CEMENTERIOS MUNICIPALES DE MONTEVIDEO

Coimas que investiga IMM se pagan desde hace años

Fueron denunciadas en 2009 y archivadas por la Intendencia.

Cremación: otra vez hay empresas fúnebres señaladas por pagar dinero para “acelerar” los procesos. Foto: archivo El País
Cremación: empresas fúnebres señaladas por pagar dinero para “acelerar” los procesos. Foto: archivo El País

Las presuntas "coimas" que se pagan en el Cementerio del Norte por parte de empresas fúnebres a funcionarios municipales para "agilizar" el trabajo de cremaciones y reducciones de cadáveres, son una "práctica habitual" desde hace al menos 9 años, según documentación aportada a El País por el diputado suplente del Partido Nacional Daniel Graffigna.

Estos hechos habían sido denunciados penalmente por el legislador en 2009 cuando era edil departamental, durante la administración de Ricardo Ehrlich, siendo entonces director de Jurídica el hoy presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. En su momento se hizo una investigación en la que testigos dijeron que la práctica llevaba ya "varios años". Las actuaciones se clausuraron sin ningún tipo de consecuencias para los involucrados. La investigación fue después reabierta durante la administración de Ana Olivera.

Un documento firmado por un abogado sumariante en 2009, recomendó a la administración "instrumentar una campaña de información y formación entre los funcionarios que se desempeñan en los cementerios municipales, con el objetivo de hacerles conocer el marco jurídico y las prohibiciones vigentes, campaña que debería ser acompañada de un contralor por parte de las autoridades de cada cementerio".

Según consta del sumario realizado hace casi 10 años, uno de los entrevistados respondió lo siguiente ante la pregunta de si los funcionarios recibían algún tipo de "prestación compensatoria" por parte de servicios fúnebres privados: "Sí. Por ejemplo el encargado de (una empresa) le entrega una propina al encargado del campo (capataz) y administrativo para que éstos lo repartan entre los funcionarios que ejecutan la tarea".

Graffigna solicitó al Juzgado Especializado en Crimen Organizado que desarchive las actuaciones sobre irregularidades en la División Necrópolis de la Intendencia, por las cuales hace algunos años fueron procesados tres escribanos.

Denuncias.

Hace diez días, el director de Gestión Humana de la IMM, Eduardo Brenta, informó a El País que ordenó una investigación "de urgencia" para aclarar estos hechos.

Funcionarios declararon a Búsqueda previamente que "hay empresas que quieren sacar rápido los cuerpos, y si usás una cuchilla para salir de esto te dan $ 40 de propina; si les dejás una momia, tenés lío. Entonces, hay compañeros que agarran un Tramontina y lo cortan en pedazos, pero el uso del cuchillo no es parte de la tarea".

Consultada ayer por El País, la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, dijo que no le consta que haya funcionarios involucrados en este tipo de prácticas que han sido denunciadas en el Cementerio del Norte.

"Sí sabemos que por parte de las empresas funerarias hay grandes presiones a los trabajadores, pero no una remuneración económica. Además, sería irrisorio pensar que un trabajador municipal aceleraría o haría cosas que no corresponden por las cifras que se manejan", declaró la dirigente sindical.

La norma, la familia y los tiempos de espera

Graffigna y el director de Gestión Humana de la Intendencia coinciden en que los funcionarios no pueden recibir un dinero extra por "agilizar" su trabajo, cuando las reducciones deben hacerse a los 2 años y con el consentimiento de las familias. Brenta advirtió: "Uno de los trabajadores dice que las empresas privadas obligan a los trabajadores a reducir los cuerpos antes, para hacer lugar en los cementerios. Y que a cambio les dan una propina de $ 40. Eso es una coima".

"Vos no podés reducir un cuerpo si el familiar no te deja. Hay que esperar dos años, y si está momificado, son otros dos años más. Si esto lo hacen por presión de los privados por $ 40, estamos en un problema serio", destacó el jerarca. Hace nueve años, según las denuncias, la cifra que se pagaba era de $ 70.

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