REPARACIÓN 

El 29 de mayo de 2015 un recluso fue trasladado desde el Comcar al Penal de Libertad. A las 12:00 horas de ese día, y ya en ese establecimiento penitenciario, el hombre se encontraba en su celda cuando otros dos privados de libertad se acercaron a su celda, comenzaron a amenazarlo y a agredirlo con agua caliente. El hombre que estaba siendo atacado se acercó hasta la puerta de la celda y a través del estrecho espacio que se usa como pasaplatos intentó pedir ayuda. Fue ahí que los otros dos individuos, por esa pequeña abertura, lo atacaron con una lanza casera.

El hombre murió producto de las heridas que le causó el ataque.

A raíz de este hecho la madre y el hermano del fallecido presentaron una demanda contra el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) reclamando una indemnización de US$ 115.000 por daño moral.

Según el fallo del tribunal del 4 de setiembre pasado, al que accedió El País, el Ministerio del Interior fue condenado a pagarles US$ 12.500.

Esta cifra es casi cuatro veces menor que la indemnización por muerte paga en el caso de Soledad Barrios, por el que el Ministerio del Interior debió abonar, a finales de abril pasado, un total de US$ 45.000 luego que la joven fuera asesinada durante una pelea entre hinchas de Welcome y Cordón en 2012.

Nicolás Pereyra, abogado de la familia del recluso asesinado, dijo a El País que u201cse va a apelar el fallo porque es insuficiente la indemnización por el daño moralu201d.

u201cEsperamos que el tribunal revoque la sentencia otorgando mayor daño moral a los familiaresu201d, agregó. De todos modos indicó estar u201cconforme porque se ha hecho justiciau201d.