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Bachelet expresó “alarma” por “amenazas y ataques” a instituciones de DD.HH. e incluyó a Uruguay

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Michele Bachelet, Alta Comisionada de la ONU, en una conferencia en septiembre. Foto: AFP
(FILES) In this file photo taken on September 04, 2019 UN Human Rights High Commissioner Michelle Bachelet attends a press conference one year after she took office at the United Nations Offices in Geneva on September 4, 2019. - The UN rights chief Michelle Bachelet voiced alarm on November 16 at the deadly crisis in Bolivia, warning that excessive force by police was "an extremely dangerous development". "I am really concerned that the situation in Bolivia could spin out of control if the authorities do not handle it sensitively and in accordance with international norms and standards governing the use of force, and with full respect for human rights," Michelle Bachelet said in a statement. (Photo by FABRICE COFFRINI / AFP)
FABRICE COFFRINI/AFP

DENUNCIA

“Preocupan las declaraciones públicas que desacreditan la labor de la institución”, dice en un comunicado la alta comisionada de ONU para los Derechos Humanos.

Michele Bachelet, Alta Comisionada de la ONU, en una conferencia en septiembre. Foto: AFP
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Foto: AFP

En un comunicado emitido este miércoles, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su “alarma por el creciente número de amenazas, ataques e intentos de socavar y deslegitimar las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) independientes en América Latina y el Caribe, por parte de gobiernos y otras personas en posiciones de poder”.

Entre los países mencionados está Uruguay, porque “preocupan las declaraciones públicas que desacreditan la labor de la institución”, indica el comunicado. La misma preocupación se expresa sobre Ecuador.

En referencia a Bolivia, Chile y El Salvador se habla de amenazas o acoso contra las instituciones o su personal; en Haití se mencionan ataques contra la sede y el personal de la INDH; en Guatemala y México se informa sobre intentos de destitución del director de la organización. Se señala también que en Perú se ha dado el levantamiento de la inmunidad del personal de la INDH y hubo recortes presupuestarios.

Finalmente, indica que hay inquietud porque durante una década no se haya nombrado al Defensor del Pueblo en Argentina.

El texto señala que en los últimos dos años la oficina de la ONU para los Derechos Humanos “ha recibido un número creciente de denuncias de Defensorías del Pueblo, Procuradurías para la Defensa de los Derechos Humanos, Oficinas del Ombudsperson, que han sido acosadas y amenazadas por gobiernos, parlamentarios, funcionarios, grupos de autodefensa y otros, simplemente por hacer su labor y cumplir con su mandato”.

“El hecho de que hayamos recibido quejas de instituciones de casi una docena de países de la región es testimonio de la tendencia y la magnitud del problema”, señala Bachelet en el texto.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma que “la labor de las instituciones nacionales de derechos humanos independientes es crucial para cualquier sociedad” y destaca que “solo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos si son capaces de operar sin interferencias indebidas de gobiernos y otros, y son capaces de mantener su independencia”.

“Permítanme ser muy clara: estas instituciones, que trabajan estrechamente con mi Oficina y con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, no deben enfrentarse a ninguna forma de abuso o interferencia, y especialmente, presión política. Insto a los gobiernos de toda la región a que cumplan con sus responsabilidades y respeten y protejan la independencia de las INDH”, subrayó.

Bachelet reconoce que las INDH “pueden suponer un reto para los gobiernos porque, según sus mandatos, tienen el deber de poner de manifiesto las lagunas en la protección de los derechos humanos”, pero acota que también los gobernantes podrían “beneficiarse de sus evaluaciones independientes para ayudar a resolver los problemas de derechos humanos, un papel que cualquier sociedad democrática debería ensalzar”.

La alta comisionada hizo un llamado a que las autoridades establezcan “investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes y eficaces de todos y cada uno de los presuntos ataques, actos de represalia, amenazas o intimidaciones contra estas instituciones”.

Además, subrayó que, “en el contexto actual de la pandemia, las INDH desempeñan un rol aún más esencial, ya que tienen el deber adicional de garantizar un enfoque basado en los derechos humanos en la respuesta a la COVID-19”.

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