo que sostiene la Intendencia.

El psicólogo Andrés Varela, representante de la directiva de la ONG y tallerista de música en el hogar, dijo a El País que se habla del cobro de un alquiler (lo cual no está permitido) “con mala intención”.

Indicó que hay personas que reciben una pensión del BPS por discapacidad o tienen algún tipo de respaldo familiar que les permite aportar dinero para el mantenimiento y funcionamiento del hogar, lo cual demanda “entre $ 40.000 y $ 50.000 al mes”. Actualmente hay solo cuatro personas en la vivienda, que también se solventa gracias a donaciones, aunque muy pocas veces son de dinero. Quienes allí viven mantienen, además, una huerta. Y venden plantas y paltas.

“Es una ridiculez decir que nosotros cobramos alquiler. En ese hogar vive gente con patologías psiquiátricas como esquizofrenia o retardo mental. También algunos egresados de Aldeas Infantiles (que cumplieron 18 años y continuaron la asistencia aquí)”, indicó Varela.

ONG “Seamos”
ONG “Seamos”

El psicólogo dijo que concurrió una inspección del Municipio C “sin avisar” y entrevistó a personas “que tienen discapacidades y trastornos mentales”, elaborando un informe que fue tomado como insumo para decidir finalmente el desalojo.

“El dinero va para el pago del mantenimiento de la casa, la comida y esas cuestiones. También se invierte en pagar viáticos a talleristas, que dan por ejemplo clases de huerta, de música o de yoga. Además, hay una persona que va unas horas, todos los días, y que los ayuda a levantarse, organizarse, comprar la comida o cocinarla”, agregó Varela.

Un viejo expediente

Mediante una resolución municipal de febrero de 2003, se dispuso dejar sin efecto una concesión que funcionaba en este inmueble, estableciéndose que el mismo se otorgaría en custodia a la ONG “Seamos” (Asociación Uruguaya de Rehabilitación y Recursos Laborales) que trabaja con personas con padecimientos psíquicos crónicos, lo cual se concretó en julio de 2004.

Pero siete años después se dispuso dejar sin efecto la resolución, intimándose a la ONG a que entregara el inmueble en un plazo de 30 días, y encomendándose al Servicio de Actividades Contenciosas de la comuna el inicio de acciones judiciales tendientes a su recuperación por “incumplimiento”.

Según admite la IMM en el expediente, “lo dispuesto por dicha resolución, por diferentes circunstancias nunca fue llevado a cabo, continuando la ONG ‘Seamos’ ocupando el terreno hasta la actualidad”.

Fue en 2018 que, a pedido de la alcaldesa del Municipio C, Susana Rodríguez, profesionales del Área Social del CCZ 3 fueron al lugar “a fin de conocer y relevar el proyecto social existente”, elaborando “un acabado informe sobre la situación, relevando y entrevistando una por una las personas que allí se encontraban y habitan en la finca, de lo cual surge que todos los residentes abonan un alquiler”.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados