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Centros de atención reclaman al BPS por “recortar” ayudas

Decenas de Centros Interdisciplinarios que brindan asistencia a niños con discapacidad o dificultades de aprendizaje están convocando a una concentración el próximo viernes frente al BPS.

El BPS ya aprobó su plan de acción para 2016, e incluye distintas fiscalizaciones.
Varios centros privados de asistencia y familias beneficiarias del programa se concentrarán el próximo viernes frente al BPS. Foto: Archivo El País.

Entre los beneficios prestados por el Banco de Previsión Social se incluyen las Ayudas Extraordinarias (Ayex), que consisten en un monto fijo de dinero que se envía a los llamados Centros Interdisciplinarios para la atención -por ejemplo- de niños con discapacidad o dificultades de aprendizaje.

El BPS maneja una lista de 140 institutos habilitados para beneficiarios Ayex en Montevideo y otra de 225 en el interior. Pero muchos de ellos están atravesando una situación complicada por pagos que no reciben. Al menos 50 de estos centros privados de asistencia firmaron un documento y anuncian que se concentrarán, junto con las familias beneficiarias, este viernes frente al BPS, en Colonia y Fernández Crespo.

Según indicaron a El País fuentes de los Centros Interdisciplinarios, el principal problema radica en que los niños deben recibir asistencia ocho veces al mes, pero si faltan tres, el BPS descuenta todo el pago. En esos casos, los pacientes terminan siendo atendidos cinco veces de forma gratuita, haciendo peligrar la viabilidad de estos institutos privados.

“Es muy común, por la propia situación de salud de estos niños, o por el lugar en el que viven -en ocasiones con muchas carencias-, que no puedan ir”, agregaron las fuentes

Las Ayex consisten en un monto fijo de $ 5.377 (por mes y por niño) que se puede utilizar para pagar un colegio, el transporte escolar, o para un centro interdisciplinario. Este monto se abona entre febrero y diciembre, exceptuándose enero por las vacaciones de verano.

Problema de fondos.

Desde 2015 se estableció un nuevo reglamento con el que los Centros Interdisciplinarios no estuvieron de acuerdo: si el beneficiario falta dos sesiones, el Banco suspende el pago de ambas. Y en caso que falte tres, la ayuda cae completamente.

“Como lo hace en forma retroactiva, el castigo no recae sobre el beneficiario sino sobre el centro, que no solamente no cobra las dos sesiones en las que el niño fue esperado por un técnico que planificó su tarea y cumplió su horario, en un consultorio o salón especialmente dispuesto para él, sino que tampoco se paga el resto de las sesiones del mes. Por lo tanto, los Centros Interdisciplinarios son empresas que trabajan sin saber si al mes siguiente van a cobrar lo necesario para cubrir sus costos, cubriendo de sus fondos propios los honorarios no percibidos, los cuales son pagados a los técnicos en la mayoría de las empresas”, agregaron las fuentes.

Este año, la situación se agravó después de que el BPS anunció que pretendía informatizar la comunicación de las inasistencias. Esto generó un enfrentamiento y la medida, finalmente, fue dejada sin efecto.

Los centros movilizados plantearon al BPS que no son responsables por las inasistencias de los niños, y que tampoco pueden evitarlas, pero el organismo -sostienen- “ha hecho caso omiso a esa situación”.

“Las únicas inasistencias que se consideran justificadas y no se cuentan para los descuentos son las faltas por enfermedad certificada del niño o adulto responsable, las alertas meteorológicas naranja o roja y, en el interior, las situaciones de inaccesibilidad, fruto de caminos interrumpidos o cursos de agua desbordados”, explicaron.

Reacción del BPS.

El Banco tenía previsto implementar a partir del próximo verano un nuevo sistema en su sitio web, mediante el cual los centros e institutos que atienden a beneficiarios de las Ayex agilizarían los trámites comunicándose directamente con el Banco y eliminando los trámites con soporte en papel.

Sin embargo, el BPS decidió dar marcha atrás con el programa, “atento a que surgieron una serie de reacciones a distintos niveles que se han ido concatenando, y que confluyen en perjuicios a los beneficiarios de este programa”, de acuerdo a lo que informó a los usuarios a través de un comunicado emitido el pasado 31 de octubre.

“Manifestamos -y ratificamos- que los cambios propuestos son solo y únicamente de gestión, no hay ningún elemento nuevo que afecte económicamente a ninguno de los actores involucrados: beneficiarios y familias, clínicas e institutos y sus trabajadores”, agrega el comunicado. Según el BPS, algunas clínicas e instituciones estaban “comunicando aumentos en lo que le cobran a los beneficiarios, incluso de cobro por atención que hasta el momento no realizaban, sea en las cuotas mensuales o en pagos adicionales”.

“En otros casos comunican cambios en las condiciones de trabajo a sus dependientes y profesionales, expresándose que se hace motivado por los cambios que el BPS promueve en el sistema de gestión. Reiteramos que de ninguna forma el sistema de gestión promovido afecta económicamente a los institutos. Si toman medidas de este tipo el fundamento no es ninguna decisión del BPS”, subraya el comunicado.

La ganancia de los privados “es el 20%”
El presidente del BPS señaló que el déficit estará por debajo de los US$ 800 millones previstos. Foto: Fernando Ponzetto

Una vez iniciado el tratamiento, los Centros Interdisciplinarios se comprometen a brindar ocho sesiones mensuales a los beneficiarios, y el BPS deposita en una cuenta un cheque con los importes correspondientes. “La ecuación establece que, a grandes rasgos, el 60% de lo volcado por el BPS se vierte en forma de honorarios, a los técnicos que en su mayoría trabajan para diferentes lugares como empresas unipersonales independientes. Del 40% restante, la mitad corresponde a gastos de funcionamiento y cargas sociales. Y el siguiente 20% es la ganancia que reciben los centros”, explicaron representantes de estos institutos.

“A esto debemos descontar los niños que son becados, porque necesitan una sesión semanal más de las que el BPS paga, o porque dejan de recibir el beneficio si el adulto responsable pierde su empleo”, agregaron.

Las familias acuden a los Centros Interdisciplinarios una vez diagnosticada una discapacidad o dificultad de aprendizaje, bajo indicación de un psiquiatra o neuropediatra. Esa asistencia no la cumple el Estado, ni las mutualistas, las cuales brindan el servicio durante seis meses, a partir de los cuales entregan un informe a los responsables del niño. Estos eligen después una clínica entre las inscriptas en el registro de proveedores del BPS.

Para ser proveedor, el Banco exige la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos y del Ministerio de Salud Pública. También realiza una inspección para verificar que los edificios se adecuen a las normas de seguridad y accesibilidad. Sin embargo, existe una diferencia: todos aquellos centros que iniciaron sus actividades antes del año 2015, cuando se hicieron una serie de modificaciones en las exigencias, pueden obviar algunos de los requisitos edilicios.

Ante los cambios en las reglas de juego, la Red de Centros Interdisciplinarios, los técnicos independientes y las familias se comenzaron a movilizar hace un tiempo.

Los dos primeros mantuvieron entrevistas, por separado, con el presidente de BPS Heber Galli, quien se comprometió a iniciar una mesa de diálogo. “Sin embargo, el BPS emitió un comunicado diciendo que suspenderá la aplicación del sistema informatizado de inasistencias, agregando que varios Centros Interdisciplinarios habían decidido realizar cobros extras a las familias, o modificar regímenes de pago a sus técnicos, negando los perjuicios que los centros sufren desde 2015 y sufrirían con los cambios propuestos”, agregaron las fuentes.

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