Golpe en la mesa

Están molestos porque debieron pagar un correctivo salarial que entendían que no correspondía.

Las gremiales rurales más representativas patearon el tablero y se retiraron de los Consejos de Salarios molestas con lo que consideran decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo. La medida supone un capítulo más de la cadena de desencuentros que las gremiales del agro han mantenido con el gobierno en este año.

Un comunicado firmado por la Asociación Rural, la Federación Rural, las Cooperativas Agrarias Federadas, la Asociación Nacional de Productores de Leche y la Asociación de Cultivadores de Arroz marcó su preocupación respecto a dos puntos: la aplicación de un correctivo salarial que entienden no está justificado a partir del 1º de julio y el largo conflicto de Conaprole. "No ofreciendo el Poder Ejecutivo a las gremiales empresariales del grupo 22 las garantías y condiciones necesarias para continuar esta ronda de consejo de salarios, las mismas comunican el día de la fecha (14 de agosto) el retiro de dicho ámbito", dice el comunicado. Y anuncian que se volverán a presentar a la negociación salarial tripartita cuando los dos planteos estén resueltos.

Gonzalo Valdés, representante de la Asociación Rural en las conversaciones, explicó a El País que la delegación empresarial se reunió varias horas con funcionarios del Ministerio de Trabajo y como no se pudo labrar un acta de desacuerdo entregaron un documento en el que se dejaba claro que no había un desacuerdo con los sindicatos de trabajadores rurales sino que se rechazaba una decisión considerada "arbitraria" del Ejecutivo.

El gobierno había decretado en 2016 los aumentos para dos años para los trabajadores de la ganadería, el arroz, la lechería y otros sectores porque no se había llegado a un acuerdo entre el Ejecutivo, los sindicatos y el sector privado. Durante la mayor parte de vigencia del decreto no se aplicaron correctivos porque no correspondían en función de la inflación verificada pero el Ejecutivo decidió aplicar un correctivo de 2,02% con retroactividad al 1º de julio para el sector ganadero y de 2,52% para el sector arrocero y los tambos, que el sector privado entiende que no correspondían de acuerdo a los criterios definidos en el decreto de 2016. La situación planteada implica que no comience una nueva ronda de negociaciones.

"El Ejecutivo no nos da garantías suficientes. Estamos dispuestos a volver una vez que se solucione esta circunstancia", dijo Valdés.

Las gremiales enfatizan en la compleja situación del empleo y el asunto fue objeto de la charla que mantuvieron sus dirigentes en la tarde con el ministro de Economía, Danilo Astori. En la reunión estaban Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz; Wilson Cabrera, titular de la Asociación Nacional de Productores de Leche; Ignacio Cabrera, directivo de la Federación Rural; Pablo Zerbino, presidente de la Asociación Rural y Fernando López, de la Comisión Nacional de Fomento Rural (pequeños productores). Lago dijo a El País que Astori señaló que el asunto del correctivo sería analizado en el seno del gobierno. En el encuentro las gremiales también se mostraron inquietas porque hay intendencias del interior que no están aplicando la rebaja de la Contribución Inmobiliaria Rural, que el gobierno dispuso el año pasado y se analizó la implementación de seguros para los cultivadores de soja.

Pero el empleo fue un tema central. Lago señaló que en el sector arrocero trabajaron en la zafra pasada 3.000 personas y en esta lo harán solamente 1.500. El resto están en el seguro de paro. Según Lago, el área a sembrar caerá este año 30% con respecto a dos zafras atrás y hay problemas de competitividad. Y se ha visto reducido el empleo en los molinos de arroz, donde en momentos "pico" trabajaban 3.000 personas.

El otro motivo del alejamiento de las gremiales de los Consejos de Salarios es el largo paro en Conaprole, el principal exportador del país. Ayer el director de Trabajo, Jorge Mesa, estuvo reunido horas con la Federación de la Industria Láctea y si bien no quiso hacer mayores comentarios, consideró que se está cerca de llegar a un acuerdo. Los términos exactos que deberá tener la cláusula de paz por tres años que pretende la cooperativa es el punto que hasta ahora impide un acuerdo. En Conaprole se observa con preocupación que el conflicto se prolonga y afecta la realización de auditorías de socios extranjeros de la empresa, en las que ha debido participar personal jerárquico. El sindicato de Conaprole está realizando paros de una hora por turno y no realiza horas extras, lo cual perjudica la elaboración de subproductos como postres y yoghurts. El viernes paró 24 horas la planta sobre ruta 5, que atiende el mercado interno.

La empresa recibió, como otras, una carta del Instituto Nacional de la Leche, para sondearla respecto a la posibilidad de que envíe materia prima a la empresa Pili de Paysandú que solicitó concurso, pero ya hizo saber que no está en condiciones de hacerlo.

Alfredo Lago

El arroz pierde área y empleos

Aunque el precio del gasoil que utiliza el sector arrocero se ha aproximado a la paridad de importación, persisten los problemas de competitividad en el sector, sostiene el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago.

Los altos costos de producción y el bajo valor del cereal, más la caída del rendimiento del último año, generan una situación que ha llevado a una caída del área de cultivo y, por lo tanto, de los servicios y empleos vinculados.

Los cultivadores entienden que es fundamental reducir los costos del secado, el almacenamiento, la industrialización y la logística para mejorar el precio que recibe el productor. En 2017 el arroz representó el 5% de las exportaciones de Uruguay. Se vendieron al exterior US$ 448 millones del cereal.

en "forma urgente"

Carta a Vázquez pidiendo salida

Los tres diputados de Paysandú, Cecilia Bottino, del Frente Amplio; Nicolás Olivera, del Partido Nacional y Walter Verri, del Partido Colorado, le enviaron una carta al presidente Tabaré Vázquez en la que le pedían "su directa e inmediata intercesión" para que en "forma urgente" se liberaran los fondos para pagarle a los tamberos y trabajadores de Pili. El presidente firmó ayer por la tarde la resolución correspondiente. "Resuelta esta emergencia, con la empresa funcionando, es necesario alcanzar acuerdos efectivos que viabilicen la remisión de más leche para ser procesada", sostenían los legisladores en la misiva enviada. La situación de Pili involucra a 600 familias, advirtieron los diputados.