“EL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA”

Unos 5.000 niñosy adolescentes en Uruguay están dentro del sistema de protección especial y han sido separados temporal o definitivamente de sus familias de origen. Las tasas de internación son de las más altas de la región -después de Haití y Surinam- por lo que desde la coalición de gobierno se presentará un proyecto de ley para la “desinternación”.

La iniciativa es de la senadora colorada Carmen Sanguinetti y según contó a El País surgió luego de un congreso en el que participó en 2018, junto a representantes de diferentes partidos políticos, donde se abordó como eje central “el derecho a vivir en familia”.

El proyecto, que tiene un primer borrador al que accedió El País, propone trabajar en dos líneas: evitar que se llegue a la institucionalización o internación del niño y facilitar su salida de los hogares del INAU. La idea es presentarlo el mes próximo, según comentó Sanguinetti.

El objetivo es uno solo: reducir y regular la separación familiar entre el niño, o adolescente, y su entorno. En esta línea, en los casos en los que se planteé una posibilidad de internación institucional, se diseña un proceso que implique que esta medida “no sea la primera a tener en cuenta ni la más utilizada ante dificultades familiares”.

Se busca evitar los procesos de institucionalización prolongados, ya que existe evidencia de que la institucionalización “genera daños a los niños de forma severa, principalmente en lo que refiere a la primera infancia”, de acuerdo a lo que se indica en la exposición de motivos redactada por la legisladora.

Entre las variables que deberían ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar el impacto de la institucionalización se incluyen: los vínculos de apego con los cuidadores, la proporción y la estabilidad del personal a cargo del cuidado cotidiano, la idoneidad de las personas que cumplen esa función y la gestión global de los servicios de protección.

El proyecto presenta un proceso que guía las diferentes etapas con “alternativas preventivas” para evitar la separación e internación “como primera y única opción”.

Esto supone contar con un equipo técnico que trabaje con los menores y familias para el fortalecimiento y análisis de alternativas para evitar justamente la internación como primera medida a aplicar.

Para los casos en los que la internación sea inevitable se regularía el ingreso al centro de internación y se plantea un régimen de egreso “que supervisa, apoya y acompaña al menor que fue separado de su familia”.

Como experiencia comparada la legisladora tomó una ley promulgada en 2017 en Argentina, que establece un “Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes Sin Cuidados Parentales” con el fin de garantizar su plena inclusión social y “su máximo desarrollo personal y social”. La norma se aplica desde los 13 a 21 años e implica un acompañamiento realizado por un referente capacitado y una asignación económica mensual, equivalente al 80% de un salario que se cobra una vez que el adolescente egresa del hogar convivencial o de la familia cuidadora.

En términos generales, el programa que aplica Argentina -y se quiere tomar como modelo- supone brindar apoyo para que el niño o adolescente encuentre un lugar donde vivir, finalice sus estudios o empiece una carrera y busque un trabajo. Además se le enseña cómo administrar el dinero, cuidar la salud y acceder a información para fortalecer su red de vínculos y conocer sus derechos y responsabilidades.

En promedio, los niños y adolescentes que se encuentran internados en el INAU pasan cuatro años institucionalizados. Aunque ese número varía en función de la edad, los menores de 2 años, viven en promedio 6 meses y ese tiempo va aumentando hasta llegar a los 8 años. Sin embargo, en el grupo de 9 a 17, el tiempo de permanencia no presenta grandes variaciones y se ubica en promedio por encima de los 30 meses.

La mitad de toda la población atendida en los hogares vive con su familia de origen antes de ingresar a un centro, 7% con otra familia y 37% proviene de otro hogar. Se calcula que seis de cada 10 niños y adolescentes tienen a ambos padres biológicos vivos, mientras que casi tres de cada 10 cuenta solo con uno de sus progenitores del que se conoce que vive (en la mayoría de casos la madre). Mientras, uno de cada 10 no tiene a ninguno de sus padres vivos. Asimismo, el 86% tiene hermanos, y aproximadamente la mitad se encuentran institucionalizados en los centros de protección.

Los datos surgen del Estudio de Población del Sistema de Protección 24 Horas de INAU y Unicef, que data del año 2020.