Operativo Especial

Policías, bomberos y arquitectos municipales ingresaron a 540 casas de “Los Palomares”.

Belén es la tercera generación de su familia en Casavalle. "Yo me quedaría en el barrio si sacan a los narcos, el resto está bien", aseguró la joven a El País tras responder las preguntas de dos policías y un bombero que ayer entraron a su casa en el marco del censo de la Unidad Misiones, más conocido como "Los Palomares" de Casavalle.

Un intenso operativo policial se desplegó cerca de la hora 8:00. Decenas de efectivos de la Guardia Republicana, con apoyo de funcionarios de otras reparticiones, armados a guerra y con vehículos blindados dieron seguridad a los 182 encargados de censar un barrio que el gobierno prevé demoler en breve.

Los hechos de violencia son constantes en el barrio. Un trabajador que se desempeña en la zona narró un caso reciente de la guerra entre bandas: "hace una semana, a eso de las seis de la mañana, un tipo salió de Los Palomares sin remera y con una ametralladora en la mano. Cruzó la plaza, caminó unas cuadras y tiró. Cuando volvió, se encontró con un patrullero. Los policías sacaron sus armas. Por suerte el hombre se entregó", contó.

La consulta de ayer llegó a 540 viviendas, once de ellas quedaron fuera por ausencia de sus moradores, según supo El País. A los vecinos se les presentó un formulario que el Ministerio del Interior resolvió no divulgar su contenido hasta que se publiquen los datos.

De todos modos, se pudo saber que se pidieron los datos completos de todos los habitantes del lugar, la relación legal de los ocupantes con las fincas y su acceso a los servicios públicos y de salud.

Además, se interrogó sobre la prevalencia de ciertas enfermedades, entre ellas la tuberculosis. Finalmente, se realizó un relevamiento de las edificaciones donde bomberos y arquitectos evaluaron los riesgos "constructivos, sanitarios, eléctricos y edilicios".

La información del censo será procesada en unos días. Los datos serán remitidos a la Presidencia de la República y los ministerios de Desarrollo Social, Vivienda e Interior. La Intendencia de Montevideo también tendrá acceso.

Con el sociólogo Gustavo Leal a la cabeza y oficiales de alta jerarquía a cargo de la operación, a la hora 9:10 comenzaron a ingresar los policías y bomberos por los angostos pasillos y a golpear puertas.

En algunas casas los habitantes estaban afuera, en otras hubo que insistir. Cada cuestionario llevó entre 15 y 20 minutos de conversación.

Cada casa es un mundo. Gladys no quiere perder su vivienda. Llegó al barrio de la mano de su madre cuando tenía seis años de edad. Pasaron cuatro décadas y todo cambió.

"Acá se crió toda la familia, uno de los pasajes es todo nuestro. Fuimos comprando de a poco. Yo le regalé una casa a mi hija, después me compré una para mí, pagué $ 110.000", contó ayer a El País.

La vecina confirmó que en Unidad Misiones nadie paga las facturas de UTE y OSE. De hecho, ella nunca pagó por esos servicios. "Nosotros queremos pagar. Una vez vinieron a preguntar por la luz y el agua, nunca más aparecieron", dijo.

José dijo estar muy enojado con el censo y la eventual demolición del complejo. Nació y se crió en el lugar. Su padre, un hombre de 78 años de edad, vive en una de las viviendas de la Unidad Misiones.

Parado dentro de la Plaza de Convivencia del barrio Casavalle, el hombre se preguntó para qué se gastó "tanta plata" en ese espacio público "si la idea era demoler todo esto".

Luego se dirigió al presidente y el ministro del Interior, les pidió que no se presenten en el barrio en la campaña electoral. "Tabaré Vázquez no vino porque sabía que iba a ser rechazado. Y es mejor que no venga, vaya a hacer política a otro lado. Nos cansamos", dijo.

Consultado sobre los motivos que llevaron a dilatar durante cuarenta años una solución para el barrio respondió: "porque está todo podrido".