ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

Sirios: piden explicación por extensión de asistencia

Diputado Abdala llama al Parlamento al director de DD.HH.

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Una de las refugiadas intentó quitarse la vida luego de recibir imágenes sangrientas de su familia.

El diputado nacionalista Pablo Abdala convocará al flamante director de Derechos Humanos, Nelson Villarreal, a la Comisión de Población y Desarrollo Social para que explique la prórroga que se resolvió aplicar a la asistencia económica y técnica que se brinda a las familias sirias, ya que considera que "se aparta de lo anunciado" y "es ilegal".

El próximo 31 de octubre vence el contrato por el cual el Gobierno se comprometió a brindarle a las cinco familias de refugiados sirios que llegaron al país pocos días antes de las elecciones nacionales en 2014, asistencia técnica —asistentes sociales, intérpretes y psicólogos— y económica para facilitar su inserción en la sociedad.

Según habían informado a El País en la Secretaría de Derechos Humanos, las cinco familias que suman 42 integrantes, cuentan con características diferentes y "están en niveles de inserción diferentes", ya que algunas han logrado obtener trabajos estables, los niños están insertos en el sistema educativo y "pueden desarrollar un proyecto autónomo", pero en otros casos "falta recorrer caminos".

En ese contexto, finalmente se resolvió extender la asistencia por un año. Las familias reciben unos $ 36.000 mensuales fijos cuando no tienen más de seis integrantes, y $ 70.000 cuando superan los diez.

Abdala consideró que el anterior director de la Secretaría y hoy presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, "había asegurado categóricamente en el Parlamento que esa asistencia culminaría a los dos años, y los partidos políticos estuvimos de acuerdo en que el programa terminara indefectiblemente en ese plazo".

Argumentos.

Una de las razones por las que se acordó que el plan de asistencia culminaría 24 meses después es por la misma que hoy Abdala considera que extender el plan es ilegal.

"Implica asignar recursos públicos sin previsión legal y, en la medida que habría una prórroga, se convertiría en una asignación de carácter permanente. Nada de eso fue autorizado por ley. Esto es como un gasto presupuestal, pero además es una afectación del principio de igualdad", dijo Abdala, quien remarcó que el Partido Nacional en su momento le dio "un apoyo crítico" al plan.

El diputado nacionalista considera que extender la asistencia no importa si es económica o técnica, "es una discriminación que se hace en función de determinadas personas y eso implica afectar la igualdad del resto de los uruguayos que tienen derecho a recibir lo mismo". "Si se hace es porque se trata de un interés general, pero deberíamos discutirlo en cualquier caso, y por eso es necesario que esto tenga estado parlamentario", apuntó.

Aunque el gobierno de José Mujica se había comprometido ante la Organización de Naciones Unidas a recibir un segundo grupo de familias sirias compuesto por 72 refugiados, el año pasado —tras la asunción de Tabaré Vázquez— la iniciativa fue descartada. Es que algunas de las familias han presentado casos complejos para el Gobierno. El año pasado durante cuatro días las familias realizaron una protesta frente a la Torre Ejecutiva en reclamo a ser trasladadas a otro país. En algunos casos se han dado situaciones de violencia.

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