A diferencia del Poder Judicial, que no existe en el Presupuesto que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento, la Fiscalía General de la Nación —creada como servicio descentralizado en agosto de este año sustituyendo a la Fiscalía de Corte— obtiene prácticamente el 100% de lo que solicitó.

La incompatibilidad fue marcada por legisladores de la oposición que advirtieron el peligro de poner a rodar un nuevo Código del Proceso Penal (CPP) con un Ministerio Público recargado y una defensa pública debilitada. "En lo que refiere a la igualdad de las partes en el proceso y las garantías de los imputados me preocupa que no se deje en desamparo a la defensa pública", planteó el colorado Ope Pasquet.

El nacionalista Pablo Abdala cuestionó, en tanto, que se destinen unos US$ 6 millones anuales para la creación de 132 nuevos cargos en la Fiscalía General.

"El gobierno está diciendo que todo aquello que tenga costos vinculado con la implementación del nuevo proceso penal habrá de sufrir una postergación, esto parece contradecir ese mensaje que se ha dado al país", aseguró Abdala y se preguntó por qué "no hay un correlato en lo que respecta al refuerzo presupuestal que obviamente debería tener el Poder Judicial para la implementación del Código Procesal Penal".

Las observaciones volvieron a llevar a la sala una discusión ya dada: si efectivamente la Fiscalía debería ser lo que hoy es. "Esto tiene un espejo, que es la Defensoría, y tenemos el compromiso de trabajar para no generar un desbalance. De todos modos, ese desbalance lo generamos en el momento en que votamos la creación de este servicio", opinó el frenteamplista Pablo González.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que su misión era que la institución esté preparada para cumplir con la función que el CPP le asignó y que quiere que la misma "crezca pero no engorde". "Pretendemos una institución fuerte, potente, altamente eficaz y eficiente, pero con las dimensiones adecuadas para sus necesidades", dijo Díaz.

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