LOS GREMIOS Y EL GOBIERNO

Públicos apelan a la cláusula gatillo para analizar ajuste salarial por inflación de 10%

Los sindicatos de funcionarios estatales pidieron al gobierno que convoque al Consejo Superior del Sector Público para que, entre otros temas, se analice la cláusula que dispara el mecanismo.

Los gremios del sector público pidieron al gobierno la convocatoria de la primera reunión del consejo superior. Foto: Gerardo Pérez
Los gremios del sector público pidieron al gobierno la convocatoria de la primera reunión del consejo superior. Foto: Gerardo Pérez

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Marzo de 2016. Empezaba el segundo año del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, la relación con los sindicatos venía complicada y entonces se encendieron las alarmas: la inflación superó la famosa barrera del 10%. En aquel entonces los gremios de trabajadores públicos pidieron al Poder Ejecutivo un ajuste salarial para evitar la pérdida de poder adquisitivo.

¿En qué se basaban? El artículo 4 de la ley de Presupuesto de 2010, aprobado en el inicio del gobierno de José Mujica, eliminó la cláusula gatillo con una corrección automática cuando la inflación llega al 10%, pero estableció otra que dice que si eso sucede debe convocarse al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público para “compartir información y analizar las medidas más adecuadas a adoptar”, entre otras disposiciones. Ese artículo es citado en los convenios colectivos siguientes, incluso los que están vigentes, y se deben seguir las condiciones previstas.

En 2016 los sindicatos pidieron que se otorgara un adelanto de 2,5% a cuenta del siguiente ajuste, entre otras alternativas. Pero el entonces ministro de Economía, Danilo Astori, respondió que no porque la inflación de dos dígitos era “algo circunstancial”, que “se corregiría en los próximos meses”, según publicó entonces El Observador. El tiempo le dio la razón: el Índice de Precios al Consumo (IPC) estuvo arriba del 10% hasta julio y luego bajó.

Cuatro años después la historia se repite pero con un gobierno de otro signo: el presidente es Luis Lacalle Pou. Con una inflación de 10,86% en la medición de 12 meses hasta abril (este miércoles se conocerá el dato de la inflación de mayo), la misma cláusula será planteada -entre otros temas- por los sindicatos estatales al gobierno, en una reunión del consejo superior del sector público que se convocó para mañana jueves a pedido de los trabajadores y el mismo día en que el Pit-Cnt llevará adelante un paro general parcial con movilización frente al Palacio Legislativo.

En el encuentro participarán delegados de distintas ramas de sindicatos públicos (Administración Central, entes y empresas públicas, enseñanza, funcionarios municipales, judiciales e Intergremial Universitaria) y del otro lado los ministerios de Trabajo y de Economía, así como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Oficina Nacional del Servicio Civil.

“Nosotros vamos a ir a escuchar y tomar nota”, dijo a El País el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. El gobierno no tiene propuestas a presentar a los funcionarios públicos y para eso esperará a que se discuta el proyecto de Presupuesto.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, este viernes. Foto: @MTSSuy
El ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Foto: @MTSSuy

Mieres no está al tanto de la cláusula de la inflación, pero los sindicatos la tienen bien presente. En los últimos días charlaron el tema en las conversaciones de WhatsApp y el lunes hicieron una puesta a punto en una reunión del sector público en el Pit-Cnt.

Allí definieron que lo de la inflación será uno de los temas que estará sobre la mesa este jueves. El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López, dijo a El País que se debe analizar con el gobierno si la inflación de dos dígitos es “coyuntural o estructural”.

En concreto, los convenios colectivos del sector remiten al mencionado artículo 4 del Presupuesto de 2010, que dice que si la inflación llega a los dos dígitos se debe “compartir información y analizar las medidas más adecuadas a adoptar”. Y después establece que en estos casos, el Poder Ejecutivo queda habilitado a aplicar en el siguiente ejercicio financiero dos ajustes salariales semestrales. Y agrega que si en ese ejercicio la variación acumulada del IPC en los meses posteriores al ajuste de las remuneraciones y hasta la mitad del período fuere superior al 10%, el Poder Ejecutivo dispondrá un nuevo ajuste en el mes siguiente.

Postura.

“Vamos a discutir” un nuevo aumento “y no nos entregamos de antemano, vamos a analizar la situación”, afirmó López. Pero también admitió que los sindicalistas son “conscientes de la situación económica compleja del país”, con miles de trabajadores del sector privado en seguro de paro. Esto es, un ajuste para los públicos en este contexto sería una señal negativa. “Sabemos que es difícil un ajuste en este contexto, hoy es difícil hacer una corrección antes del próximo aumento para que la pérdida no sea tan pronunciada, pero hay que cumplir con esta instancia”, afirmó López.

El secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), Mariano Pouso, es algo más firme que su compañero. “Rige esa cláusula y tenemos que sentarnos a conversar sobre la posibilidad de un nuevo ajuste salarial", afirmó el sindicalista.

Para Juan González, integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt y presidente de la Asociación de Funcionarios Postales, esta cláusula deberá ser tenida en cuenta debido a que “nadie sabe qué va a pasar este año ni el año que viene” con la inflación. “Nosotros tenemos que preservar el poder de compra para no perder salario”, afirmo.

Pero lo de la inflación no será el único asunto: la reunión servirá para sentar la base de la relación entre el Poder Ejecutivo y los trabajadores públicos, con convenios que vencerán a fin de año.

Los sindicatos querían que el encuentro fuera antes pero el contexto de la pandemia no lo permitió. Y quieren que se definan los lineamientos generales de la discusión, así como la forma en que se aplicará la ley de negociación colectiva en el sector público.

Además, quieren analizar el panorama de cara a la próxima Rendición de Cuentas y el Presupuesto Nacional, así como definir elementos de funcionamiento antes de que se abra la negociación por ramas de actividad. Los funcionarios públicos tuvieron un aumento salarial de 8,79% en enero pasado y sus sueldos se deben ajustar otra vez en enero de 2021.

“Vamos a ver qué línea se baja desde el Poder Ejecutivo”, dijo González, quien se imagina un escenario complejo, aunque dice que en el gobierno anterior no todo fue color de rosa y hubo conflictos muy duros. “Estamos preparados para lo que venga, aunque no lo deseamos. Ya se han planteado recortes en relación a las empresas”, indicó. Y mencionó la marcha atrás en la presupuestación de 857 funcionarios de Antel: “Fue una señal para la tribuna”.

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