CONFLICTIVIDAD

La verificación de las firmas llevará unas dos semanas.

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay entregó ayer al caer la tarde a la Suprema Corte de Justicia una cantidad de firmas de adhesión al convenio que el gremio rubricó con el gobierno, que la dirigencia sindical cree que serán suficientes para que definitivamente quede atrás el conflicto que ya lleva 7 años, originado por el "enganche" de los salarios de los trabajadores con los de los ministros tanto de Estado como de la Suprema Corte de Justicia. Ese "enganche" implicaba incrementos para los judiciales que el gobierno procuró postergar en varias ocasiones

No fue fácil llegar a las adhesiones necesarias entre los trabajadores. Hacia las 15 horas no se había llegado al 80% de firmas necesario. Faltaban una veintena que llegaron en la tarde en ómnibus desde Tacuarembó.

Sandino Schiavone, dirigente del gremio, dijo a El País que el proceso de verifica-ción de las firmas llevará un par de semanas. Schiavone dijo que probablemente el decreto de febrero pasado que reglamentó el artículo 15 de la Rendición de Cuentas y que, en los hechos, postergaba hasta el próximo gobierno el cobro de los trabajadores que obtuvieran una sentencia favorable a sus reclamos, incidió para que se sumaran más adhesiones.

La fórmula que el gobierno ofreció al sindicato en diciembre pasado suponía que los cargos más altos percibirían el 57% de la deuda y los funcionarios ubicados más abajo en el escalafón el 65%. La fórmula implica que el Estado pague unos US$ 50 millones durante dos años. El aumento salarial que recibirán en promedio los trabajadores rondará los $ 2.500. En porcentaje el incremento equivale a 18,8%.

El acuerdo establece beneficios extrasalariales como lentes, prótesis y órtesis del Banco de Previsión Social para los judiciales, y un incremento a 14 semanas de la licencia por maternidad. Por concepto de la "deuda" acumulada a cada trabajador le corresponderían este año unos $ 98.000 y una cifra algo inferior en 2019.

En diciembre el sindicato había presentado un recurso de inconstitucionalidad, que luego dejó en suspenso, contra el artículo de la Rendición de Cuentas que el gobierno logró aprobar el año pasado, que en los hechos postergaba sin fecha los pagos a los judiciales. Estos ya tenían una sentencia favorable del 23 de diciembre de 2012 que obligaba al Estado a pagar la deuda. La oposición criticó con dureza al gobierno en varias oportunidades por el tema, por entender que lo que ocurría se debía a su imprevisión.

Poder Judicial, Funcionarios judiciales, Conflicto salarial, Artículo 15, Rendición de Cuentas