PROTESTA SINDICAL

Una polémica resolución del directorio de UTE -utilizar una sociedad anónima del ente para poder contratar personal bajo el régimen de derecho privado- generó un paro de 24 horas de los funcionarios del ente con una ocupación del centro de Telegestiones, que se realizará este miércoles.

La medida de UTE tuvo el voto en contra del director colorado José Amy y se concreta en año electoral, a meses de un cambio de gobierno. Permitirá contratar empleados mediante esa sociedad anónima: ellos no tendrán las garantías de los funcionarios públicos y los podrán despedir sin mayores trabas, como en cualquier empresa privada.

La resolución “es un disparate” y el directorio “no dio la más mínima chance” de discutir con el sindicato, dijo a El País Gabriel Soto, dirigente de la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE). “Están desesperados por sacarlo ahora antes de las elecciones y es un directorio que está para irse, es rarísimo”, agregó Soto, quien no entiende por qué “tanto apuro”.

La ocupación de este miércoles será en Telegestiones porque allí se empezará a aplicar este nuevo sistema. AUTE dice que está decisión trae “el clientelismo político” a la empresa pública, así como el “amiguismo” y las “privatizaciones”, ya que hay retrocesos en transparencia y garantías.

De todos modos, Soto dijo que hoy en UTE el nivel de tercerizaciones ya es “enorme”, con más de 3.000 empleados en esa condición, contra 6.600 funcionarios. Además, hay “terrible” faltante de personal por recortes desde hace cinco años, lo que ha repercutido en un descenso de los indicadores de servicio “por debajo de los niveles aceptables”.

El País intentó consultar a UTE por este tema, pero desde la secretaría del presidente Gonzalo Casaravilla no hubo respuesta.

La historia arrancó el año pasado, cuando el director de UTE Walter Sosa presentó una moción para que se analice la posibilidad de que UTE constituya una empresa “en el marco del derecho privado” para contratar personal que hasta entonces realizaba tareas para el ente por intermedio de empresas de suministro de mano de obra. Eso, según el acta a la que accedió El País, permitiría “mejorar las condiciones de trabajo y disminuir las brechas salariales con respecto a los funcionarios, consumiendo parte de las ganancias de las actuales empresas privadas y propiciando con ello un mejor entorno de trabajo”.

Con el voto en contra de Amy, el directorio aprobó en diciembre una moción en la que encomienda a la Asesoría Técnico Jurídica, en coordinación con las gerencias de Dirección Operativa y de Servicios Corporativos, las gestiones conducentes “a la constitución de una sociedad anónima” y planificar su comienzo de funcionamiento.

Pero había un problema. Un informe de la Gerencia Asesoría Legal y Notarial decía que “no es posible constituir una sociedad anónima cuyo objeto sea la contratación y suministrar personal a UTE o terceros”, ya que el artículo 190 de la Constitución dice que los entes autónomos “no podrán realizar negocios extraños al giro que les asignan las leyes ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”.

Y el artículo 188 no fija dentro de sus competencias la constitución de una sociedad “con el objeto de contratar personal para a su vez suministrarlo a otras empresas”. Pero UTE sí puede prestar servicios de asesoramiento y asistencia técnica. Así, el directorio concluyó que la empresa “puede constituir una sociedad que se rija con el derecho privado y luego contratar con esta para que la sociedad realice determinadas tareas”.

Se aclara en la resolución a la que accedió El País, firmada en diciembre pasado, que UTE “no contrataría el personal, sino que contrataría con la sociedad anónima la prestación de determinada tarea u obra”.

En marzo una resolución firmada por Casaravilla, y difundida después por el portal Sudestada, dispone utilizar la sociedad Solfiral de la que UTE es titular y que no tiene actividad.

Esa sociedad había sido constituida por el ente para “llevar a cabo proyectos eólicos” y se dispuso la modificación de uno de los artículos del estatuto de la sociedad.

Amy, el director colorado, dijo a El País que no es “ni necesario ni oportuno” crear esta sociedad anónima y que además los antecedentes en otras empresas públicas “no han sido buenos”.

En febrero Amy dejó constancia en el Directorio que toda esta “estratagema” tiene el único objetivo de “eliminar una intermediación de privados, inventando una sociedad de UTE para por vía oblicua o indirecta contratar por esta sociedad personal para prestarse servicios a sí mismo”.

Además, dijo que se eliminaría la transparencia y se abriría la puerta “a la discrecionalidad para la contratación de personal”.

Casaravilla también habló del tema en el Directorio y dijo que el objeto de la sociedad anónima es “mejorar la situación de las tercerizaciones”. Sosa, otro de los directores, apuntó que “el objetivo es contratar la cantidad de personal requerida, obtener ahorros, mejorar la prestación de servicios, mejorar condiciones de trabajo y salarios”, consumiendo la ganancia que no están “obligados a mantener”.