Cambio de costumbres

Las bolsas, el nuevo impuesto

Tras la aprobación legislativa, empiezan a debatir qué precio cobrarán de aquí a un año.

Bolsas plásticas: por tratarse de materiales livianos terminan en los cursos de agua o tiradas en las calles, dañando el ecosistema. Foto: archivo El País.
Bolsas plásticas: por tratarse de materiales livianos terminan en los cursos de agua o tiradas en las calles, dañando el ecosistema. Foto: archivo El País.

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el texto que promueve un uso sustentable de bolsas plásticas y obliga a todos los comercios a cobrarlas. Algunos ya vienen aplicando esta medida de manera voluntaria.

El objetivo es la "prevención y reducción del impacto ambiental" derivado de su utilización y la idea es desestimular su uso, promover su reuso, reciclado y otras formas de valorización.

El precio mínimo de las bolsas será establecido por el Poder Ejecutivo en la futura reglamentación. Las que no tendrán un costo serán aquellas que se utilicen para colocar leche, fiambres, frutas y verduras y carnes.

La ley prohíbe a los fabricantes la venta de bolsas que no sean compostables o biodegradables. Además, exige que los puntos de venta donde se suministren promuevan y participen en campañas de difusión y concientización sobre su uso responsable y racional.

Si bien algunos supermercados ya lo hacen, ahora estarán obligados a incluir en sus bolsas plásticas el logo o una inscripción que será definida por la reglamentación.

Los puntos de venta también estarán obligados a vender bolsas reutilizables y a contar con un sistema de recepción de residuos de bolsas plásticas que deberá estar a disposición del consumidor.

El plazo máximo para aplicar la nueva ley es de un año, aunque ya se ha avanzado en conversaciones con los comercios para que comience a funcionar antes.

Precio "importante".

El trámite parlamentario comenzó en 2016. En ese año, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley inspirado en un texto que había redactado el senador colorado Pedro Bordaberry.

En este proceso de discusión han participado la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU), la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico (AUIP) y el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), entre otros.

Daniel Fernández, presidente de Cambadu, dijo ayer a El País que en este intercambio sugirió que la bolsa tenga un costo "importante" de entre 7 y 10 pesos.

"Si la cobrás a un peso, no va a afectar nada", comentó. Otro pedido hecho fue que tenga un costo único para todos por igual. "No sirve que alguien diga: Oferta de miércoles: bolsas gratis. Las tienen que cobrar todos", apuntó.

Las bolsas estarán gravadas por el Imesi y lo que se recaude se destinaría a campañas de prevención del medio ambiente, comentó Daniel Menéndez, presidente del gremio de supermercados ASU.

"Nosotros sugerimos un precio mínimo por si alguno desarrolla una de mayor calidad y pedimos por favor que se controle que todo el mundo la cobre y no sea utilizada como un método de promoción", indicó Menéndez.

Según pudo saber El País, ya hay locales que han tomado la decisión. Por ejemplo, un importador ubicado cerca del Aeropuerto de Carrasco la cobra a dos pesos. En Salto ya hay más de 80 comercios que la otorgan a ese mismo monto, informó El Observador en abril.

El tema de fondo, opinaron desde el gremio de supermercados, es que la ley sirva para "no contaminar y no para recaudar plata". "No sirve juntar una torta de dinero, pero que las bolsas sigan en la calle", comentó Menéndez.

Uso y críticas.

Cada año se incorporan cerca de 1.200 millones de bolsas al mercado local y cada uruguayo utiliza unas 400 anualmente, según datos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Seis de cada diez son importadas mientras que las restantes son de fabricación nacional.

El uso per cápita se ha reducido 17% desde 2008 a 2015, aunque se notó un leve incremento en los últimos años, indicó el gobierno.

La ley ha tenido algunas críticas. Un colectivo integrado por importadores, fabricantes y recicladores aduce que su promulgación afectará su actividad y propiciará la pérdida de 5.000 empleos directos e indirectos.

Sin embargo, tanto el director de la Dinama, Alejandro Nario como la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico, desmintieron esa versión y sostuvieron que el sector no experimentará un impacto negativo por la nueva ley.

"Una de nuestras principales preocupaciones era que esto no impactara en el empleo", dijo Nario y agregó: "El sector clasificador del Uruguay básicamente utiliza polietileno (que se usa, por ejemplo, en envases, tuberías y recubrimientos de cable ) y polipropileno (las mangueras) como materiales reciclables, pero la parte proveniente de las bolsas no es significativa. De hecho, como habrán visto, no es usual ver a clasificadores recolectando bolsas. Eso es lógico por el peso, porque vienen sucias y porque son complicadas de utilizar", explicó Nario en una comparecencia que realizó en el Parlamento hace un mes.

Por lo tanto, según dice, "no habría un impacto sobre ese sector", ya que podrían obtener esos dos materiales de otras fuentes plásticas.

"Hicimos un estudio del mercado y comprobamos que esas empresas van a poder seguir actuando", concluyó.

Reciclaje.

"Las bolsas camisetas (las que se usan en los supermercados) hoy no se reciclan, no se juntan, porque no tiene un valor comercial en cuanto a la densidad del material, por lo que si se elimina, la economía de esos 5.000 mil trabajadores no se va a ver afectada porque, de hecho, se junta en un porcentaje mínimo", explicó en el Parlamento Julio Rodríguez, reciclador y socio de la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico.

De acuerdo al reciclador, los porcentajes de reciclado de plástico son muy diferentes.

"Si ponemos todo junto, se recicla un 5 %, un 6% o un 7%, pero si separamos por producto, por ejemplo, todo lo que es embalaje, como las fundas de los refrescos y contenedores de harina y el silobolsa, que es la manga de hasta 100 metros de largo, ese tipo de envases se recicla por encima de un 50 %; pero si ponemos la bolsa camiseta, se recicla solo un 1 %", explicó.

Alejandro Nario, director de la Dinama
"Estamos convencidos que disminuirá su uso"
Alejandro Nario, director de la Dinama. Foto: archivo El País

El director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, explicó que las bolsas plásticas, al estar compuestas de materiales muy livianos, terminan en las alcantarillas y en los cursos de agua, lo que provoca graves problemas en lo que son los drenajes pluviales. Eso, a su vez, "implica costos importantes para las intendencias y obviamente también trae problemas a nivel del mar, en donde las tortugas y otras especies marinas las ingieren confundiéndolas con medusas, y terminan muriendo", dijo.

Por esa razón, según Nario, el proyecto de ley es una primera etapa de lo que hace a la gestión de residuos "orientado a disminuir la enorme generación que tiene nuestro país de bolsas plásticas, un promedio muy alto incluso con respecto a la región", dijo. Está convencido de que la nueva normativa permitirá "disminuir francamente su uso". "El cobro contribuirá al cambio cultural, algo que ya ha sido estudiado en Inglaterra, Francia, Irlanda y España, donde ya se ha implementado esa medida", sostuvo el director de la Dinama.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Supermercados del Uruguay, opinó que el problema no es tanto la bolsa de supermercado, ya que es más útil, se utiliza para tirar basura y termina en la Usina de Felipe Cardoso. "El tema es la bolsa de la feria, de la farmacia y de los comercios chicos que no tienen utilidad y son las más desechadas por las personas, por lo que son las que terminan contaminando más", dijo.

La reconversión.

En cuanto a las modificaciones que van a tener que implementar las empresas para realizar esas nuevas bolsas, el director de la Dinama aclaró que "serán mínimas".

"El Ministerio de Industria hizo un planteo al sector para saber si necesitaban apoyo para la reconversión y la respuesta fue que las modificaciones para pasarse a estos materiales eran mínimas y no requerían ningún apoyo económico", dijo Nario.

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