DISCIPLINAMIENTO Y ABUSO SEXUAL

Denuncian falta de recursos contra el maltrato infantil

ONGs critican formación y dicen que no hay garantías de atención segura.

Violencia infantil. Foto: AFP.
Vulnerables. El problema caracterizado por su escasa visualización, demanda un abordaje múltiple, en Uruguay y en el mundo. Foto: AFP.

El femicidio de la niña de 4 años Anna Clara se continúa investigando “a los efectos de lograr una abultada condena contra los responsables”, dice un informe de la Fiscalía General de la Nación. Mientras se sustancia ese juicio contra el padrastro y la madre de la pequeña, varias organizaciones no gubernamentales preocupadas por la violencia contra los niños y adolescentes firmaron un comunicado en el cual denuncian que aun cuando se avanzó en un discurso de derechos, éste no se traduce “en acciones concretas acordes para la protección”.

El problema “tiene una magnitud altísima y pone en riesgo la vida y la salud de muchos”, coinciden en declarar el Comité de Derechos del Niño del Uruguay, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Intersocial Feminista y la asociación Anong.

“Los recursos económicos destinados no son suficientes y los recursos humanos tienen debilidades en la formación o están saturados en su capacidad de respuesta”, agregan los denunciantes. También se sostiene que, debido a tales carencias, “no se logra garantizar la atención en condiciones seguras y la respuesta no siempre llega en el momento necesario”.

Este documento se fechó el 31 de julio, tres días después del crimen de Ana Clara, cometido en Rivera, y el mismo día en que se conocía un fallo de la Justicia de Rocha que condenó a 16 años de penitenciaría a un hombre por reiterados delitos de violación, abuso sexual y atentado violento al pudor contra sus hijas de 9 y 10 años. En el expediente de la sentencia se dice que el enjuiciado era visto “como un tirano doméstico que sometía a toda su familia a todo tipo de abusos”.

María Elena Mizrahi, coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), dijo a El País que en los últimos años se ha ampliado la cobertura, se ha invertido mucho en servicios, y hay más cupos de atención, aunque se siente que no alcanza y se quiere hacer más. En el comunicado, las ONGs consideran urgente la instalación de servicios especializados en todos los departamentos, con acompañamiento diurno y de acogimiento en la emergencia “para trabajar la protección y el acceso a la Justicia”.

Asimismo se reclama que operen en todo el país equipos especializados en el sector salud “para el tratamiento y reparación del daño producido por la violencia”, que haya estrategias masivas de prevención que cuestionen las prácticas de crianza violentas contra los niños, y que exista formación de operadores para detectar las situaciones de violencia.

En la actualidad hay protocolos, referencias y equipos de atención tanto en el sector de la salud pública como en las mutualistas pero escasean los técnicos. Se han realizado, por ejemplo, llamados a psiquiatras infantiles que terminaron siendo declarados desiertos.

Desde las ONGs se sostiene justamente que falta gente en el territorio, donde se vulneran más derechos, donde el maltrato se mantiene naturalizado, como parte de una cultura del disciplinamiento que abarca a tres o más generaciones.

La socióloga Lucía Vernazza, de Unicef, manifestó que coincide con los reclamos de las ONGs, porque hay carencias de servicios en territorio, pero también comparte que mucho se hizo desde el Estado para atender una realidad estrechamente vinculada con la violencia de género vivida por miles de niños que, al crecer, la reproducen.

Alarmas y acciones

En cifras absolutas, la mayor parte de los casos de maltrato a niños se concentra en el área metropolitana, pero en zonas rurales y ciudades cercanas a las fronteras del noreste abundan los casos de violencia en comparación con la población residente. También en materia de homicidios en general hay datos de esas zonas que alarman. La información de 2018 ubicó a Rivera como el departamento con mayor tasa de homicidios cada 100.000 habitantes: 13,5. En segundo lugar aparecía Rocha, con 11,7.

Además de los protocolos para casos de maltrato infantil, desde abril de este año existe un Código del Niño reformulado en su capítulo 11, con múltiples previsiones para la prevención y detección, así como para la reparación y acompañamiento de las víctimas, para regular la intervención de los jueces y prever la figura de un protector familiar. La ley es clara y abarcadora, pero los especialistas coinciden en que dejar atrás una realidad dramática llevará tiempo. En los últimos 4 años fueron asesinados en Uruguay 31 niños y adolescentes debido a violencia intrafamiliar, mientras el país sobrelleva la mayor tasa de descarga de pornografía infantil de Latinoamérica.

Esa realidad se enfrenta en el Pereira Rossell, referente para la sociedad y el sistema judicial, por tener un fuerte servicio social, de psiquiatras y pediatras consustanciados con la problemática. Allí todos los días hay ingresos de niños que fueron víctimas de castigo físico o abuso sexual. También la Sociedad Uruguaya de Pediatría es un referente, desde que creó en 2001 el Comité de Maltrato Infantil y estimuló a que cada vez más se le prestara atención al tema “situaciones de maltrato”, que incluye múltiples variables y enormes dificultades, y que en países del primer mundo llegó a demandar declaraciones de emergencia nacional.

El Sipiav por su parte se propone este año sistematizar los datos obtenidos mediante la aplicación de la nueva ficha de trabajo de los Centros de Recepción Local en Rocha y Rivera, “a efectos de caracterizar los tipos de violencia allí atendidos; evaluar las intervenciones realizadas y elaborar recomendaciones para superación de debilidades”. También se quiere incrementar la presencia en el territorio de asistentes técnicos, promover la creación de nuevos Comités de Recepción Local, e implementar, en coordinación con los centros de formación y estudios del INAU, la capacitación de integrantes de los centros de todo el país “en aspectos teórico- metodológicos necesarios para optimizar sus prácticas”. Para detectar los casos, el Sipiav trabaja con 31 comités de recepción, con técnicos del Estado y de esa sociedad civil que ahora plantea urgencias.

La violencia recurrente

Uno de los indicadores que utiliza el Sipiav para conocer su capacidad de detección precoz de las situaciones es el de “Frecuencias de las situaciones de violencia”. Los datos muestran que en el 80% de los casos que son captados, la violencia se produce de forma recurrente. El Sipiav está presidido por el INAU y lo integran el Mides, el Ministerio de Salud Pública, ASSE, el Ministerio del Interior y la ANEP. Cuenta con el apoyo de Unicef y en su Comité de Gestión figuran el Poder Judicial y el Ministerio Público y Fiscal. Al presentarse en el pasado mes de mayo la guía para la atención de niños de entre 0 y 3 años en situación de violencia se dijo oficialmente que nunca antes se invirtió tanto en esta franja etaria. Un grupo de ONGs -sin embargo- ahora denuncia carencia de recursos.

MÁS

La familia como ámbito de doble filo que acuna la violencia

Para comprender la violencia contra niños y adolescentes en todas sus manifestaciones, los especialistas dicen que no alcanza con explicaciones psiquiátricas y psicológicas, sociales o legales por sí solas. Hay una multicausalidad con escasa visualización que demanda abordajes múltiples. La cuantificación no es algo sencillo de establecer aunque todos los números obtenidos permiten un acercamiento a la dimensión real.

También se advierte que el concepto generalizado que identifica a la familia como un ámbito privado, puede ser un factor de riesgo para los niños pequeños que no son capaces de denunciar la violencia y el abuso.

Cuando los niños denuncian la violencia y el abuso, con frecuencia se enfrentan a la incredulidad de los adultos que les rodean. Por lo tanto, la sensibilización y la movilización de la comunidad son requisitos importantes para mejorar la protección de los niños contra la violencia y el trato negligente. Según un informe del Sipiav, cuando los niños y adolescentes llegan al sistema de protección para recibir atención, la mitad de ellos no advierte el daño que le produjo ser víctima de abuso sexual.

En América Latina y el Caribe, 2 de cada 3 niños entre 2 y 4 años experimentan regularmente algún tipo de disciplina violenta (agresión psicológica o castigos corporales) en el hogar y el 5% de los menores de cinco años son víctimas de graves castigos físicos.

En los protocolos para el abordaje de situaciones de maltrato se afirma que es importante tener en cuenta que frente a una situación de violencia hacia un niño o adolescente la actitud tomada por los profesionales puede ser determinante de la evolución de la situación.

De ahí justamente “la importancia de contar con técnicos capacitados y sensibilizados con la temática para brindar atención de calidad y evitar malas prácticas individuales e institucionales”. En general se coincide en una definición de violencia: agresividad (inherenhente al ser humano) más cultura de poder o acto intencional para dominar al otro. Según datos de la Organización Mundial de la Salud y Unicef, a nivel internacional se estima que uno de cada cuatro adultos manifiesta haber sufrido maltrato físico en la infancia, y una de cada cinco mujeres y uno de cada trece varones declara haber sufrido abuso sexual. Anualmente 58 % de los niños y adolescentes en América Latina y el Caribe sufren abuso físico, sexual o emocional, con más de 99 millones de vidas afectadas por la violencia.

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