MONTEVIDEOGAS

El sindicato de MontevideoGas inicia acciones para preservar la actividad de la distribuidora de gas por cañería en Montevideo, a la que considera comprometida luego de que quedara sin efecto el acuerdo que tenía Shell con Ancap para intentar reactivar la regasificadora que quedó trunca en 2015.

El sindicalista Alejandro Acosta dijo a El País que se planteó a la bancada oficialista, por ejemplo, que se baje la Tasa Consular que se aplica a la importación del gas natural argentino que utiliza MontevideoGas. El sindicalista dijo que no quieren que Petrobras (operadora de MontevideoGas) pueda esgrimir las dificultades que ha encontrado el proyecto de la regasificadora para retomar su idea de congelar salarios y realizar envíos al seguro de paro. El 30 de junio próximo vencerá un convenio que dejó en suspenso esa posibilidad hasta esa fecha. MontevideoGas tiene unos 190 empleados y sigue perdiendo usuarios, dijo Acosta.

El sindicato será recibido el próximo lunes por el directorio nacionalista. El diputado blanco Pablo Abdala, que propició la comisión investigadora sobre la regasificadora, dijo a El País que el sindicato debería centrarse más en lograr que Petrobras cumpla sus compromisos, como el pago del canon que debe volcar al Estado. Para Abdala, en torno a la regasificadora, el gobierno "construyó un discurso virtual".

Según Abdala, el Estado ha destinado US$ 2 millones desde 2014 a un grupo de 21 pescadores como compensación porque su actividad iba a ser afectada por la regasificadora, pero esos pagos deberían haber sido suspendidos porque la obra está detenida desde 2015. "No hay proyecto, no hay obras, no hay nada desde febrero de 2015. El gobierno está empecinado y sigue sin reconocer que el proyecto fracasó", señaló Abdala. Para el legislador hay que asumir que la matriz energética cambió en Uruguay y un eventual nuevo proyecto de regasificación debería ser de menor porte. Para Abdala, la distribución de gas natural por cañería puede seguir siendo viable en la medida en que Argentina ha seguido cumpliendo sus compromisos de envío hacia Uruguay.

Abdala cree que debe eliminarse ya Gas Sayago, la sociedad conformada para impulsar el proyecto entre UTE y Ancap, que tiene un costo de funcionamiento anual de US$ 10 millones.