ENTREVISTA

Juan Manuel Rodríguez: “El conflicto del gas va a seguir, las posiciones están muy firmes”

El experto en temas laborales alertó que el movimiento sindical reconoce las resoluciones de la Justicia, pero en el caso de la ocupación con control obrero de Montevideo no las acató. A su juicio, en el largo plazo esa decisión no favorece a los trabajadores.

"El tema de las ocupaciones todavía está por resolverse", dijo Juan Manuel Rodríguez. Foto: Darwin Borrelli.
"El tema de las ocupaciones todavía está por resolverse", dijo Juan Manuel Rodríguez. Foto: Darwin Borrelli.

Juan Manuel Rodríguez, experto en temas laborales, recordó que el Pit-Cnt no acepta las condiciones que promueve la OIT en cuanto a las ocupaciones. También advirtió que UPM mirá con atención el episodio de la gestión obrera aplicada por el sindicato del gas.

-¿Cómo se explica la toma de control obrero de MontevideoGas por parte del sindicato lo que claramente, según todos los expertos en derecho laboral, no está dentro del derecho de huelga?

-Primero para entender lo que pasó hay que ver que esto tiene una larga historia y que me gustaría sucintamente reseñar. En primer lugar el sindicato dice que la empresa quiere irse del país, que no hace inversiones, que no atiende a los consumidores, por eso tiene sistemáticamente gente que se baja (del servicio) y que eso sea, probablemente, la explicación de que tenga problemas económicos.

A su vez la empresa dice que los números no le dan por eso ha despedido a una persona, mandó 20 al seguro de paro y anunció el despido de 37 más y este último hecho es el que genera todo este conflicto.

Petrobras tiene dos empresas de distribución de gas por cañería en Uruguay, en un caso hizo una denuncia ante la Corte Internacional de Arbitraje, que es parte de la Cámara de Comercio Internacional (CCI),  pidiendo su desvinculación de una de ellas, que es Conecta, por incumplimiento de Uruguay.

El incumplimiento de Uruguay es que le había prometido que iba a tener gas a bajo costo y en abundancia y no lo cumplió porque finalmente no pudo construir el gasoducto al que se había comprometido. Petrobras dice que eso es un incumplimiento de Uruguay y quiere retirarse de la empresa y pide que Uruguay le amortice US$ 50 millones.

La CCI no le da la razón a la empresa. Pero el sindicato entiende que esto indica que Petrobras quiere irse de Uruguay. Es probable que alguna de estas cosas sea cierta. Es decir que Petrobras, al bajar el negocio de Uruguay por la inexistencia del gasoducto, haya decidido no hacer inversiones y es probable que como los números no dan tenga que tenga que, para equilibrar los números, hacer despidos.

Lo cierto es que esto lleva a un enrarecimiento de las relaciones laborales, donde por un lado la empresa dice que los números no le dan y toma medidas de ajuste y, por otro, el sindicato se resiste a las medidas de ajuste que bajan ingresos. Ante esta situación, el sindicato el 15 de marzo toma la decisión de ocupar y tomar la gestión obrera de la empresa.

Ante este anuncio, la empresa inicia una gestión de amparo preventiva ante la Justicia. Por qué hace un amparo preventivo, porque según la empresa, por el solo hecho de que se concrete la gestión obrera se podrían producir perjuicios en función de lo que piensa la empresa. Entonces, qué hace la Justicia. Convoca a las dos partes a que fundamenten sus opiniones. La empresa explica la situación económica que tiene, pero dice que nunca va a abandonar el servicio y dice que a todos los afiliados, que muchos son hospitales, les va a mantener el suministro de gas.

Lo que dice el sindicato es la empresa no hace inversiones, por eso empeora, porque no tiene una gestión empresarial adecuada, Pero cuando el juez le pregunta si ellos están en condiciones de gestionar toda la empresa, el sindicato admite que no tiene todas las habilidades para gestionar todas las secciones de la empresa.

Basada en estas manifestaciones la Justicia dice que, en primer lugar, la gestión obrera está prohibida por un decreto del 2006 que reconoce que la ocupación es una medida legal de extensión del derecho de huelga, pero que en ningún caso implica que el sindicato puede tomar la gestión obrera, y luego fundamenta por qué el control obrero tiene una serie de problemas basada en lo que afirma el propio sindicato que es que no tiene todas las habilidades para hacerlo.

Qué pasaría si en el período de gestión obrera hubiera un accidente provocado por la gestión obrera o provocado por cualquier otro factor. Lo que dice el juez es que los seguros dejarían de tener valor con lo cual quién asumiría los costos del accidente. Este es un factor económico que se suma a los legales que entienden que la gestión obrera no está admitida en la legislación uruguaya.

Entonces finalmente la Justicia no acepta la gestión obrera. Pese a eso el sindicato decide ocupar con gestión obrera ante lo que la Justicia, obviamente, exige al Poder Ejecutivo que ejecute la decisión tomada. Varios ministerios, sobre todo el de Trabajo, dicen que no pueden intervenir directamente porque la palabra la tiene la Justicia, pero el Ministerio del Interior habla con los trabajadores y aquí, más allá del respaldo que el Pit-Cnt le da a la decisión que toma el sindicato del gas, finalmente no se da el desalojo porque el sindicato decide abandonar la ocupación.

Lo cierto es que finalmente en esta etapa hasta hoy (por ayer) el conflicto termina en esta forma. El sindicato obviamente lo va a continuar con otra medida que ya anunció que es una huelga de hambre que comienza el martes.

-¿Cómo evalúa la actitud del Pit-Cnt de apoyar el control obrero pese a que es ilegal?

-El movimiento sindical dice que reconoce a la Justicia, pero en los hechos no acata sus resoluciones. ¿Esto es reconocerla? Entendámonos, quién utiliza más a la Justicia los empresarios o los trabajadores. Son los trabajadores quienes hacen muchísimas más demandas por incumplimiento empresarial de la legislación o de los convenios.

Es el movimiento sindical el que siempre se ha amparado en la Justicia. Tomar medidas que debiliten a la Justicia difícilmente a largo plazo favorezcan al movimiento sindical, favorezca lo que ha sido su forma de actuar histórica. Digo esto porque el movimiento sindical no dice que desconoce la Justicia, dice lo contrario, dice que la acepta, pero en los hechos si no se acata. Este es un problema que visto desde el largo plazo tiene consecuencias complicadas.

-¿Por qué el Pit-Cnt avala la decisión si no es legal?

-Hay que mirar cuáles son los sindicatos que van a apoyar expresamente la ocupación y el control obrero. Son solo de algunas corrientes y se verá que son de algunas corrientes determinadas. Eran COFE, salud pública, Adeom y Marcelo Abdala en particular como miembro del secretariado. Por qué el Pit-Cnt respalda la decisión del sindicato del gas, no lo sé.

-¿Qué consecuencias cree que puede tener este episodio?

-El tema de las ocupación yo creo que ha tomado y va a tomar seguramente en la campaña electoral una relevancia grande porque una ocupación con control obrero, uno puede decir no todas las ocupaciones son con control obrero, es una medida excepcional.

-La Organización Internacional del Trabajo (OIT) no avala este tipo de medidas.

-No hay que olvidarse que hubo una visita no hace mucho tiempo de la OIT a Uruguay en donde reconoció que la ocupación es un derecho de los trabajadores, pero en ciertas condiciones. Esas condiciones, entre otras cosas, son, primero, que sea pacífica; segundo, que permita el derechos al trabajo de los trabajadores que no estén de acuerdo con la ocupación y la huelga y, la tercera, que puedan ingresar los gerentes y la dirección de la empresa. Cuando esto lo plantearon hubo dirigentes del Pit-Cnt que dijeron, “esto es imposible”.

Si los trabajadores que quieren trabajar van a hacerlo, los que quieren hacer la huelga no pueden hacerla y, además, generalmente, en las ocupaciones se impide el ingreso de los gerentes y los propietarios de la empresa, lo cual la OIT dice que debe admitirse por eso hubo dirigentes del Pit-Cnt que dijeron que eso es impracticable. Aquí hay un tema que todavía está por resolverse en Uruguay en el que claramente hay una posición de la OIT que marca muy claramente cuáles son las alternativas ante esta situación.

-¿De aquí en más hay una señal clara de que ciertos límites no se pueden pasar?

-En Uruguay los actores son independientes. Más allá que gente del Partido Nacional o del Partido Colorado diga que el movimiento sindical es un apéndice del gobierno, es muy difícil sostener eso. El movimiento sindical, según los períodos, le hizo a veces más huelgas al Frente Amplio que a blancos y colorados en gobiernos anteriores.

A mí me da la sensación que con lo que hoy está planteando Petrobras si mantiene su postura, que es muy firme, probablemente el sindicato siga tomando medidas. Yo creo que este conflicto todavía tiene un largo camino porque las posiciones están muy enfrentadas y porque que las partes están muy firmes.

“UPM sin duda está leyendo esto muy atentamente”

-Para el gobierno la ocupación con control obrero de MontevideoGas ha sido una prueba de fuego teniendo en cuenta al acuerdo laboral que se negocia con UPM.

-Yo creo que sí porque hay que tener en cuenta que la inversión de UPM no es la primera gran inversión que se ha efectuado en el país en los últimos años. ¿Qué pasó con las inversiones del pasado? Uno tiene que tener en cuenta que seguramente UPM las conoce y sabe que en la ejecución de todas ellas hubo retrasos y que hubo conflictos sindicales que dieron lugar a juicios en algunos casos en tribunales internacionales.

Estos juicios fueron por decenas de millones de dólares en el caso de Montes del Plata (NdeR:la otra productora de pasta de celulosa instalada en Uruguay) y que la empresa lo perdió y tuvo que pagar más de US$ 50 millones de dólares y actualmente está en curso un juicio por la central de ciclo combinado que construyó Hyundai en donde también hubo retrasos donde los conflictos sindicales fueron uno de los factores para que esos retrasos.

Es probable que UPM esté teniendo en cuenta estos hechos para tener ciertas garantías de que esto no va a pasar nuevamente. Ahora el Poder Ejecutivo no ha querido reglamentar el derecho de huelga ni el derecho a la ocupación, más bien lo que hay es el decreto que habilita las ocupaciones que dados estos antecedentes seguramente a UPM le genere incertidumbre y temor. Si se habla que UPM va a decidir en junio si finalmente hace o no la inversión, lo que haga en este conflicto el Poder Ejecutivo con una ocupación con control obrero sin duda lo está leyendo muy atentamente.

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