PROTOCOLO POR COVID

Una boda de "novios antivacunas", como los definió en un comunicado la Cámara Uruguaya de Salones de Fiestas y Eventos, terminó el sábado con la presencia de la Policía y un intento de soborno por $ 8.000 al propietario  del salón para que se permitiera bailar. Además, hubo agravios al personal, roturas y desperdicio de comida, dijo a El País Daniel Serratto, presidente de la  cámara y propietario del local. 

En el casamiento había menos de 40 concurrentes y el día de la celebración se constató que 22 personas no estaban inmunizadas. Previo al evento, se les informó a los novios —organizadores— que no se podía realizar baile porque algunos no estaban vacunados contra el COVID-19

Frente a esa situación, "el novio intentó sobornar con $ 8.000 al propietario" para que permitiera bailar. Además, junto con algunos invitados "rodearon al responsable del salón para pedir bajo amenazas" que se los habilite, dice el comunicado emitido este lunes por la cámara.

"Todo fue cambiando de color al pasar los minutos, más de una decena de personas invitadas comenzaron a exigir baile de manera inapropiada y bajo amenazas de realizar escraches en las redes sociales y, algunos haciendo gala de pertenecer a la Policía, comenzaron los golpes en las
mesas, saltos y cánticos, al peor estilo barra brava", añade el texto.

A raíz de la situación, se llamó a la Intendencia de Montevideo para que envíe personal de inspección y constate "que había personas sin vacunación". Sin embargo, la funcionaria que se presentó en local manifestó que se debía llamar a la Policía. 

Así se hizo y minutos después llegó un patrullero con dos efectivos. Los funcionarios manifestaron que "no podían hacer nada, que era un tema de la IMM y Ministerio de Salud Pública (MSP)".

"Cabe acotar que los invitados que dijeron pertenecer a la policía salieron a presionar a los agentes y trataron en todo momento obstaculizar su  actuación manifestando que ya se habían contactado con sus superiores", agrega el comunicado. 

Se constataron "agravios al personal del salón, faltante de objetos de
decoración, desorden, roturas y desperdicio de comida y bebida de manera inusual y mal intencionada", comentó Serratto a El País.

Cuando terminó el evento, los "novios se negaron a pagar un saldo adeudado de la fiesta", lo que generó "nuevos incidentes que terminaron con un nuevo llamado a la Policía y la presencia de varios patrulleros y el grupo PADO".

"Como organizadores de fiestas y eventos nos vemos desamparados ante las autoridades nacionales y departamentales, teniendo que actuar nosotros mismos como fiscalizadores de disposiciones redactadas tanto por el MSP e IMM, quienes a la hora de solicitarles intervención nos dan la espalda, dejándonos expuestos ante personas como estas, quienes no se quieren hacer cargo de las decisiones que toman cuando deciden no quererse vacunar", finalizó.