MANEJO IRREGULAR DE FONDOS

Entre 2016 y 2018, 20 familias cuidadoras se dirigieron cada mes a la tesorería del INAU, en la calle Fernández Crespo, o a alguna sucursal del Banco República, a cobrar por una remuneración que no les correspondía pero que, sin embargo, el instituto les estuvo entregando.

Quienes percibieron erróneamente el dinero fueron parte del régimen de acogimiento familiar que funciona hace años para el cuidado de niños desvinculados de sus padres, y que ahora está en vías de extinción. De hecho, 12 de esas 20 cuidadoras siguen vinculadas actualmente al INAU.

Un informe de la división jurídica del instituto concluyó que, en total, el pago indebido asciende a $ 6,5 millones. En un caso, una cuidadora cobró $ 1,5 millones durante más de dos años sin tener niños a cargo.

Esta historia forma parte de un largo expediente que llegó a manos del actual directorio días atrás, y que motivó que el miércoles se tomara la decisión de realizar una auditoría contable y una investigación administrativa, “a modo de determinar o comprobar la existencia de actos y hechos irregulares o ilícitos” y la “individualización de los responsables”, de acuerdo con el texto de la resolución a la que accedió El País.

Sin embargo, el hallazgo no es nuevo. Fue denunciado internamente por escrito a fines de 2018, solo que recién se procedió a investigar en febrero de 2020. El presidente del INAU, Pablo Abdala, señaló que se intentará esclarecer por qué.

“Lo inexplicable de todo esto -dice Abdala a El País- es que no es que fallaron los controles, sino que quienes estaban a cargo de los mismos en apariencia dejaron que los hechos transcurrieran y no tramitaron la denuncia”.

El Departamento de Contralor Jurídico Financiero Contable detectó en diciembre de 2018 que había “adeudos” desde 2016 en varias unidades de acogimiento familiar. En enero de 2019 dio a conocer esta situación y se dispuso que cesara el pago a las familias que estaban cobrando en forma indebida, dijo Abdala.

El área programática en cuestión, específicamente el Programa Familias y Cuidados Parentales, aportó la información sobre lo que ocurría “un año después”, relata la resolución, y además se enfocó en Familias Amigas, programa que se creó para sustituir al anterior. Cuando la asesora de jurídica interviniente rastreó el expediente en cuestión, se encontró con que se había archivado sin actuación alguna.

Para ese entonces, abril de 2019, la asesora “se agravió del tiempo transcurrido” y la Subdirección General Programática “solicitó rápido diligenciamiento”. Sin embargo, la respuesta llegó recién en enero de 2020.

A juicio del actual directorio del INAU, “la Subdirección General Programática conocía el hecho y admitió que el tiempo transcurriera sin solicitar rápido diligenciamiento, teniendo en cuenta la temática dada a conocer, que refiere a fondos del Estado que se deben resguardar y cuidar”.

Recién en febrero de 2020, en plena transición por el cambio de gobierno, la Dirección General dio conocimiento al directorio (anterior), que lo derivó a la división jurídica para que hiciera un informe.

“Ahí es jurídica que empieza a indagar”, dijo Abdala a El País. Antes de eso “hubo mandos medios que dispusieron que cesaran los pagos pero no procesaron la denuncia, y aparentemente ni comunicaron al directorio. Hay una evidente y llamativa negligencia y omisión. Uno puede admitir cierta demora, pero no de 14 meses”, agregó el jerarca.

Atento a las recomendaciones de jurídica, el directorio que preside Abdala resolvió varias acciones.

Por un lado, instruir una investigación administrativa en la Subdirección General Programática y las direcciones departamentales que hayan tenido algún vínculo con los hechos denunciados. Esta estará a cargo de la división jurídica. Por otro lado, se decidió realizar una auditoría contable urgente que aconseje mejoras.

También se dispuso que la Subdirección General Programática realice un informe “actualizando la situación, en especial en cuanto a las acciones promovidas para subsanar las irregularidades detectadas”.

Abdala agregó que el área programática va a convocar a las familias para “analizar cada caso y resolver lo que corresponda”, además de “enterarlas” en caso de que no se hayan percatado. El INAU pretende, ya sea de común acuerdo o a través de acciones legales, que se reintegre el pago indebido.

Y en función de lo que resulten los procedimientos dispuestos, se evaluarán eventuales responsabilidades penales.

“Parto de la premisa de que hay responsabilidad de INAU: tenemos que determinar sobre quién recae la responsabilidad de lo que ocurrió. Hay que definir el alcance e individualizar”, manifestó Abdala. “A priori no juzgo la actuación de las cuidadoras. Ellas, conscientes o no, hayan actuado en forma intencional o no, deberán reintegrar el pago indebido”.