LIBERTAD MEDIDA EN DINERO

Los procesos administrativos son largos y tal vez pase un buen tiempo antes de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) recaude todas las multas aplicadas durante los más de 16 meses de pandemia, en aquellos casos en que se constató que no se cumplió con la normativa sanitaria.

Pero hay una cifra que la cartera espera cobrar en algún momento: el monto de $ 13.219.430 -US$ 302.504, a valores actuales- como resultado de la aplicación de multas por 9.815 Unidades Reajustables (UR), según una respuesta del MSP a un pedido de acceso a la información pública que hizo El País.

Sin embargo, el ministerio solo ha cobrado, hasta el momento, un total de $ 915.865 -lo que equivale a US$ 20.958-, cerca del 7% del total. El dinero tiene como destino el Fondo Coronavirus, con el que se han afrontado distintos gastos vinculados a la pandemia (ver recuadro).

Entre los pagos ya efectuados se encuentran, por ejemplo, el del arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, quien rompió su cuarentena para despedir el 23 de mayo los restos del fallecido ministro Jorge Larrañaga; y el del propio Partido Nacional, que se responsabilizó por incumplir el protocolo durante el velorio del secretario de Estado. El cardenal abonó $ 40.405 y el partido entregó una suma de $ 270.000.

El resto de los casos, distribuidos en un total de 32 expedientes, todavía no tienen resolución, porque los usuarios tienen posibilidades de apelar las sanciones o presentar descargos, y eso puede llevar varios meses.

Las razones de las multas son tan variadas como la reglamentación que fue produciéndose conforme fueron pasando los meses desde que el gobierno declaró la emergencia sanitaria, en marzo de 2020. Desde incumplimiento de aforos en locales comerciales o espectáculos públicos, pasando por reuniones masivas en la calle sin respetar el distanciamiento o el uso de tapabocas -cuando rigió una ley que prohibía las aglomeraciones (ver aparte)-, hasta situaciones como las ocurridas en la despedida de Larrañaga o la realización de las famosas fiestas clandestinas, comunes durante el verano.

Según señalaron a El País fuentes de la cartera, las detección de las fiestas irregulares -cuya cantidad no está detallada en la respuesta a la solicitud de información, así como ningún otro detalle- fue lo que motivó multas más altas: hasta 1.000 Unidades Reajustables, que equivale a US$ 30.596.

El desafío que supuso para el MSP el volumen de fiscalizaciones que hubo que hacer desde que llegaron los primeros casos de COVID-19 a Uruguay implicó una “sobrecarga” de trabajo para los fiscalizadores que tiene actualmente la cartera, señalaron las fuentes.

De hecho, cuando el ministro Daniel Salinas asumió, en marzo, había 12 funcionarios en lo que hoy se llama Dirección General de Fiscalización, que vino a sustituir la División de Fiscalización, en el marco de una política que buscó poner foco precisamente en esta tarea y potenciarla.

“La creamos en la Ley de Presupuesto y ahora está en vías de reglamentación. Durante estos meses van a estar entrando más inspectores, por lo que estamos en proceso de continuar fortaleciendo el área”, dijo a El País el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian. Ahora hay un total de 16 inspectores y se prevé llegar a 50 funcionarios al final del período, para lo cual ya hay llamados a concurso.

La transformación que lleva adelante el MSP no es sencilla. La secretaría arrastra desde 2016 la carencia de herramientas y de personal para llevar adelante los controles necesarios, entre otros motivos por los bajos salarios que había en ese momento en esa división.

Y es más, la administración frenteamplista de entonces llevó adelante una reforma que planteaba sustituir las inspecciones por la presentación de declaraciones juradas por parte de los inspeccionados.

Pero la gestión del ministro Salinas propone un signo diferente. “Nosotros planteamos en la campaña (en 2019) fortalecer y jerarquizar el control sanitario, no de la pandemia, sino de todo el sistema de salud”, continuó Satdjian.

En efecto, en la Memoria Anual de 2020, las autoridades ministeriales plantean “desarrollar un sistema centralizado de fiscalización que permita generar información confiable, trazable y oportuna para la toma de decisiones, que dé garantías al administrado y a la población en genera”.

Para eso, el documento adelantó un “nuevo esquema para el ejercicio de las funciones inspectivas en todo el territorio nacional”. Satdjian recordó en ese sentido que el MSP “tiene la orden de controlar” toda una gama de ámbitos que comprende “farmacias, puertas de emergencia, hospitales, policlínicas, clínicas privadas y laboratorios”. Y agregó que, tal como está previsto, el proceso en marcha en la cartera tendrá la consecuencia natural de “eventualmente aumentar la recaudación”.