El gobierno sigue con la intención de traer a Uruguay antes de fin de año a otras siete familias sirias, compuestas por 73 personas, pese a que la agencia de los refugiados de la ONU (Acnur) considera "compleja" la situación de las cinco que ya están en el país.

La oficial regional senior de Acnur, Michelle Alfaro, que está instada en Argentina, fue objeto el martes en Juan Lacaze junto a funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de una agresión de parte del refugiado sirio Merhi Alshebli. Alfaro estuvo reunida con Alshebli en Juan Lacaze (Colonia) por dos horas intentando explicarle las dificultades prácticas que existen para que abandone Uruguay como pretende. Pero el refugiado se enfureció y agredió a los funcionarios y a Alfaro. La funcionaria de la ONU confirmó que estaba presente en el incidente y que estuvo con sus acompañantes cuando se realizó la denuncia policial por la agresión.

Alfaro no quiso entrar en mayores detalles pero reconoció que la situación de los refugiados es "compleja". Acnur tiene entendido que no se ha modificado la decisión del gobierno de traer a siete familias más antes de que termine el año.

Alshebli fue atendido en un centro asistencial y declaró ante la jueza letrada de Rosario. Nunca llegó a estar detenido y está de vuelta en su casa. Javier Miranda, secretario de Derechos Humanos, reconoció que durante el incidente "volaron objetos", aunque nadie resultó lastimado

El refugiado vive en una casa que le entregó Mevir en una parcela propiedad de la Dirección Nacional de Catastro con su esposa y trece hijos. En el predio instaló un invernadero y cría ovejas. Pero considera que el terreno no es suficiente para sus necesidades. La diputada oficialista de Colonia, Mercedes Santalla, dijo a El País que se han buscado alternativas en Salto y en Colonia Cosmopolita que todavía no se concretaron. La intención de Alshebli de abandonar Uruguay "llamó mucho la atención en la sociedad de Juan Lacaze porque de las cinco familias sirias que llegaron, la suya era la que mejor se insertó, aunque hay que entender que vienen de otra cultura y de la guerra", dijo la diputada por Colonia Mercedes Santalla, del MPP. "Tienen muchas demandas y reclamos", reconoció Santalla.

A principios de septiembre las cinco familias (que reúnen a 43 personas) habían protestado durante cuatro días frente a la Torre Ejecutiva y reclamaron abandonar el Uruguay. El gobierno logró convencerlas de que desistieran de su protesta.

Todos los hijos de Alshebli concurren a diferentes centros de enseñanza y hablan bastante bien español. Algunos van a escuelas de tiempo completo y otros a UTU. Dos de su hijas colaboran realizando tareas en el hogar de ancianos de Juan Lacaze y uno de los hijos trabajaba vendiendo tortafritas. Otros vendían productos de su huerta, y un varón estuvo trabajando en una empresa de la construcción en la Costa de Oro. Otros hijos permanecen en Siria y en un par de meses llegaría otra hija.

Darío Brugman, alcalde de Juan Lacaze, dijo a El País que "los gurises se han hecho querer; nosotros tenemos la traquilidad de que la sociedad lacazina les ha dado todo". "Pero no hay caso, el hombre (Alshebli) no se adapta. Quiere campo y ovejas y cerca de Juan Lacaze no hay campos libres", explicó Brugman.

Juan Lacaze es una localidad coloniense de 14.000 habitantes con una larga tradición industrial.

Siria está inmersa en una guerra que desde 2011 ha causado 230.000 muertos. El prolongado conflicto ha generado una ola de refugiados que busca llegar a Europa y, en particular, a Alemania. Brugman reconoce que seguramente esté incidiendo en la voluntad de irse de Uruguay de Alshebli la información sobre ese éxodo.

La llegada de refugiados sirios fue decidida por el gobierno de José Mujica, tras la visita del entonces canciller Luis Almagro a un campo de refugiados.

Uno de los seis refugiados que llegaron a Uruguay desde Guantánamo, el palestino Mohammed Tahamatan, recibió hace algunos días la visita de su madre y de su hermano. Los pasajes para que llegaran los pagó la Cruz Roja Internacional y permanecieron dos semanas antes de retornar a la ciudad de Ramala donde viven, contó a El País Christian Mirza, que es el nexo entre el gobierno y los refugiados. "La Cruz Roja actuó de manera muy profesional. Todo se desarrolló sin problemas", aseguró.

Los refugiados, que están instalados en sus respectivos apartamentos, continúan estudiando español y han recibido documentación para viajar, en caso de que lo quieran. En las próximas semanas se hará una evaluación general de su programa de inserción. Hasta ahora ninguno de los seis refugiados de Guantánamo (cuatro sirios, un palestino y un tunecino) trabaja. Por el momento reciben dinero del Estado en el marco de un acuerdo entre el gobierno y Sedhu, una organización que representa en Uruguay a la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Gobierno mantiene plan para traer a otras siete familiasJUAN PABLO CORREA