JOSÉ CLASTORNIK

"La digitalización es una política de Estado implícita"

El director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic) José Clastornik destacó que Uruguay se haya podido integrar al selecto grupo de países que todos reconocen como líderes en el gobierno digital.

José Clastornik. Foto: Ariel Colmegna
José Clastornik. Foto: Ariel Colmegna

José Clastornik es lo más parecido al maestro Óscar Tabárez que tiene la Administración Central. Aunque él piensa que la comparación le queda grande, son demasiadas las coincidencias. Ambos dirigen procesos que dieron sus frutos, asumieron su actual cargo en 2006 y no lo han dejado desde entonces y, cada uno en lo suyo, trascienden los objetivos cortoplacistas; Tabárez yendo más allá que de Mundial en Mundial y Clastornik manteniendo su proyecto a pesar de los tiempos electorales.

Lo que une a estos dos directores es el éxito, porque sus actividades no podrían estar en polos más opuestos. Mientras el talento de Tabárez recae en manejar un equipo de fútbol, el de Clastornik se basa en liderar un grupo de ingenieros y técnicos de la Agencia de Gobierno Electrónico (Agesic) que trabajan en proyectos tan abstractos como la seguridad de los datos que se alojan en nubes que nadie ve o en la creación de embajadas virtuales.

Y aunque los triunfos en el campo de la digitalización cosechan bastante menos elogios que el fútbol, a comienzos de este 2018 el proyecto que dirige Clastornik logró el equivalente a ser finalista en un Mundial: Uruguay ingresó al D7, la elite de siete países que lideran en gobierno digital.

—¿Qué significa ser líder?

—Lo que hace a un país líder es tener iniciativas de referencia o que esté liderando en varios indicadores durante varios años. Un país digital tiene buena conectividad en calidad, precio y equidad. Implica un uso adecuado de internet sin distinción de sexo, edad, contexto económico o zona geográfica. A eso se le agrega un gobierno electrónico, que esté pensando en el procesamiento y análisis de datos. Un Estado que, por ejemplo, tenga a sus trámites en línea y sepa qué hacer con la información.

—¿Cómo impacta en el ciudadano?

—Hay cosas que el ciudadano ve y otras que no. Puede percibir que en Uruguay la conectividad es mejor, más estable y rápida que en otros países. Puede tener más trámites en línea que la media o bien a los empresarios se les abaratan los costos porque muchos trámites están encadenados y no hay que ir merodeando oficina por oficina. Pero hay aspectos detrás, menos visibles, que también hacen al liderazgo digital.

—¿Un ejemplo?

—El trámite de denuncia policial puede ser tan sencillo como completar un formulario online sobre dónde ocurrió un accidente de tránsito. Pero si escarbamos un poco más, esa denuncia puede interactuar con la flota de vehículos; puede requerir una firma electrónica del denunciante; puede saberse la georreferenciación; puede hacerse un mapa de calor sobre en qué esquinas ocurren más siniestros; puede saberse si los autos están asegurados o si tuvieron multas previas; puede darse información a los servicios médicos que están yendo a asistir o bien a la Fiscalía ante un juicio. Todo queda en bases de datos para tomar decisiones o que la academia y la sociedad civil —como la Fundación Gonzalo Rodríguez— puedan hacer sus análisis.

—¿Qué beneficios tiene integrar el D7?

—Discutir las buenas prácticas con quienes están haciendo punta en el mundo es inigualable. Canadá está invirtiendo US$ 2.000 millones en inteligencia artificial. Uruguay no está siquiera en la capacidad de discutir presupuestos de este tipo, pero al estar cerca puede obtener el conocimiento o saber dónde invertir. Con Estonia, por ejemplo, estamos intentando una integración. La idea es que la cédula electrónica tenga validez en uno y otro país, para facilitar los trámites. También con Brasil estamos en eso. Y otra ventaja (menos clara pero revolucionaria) es compartir espacio, como embajadas digitales. Eso te permite reasegurar tu información digital depositándola en el "territorio" de otro país (le sucede a Estonia ante la amenaza de ataques informáticos de Rusia).

—¿Cómo ingresó Uruguay al D7?

—El D7 es una ampliación del D5, los cinco países que todos reconocíamos como líderes en gobierno digital. Eran Estonia, Inglaterra, Corea del Sur, Nueva Zelanda e Israel. No tiene que ver con el tamaño de los países sino con el grado de avance y conocimiento. Hicieron un análisis de países para incorporar y fue así que abrieron a dos nuevos Estados: Canadá y Uruguay. Es para hablar a la par. Uruguay ya estaba liderando en los indicadores regionales de América Latina. Pero, muchas veces, aparecen publicaciones internacionales en que está liderando determinado país y Uruguay no está. Sucede que a veces te toman algunos países y no te incorporan todos para esa medición. Entre pares, Uruguay ya es reconocido, no así entre muchos investigadores independientes.

—¿Hay un error en la comunicación de estos logros? Pareciera que son más importantes los datos de un colono...

—No voy a hablar por los demás. En Agesic somos un poco ingenieros para comunicar. Nos sumergimos en uno y otro proyecto y, a lo mejor, no comunicamos bien. También sucede que estos temas son súper abstractos y necesita un tiempo para que el ciudadano entienda la importancia. Una amiga siempre me embroma: "Todavía no sé a qué te dedicás".

—Si hay inequidad en acceso a algunos servicios, ¿por qué el énfasis en la brecha digital?

—Un esfuerzo no se anula con otro. Nosotros, como Agesic, trabajamos en esta área. En el mediano y corto plazo toda actividad tendrá un componente digital. De hecho la palabra digital se dejará de usar porque ya estará incorporada. Y, en este sentido, no se puede pensar en un país en que unos tienen acceso a internet y a sus prestaciones, y otros quedan afuera.

—Reitero: ¿a qué podemos apostar como país hacia 2025?

—Las agendas digitales nos sirven para eso. Ahora hicimos la evaluación de la agenda 2020 y venimos casi todo en color verde (que significa que estamos con grandes chances de alcanzar la meta) o con azul (que ya se alcanzó). Hay algunos amarillos y apenas tres rojos en 56 metas.

—¿Cuáles?

—Vinculadas a cuestiones operativas a la interna de algunos ministerios. Pero lo importante hacia 2025 es acordar una nueva agenda digital y respetarla independientemente de quién esté en el gobierno. Que sea una política de Estado. La digitalización es una política de Estado implícita. Sucede en los hechos: casi todas las leyes del marco jurídico salen por consenso o por voto unánime.

—¿Qué tendría que tener esa agenda para el próximo quinquenio?

—Hay cosas que no están escritas, pero van a salir. Una son las cadenas de bloques distribuidas; es la base tecnológica que sustenta la criptomoneda. Es una tecnología que te da certeza en los registros, la seguridad y que al compartir la información sea compatible.

—Sin el crecimiento económico que tuvo Uruguay, ¿era imposible haber apostado a esta agenda digital?

—No es cuestión de dinero, sino de convencimiento. Más allá de la comunicación, hay cuestiones de accesibilidad, usabilidad y ciberseguridad. Cuando a una oficina pública se le recorta el presupuesto, por decantación empieza a cortar también las inversiones en estas cuestiones. Es entonces que una personas con discapacidad visual, por ejemplo, no encuentra accesible el sitio web o el trámite en línea.

—¿Cómo hacer que este shock digital pueda, por ejemplo, duplicar el PIB?

—Si lo único que vendés es el valor hora de la persona, con una población estable es bastante estable lo que podés vender. Tenés que agregarle valor, y la única manera son estos cambios.

"Un usuario no soporta que un sitio web se haya caído"

—¿Con qué se han encontrado intentado digitalizar a la Administración Central?

—Nuestro objetivo es innovar. Eso significa asociarlo a la gestión del cambio. Todo cambio genera resistencia y, por tanto, es parte del proceso gestionar el cambio.

—¿Hay resistencia asociada a la pérdida de puestos de trabajo por la automatización?

—Nuestra óptica es mejorar la calidad de los servicios con la misma cantidad de gente, no estamos pensando en reducir el empleo. Puede que hoy una oficina pública te atienda en el mostrador de 9 a 17 horas. En internet puedo lograr que sea las 24 horas, los 365 días del año. Hay que hacer que todo esté disponible a la hora que el ciudadano lo requiere. Un usuario no soporta que un sitio web esté caído o que dejó de funcionar por un ataque informático.

—Usted es uno de los jerarcas de la Administración Central que lleva más tiempo en el cargo (12 años). ¿Cuán importante ha sido esta permanencia para el logro de objetivos?

—Cierto grado de permanencia es importante. Estamos trabajando mucho a nivel regional y uno de los temas que hemos analizado es la continuidad. Eso no significa una permanencia demasiado larga, porque la renovación también es buena. Pero está claro que uno de los problemas estructurales en varios países de la región es la permanente rotación; países en que los líderes apenas duran uno o dos años.

—¿Eso significa pensar que, con mirada a mediano plazo, es más efectivo para un jubilado un smartphone que una tablet?

—Es probable. Aunque también puede que mañana haya otra tecnología. El gran desafío es estar siempre alerta. Siempre estar caminando hacia un horizonte que está en constante cambio. Y, en lo posible, ir caminando hacia ese horizonte con la suficiente capacidad de adelantarse a la próxima jugada.

"Se podrá autenticar la firma con una aplicación"

El titular de la agencia para el conocimiento José Clastornik respondió sobre cuál sería una buena apuesta hacia 2025, luego de fijarse la meta de contar con el 100% de los trámites de la Administración Central en línea como objetivo para 2020.

"Hay dos actividades que la gente hace con la cédula electrónica: una es autenticarse (como cuando uno accede a Gmail o Facebook) y otra es firmar digitalmente. Se está avanzando en la seguridad de esa identidad para que este año el ciudadano se pueda autenticar con una App. Con eso entrás a un sitio del Estado, podés hacer transacciones, trámites y seguir navegando en el Estado", explicó.

Luego se le preguntó si eso no implica un un aparato para leer el chip de la cédula, a lo que respondió: "esa es la dificultad. Aunque es algo muy simple, estilo una conexión USB. La facilitad de tener una App es evitar ese aparato y que sirva para trabajar directo en una tablet o un smarthphone. Esa App va a ser paga". Y a continuación se le interrogó por qué paga. Clastornik explicó que eso "tiene que ver con cómo aplicar el proceso, con que el acceso sea gradual. Hoy, por ejemplo, estamos despapelizando todo el Estado. No podemos hacer que de un día para el otro todo sea expedientes electrónicos. Esto siempre tiene un impacto en el ciudadano, por ejemplo en ahorrar dinero, en optimizar los tiempos y el servicio. El verdadero beneficio para el ciudadano es que el trámite se elimine y no solo que pase a ser en línea".

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