Polémica por tasa turística

Diputado blanco asegura que es una tasa inconstitucional y pide revocarla.

Los visitantes que paguen la tasa turística recibirán como contraprestación acceso a entradas y/o descuentos a espectáculos en salas de actividades del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, como carnaval, y descuentos en los tickets del bus turístico, según un documento de la comuna al que accedió El País.

El nuevo tributo, que aparece en la modificación presupuestal 2019, cobrará a quienes lleguen desde el exterior por cada noche que pernoctan en los hoteles de la ciudad: US$ 0,5 a personas mayores de 11 años que se alojen en establecimientos de tres estrellas y US$ 1 a quienes lo hagan en aquellos de 4 y 5 estrellas.

Estos beneficios que reciban como contrapartida "se detallarán de acuerdo a los criterios que se fijen en la reglamentación", señala un documento de la Intendencia en respuesta a una exposición del diputado blanco Martín Lema, del sector Todos, quien en julio exhortó a la comuna a dejar sin efecto la tasa al considerarla "inconstitucional".

La administración de Daniel Martínez le explica al representante nacionalista que esta tasa fue sometida "a consideración de la Junta Departamental" que "la aprobó no solo con los votos de la bancada oficialista sino además con votos de legisladores de la oposición", señala el documento. "De acuerdo a lo anteriormente expuesto se entiende que la normativa propuesta y aprobada se ajusta a derecho", agrega.

La idea era aplicarla en el comienzo del próximo año. Sin embargo, fue pospuesta hasta abril, según anunció el intendente de Montevideo, Daniel Martínez en la Feria Internacional de Turismo desarrollada en Buenos Aires a principios de mes. El director de Desarrollo Económico de la IMM, Óscar Curutchet, había manifestado que la instrumentación en el cobro "lleva un tiempo" y por eso se decidió pasar el mes de febrero para no incidir con el movimiento de estación.

En la explicación presupuestal, que ya fue aprobada por la Junta Departamental de Montevideo a principios de septiembre, la Intendencia manifestó que la idea es generar un "Fondo de Sostenibilidad Turística" destinado a financiar inversiones. Según la comuna la idea es fortalecer la industria de reuniones, financiar la incorporación y actualización de equipamientos e instalaciones, entre otros cometidos.

Lema volvió a responder a esta pronunciación de la Intendencia. Según el legislador por Montevideo, la comuna tiene una "clara intención de confundir" cuando asegura que los partidos de la oposición acompañaron la iniciativa comunal. "Corresponde dejar en claro que ningún edil del Partido Nacional votó afirmativamente la norma que crea el tributo", dijo.

En una nueva exposición escrita, el diputado señala que para que un tributo sea "tasa" requiere que "su hecho generador sea un servicio estatal divisible, jurídico-administrativo, prestado efectivamente, lo recaudado se destine a financiarlo, guarde una razonable equivalencia entre su costo y lo recaudado y que se cuantifique en base al servicio estatal y no algo ajeno".

Lema asegura que la tasa que cobrará la comuna que esas "contraprestaciones" no son servicios jurídico-administrativos prestados por la Intendencia sino servicios "económicos". Además no es un servicio prestado "efectivamente" porque no todos los contribuyentes (turistas) gozarán de esos "beneficios". Además, se calcula según la categoría del hotel donde se hospeda el turista y no en base a un servicio estatal. "Esto vulnera la relación de inherencia", dice.

El edil blanco Javier Barrios Bove, de Alianza Nacional, había dicho que, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Turismo, este tributo podría significar para las arcas de la Intendencia US$ 1.750.000 al año.

Las voces críticas contra la tasa surgieron hasta desde el gobierno nacional. Una de ellas fue la del subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff, quien apenas surgió la noticia manifestó su postura: "A lo largo de nuestra administración, por varios años, se ha pronunciado internacionalmente contra tasas o gravámenes al turismo que no signifiquen mejoras en el servicio. Desde ese punto de vista en ningún programa ni nacional, ni gubernamental de la apuesta política que está ejerciendo el gobierno estaba establecido un criterio de esta naturaleza".