APROPIACIÓN DE TERRENOS

Avanzan las ocupaciones ilegales en el balneario Jaureguiberry

Secretario de la Liga de Fomento dice que el fenómeno es “escandaloso”. Ediles, vecinos, efectivos policiales y la Liga de Fomento local recorrieron la zona y quedaron impactados por lo que vieron

Ocupaciones ilegales en Jaureguiberry. Foto: El País.
Ocupaciones ilegales en Jaureguiberry. Foto: El País.

En noviembre del año pasado el diputado nacionalista Alfonso Lereté denunció la ocupación ilegal de decenas de terrenos por mes en el balneario Jaureguiberry, ubicado en el kilómetro 79 de la ruta Interbalnearia. Recientemente, ediles departamentales, vecinos, efectivos policiales y la Liga de Fomento local recorrieron la zona y quedaron impactados por lo que vieron. Lejos de haberse revertido el fenómeno, continúa con un vertiginoso aumento.

“Hay personas que son mandatadas por otros para alambrar determinadas zonas. Y después, por lo general, aparecen los contenedores. Lo que nos tiene bastante alarmados es el aumento de la población en estas ocupaciones, que ha sido muy rápido. Y por sobre todas las cosas, el daño ambiental”, declaró a El País el secretario de la Liga de Fomento de Jaureguiberry, Rafael Muñiz.

“Yo hace 26 años que vivo acá. Siempre ocurrió esto, pero antes era una cosa muy mínima, que se daba en baja temporada, en junio o julio, cuando aparecía algún terreno cercado. Pero el último año fue algo escandaloso: son cuadras y cuadras de alambrados y de terrenos ocupados. Después aparecen la retroexcavadora y los contenedores. Así se ha ido perdiendo el encanto que tenía el balneario, por el cual la mayoría de los vecinos lo elegimos, que era la tranquilidad”, agregó Muñiz.

El edil nacionalista de Canelones Fabián Colombo recibió varias denuncias de vecinos sobre presuntos delitos de usurpación de terrenos. Y con todas ellas, él mismo se presentó en el destacamento policial de Jaureguiberry.

Ocupaciones ilegales en Jaureguiberry. Foto: El País.
Ocupaciones ilegales en Jaureguiberry. Foto: El País.

“Constatamos en varios terrenos que recorrimos que se han puesto alambrados o mojones de una forma muy rápida. Y que hay personas con presunta documentación de derechos posesorios, pero en el medio de un bosque para tener esos derechos hay que llenar determinados requisitos. Hay denuncias hechas por los vecinos que conocen la zona, no solo en la seccional sino también en la Fiscalía. Elaboramos un documento que expusimos en la Junta Departamental. Y también hicimos nuestra propia denuncia”, declaró Colombo a El País.

El edil cree que detrás de esto “también hay una organización que se dedica a crear y a vender derechos posesorios”.

“Tenemos antecedentes de ocupaciones de terrenos de Salinas, Pinamar, Neptunia, San Luis Norte... Pero hay dos tipos de ocupaciones. Uno es el que hace la gente por necesidad de tener un lugar donde vivir. Y el otro es totalmente diferente, las personas van con camionetas 4x4”, señaló.

Según el legislador departamental, es la intendencia la que debería reaccionar para detener el avance del fenómeno.

“La Policía actúa y acompaña, a nosotros nos acompañó en este último recorrido. Donde vemos que está faltando la respuesta es en la parte de la intendencia. El alcalde salió los otros días a aclarar que él sí está interviniendo, pero si hay un presunto delito de usurpación, no va a hacer la denuncia a la seccional. Y la reacción de la intendencia es casi nula”, consideró el edil.

“Dicen que en terrenos particulares no pueden intervenir. Pero si yo pongo en una casa un negocio de venta de comida, después me van a venir a pedir el permiso de construcción y de bromatología. Ahí tienen un doble discurso sobre la capacidad que tienen de intervención”, concluyó Colombo.

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Grupos organizados detrás de los ilícitos

El tema de las ocupaciones ilegales en el balneario Jaureguiberry ha sido denunciado en el Parlamento Nacional por el diputado blanco Alfonso Lereté. Lo hizo el año pasado, pero el fenómeno no se detuvo.

El legislador dijo a El País que recorrió recientemente la zona junto a ediles, vecinos y policías, y que pudo constatar el avance de las ocupaciones.

Según Lereté, existe un tipo de apropiación ilegal “en la que participa un grupo bien organizado que incluye operador inmobiliario, agrimensores, escribano y constructores”.

“Cuando el empresario ocupa el terreno y luego construye, surgen los denominados derechos posesorios, que se venden al promitente comprador. En buen romance, interviene un escribano público para legalizar lo ilegal, ya que la posesión del bien nunca reviste más de un año (en algunos casos son días)”, indicó el legislador.

“Tampoco hay un recurso de prescripción. Y el hecho de no registrar la operación (compra-venta del derecho posesorio) aleja al empresario y a su comprador de la vista y observancia de la autoridad competente, la que debería velar por el cumplimiento de las normas en cuanto a la adquisición del bien (terreno) y la construcción de una vivienda”, agregó Lereté.

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