EL AGUA EN LA PLATAFORMA DEL PIT-CNT

Hay más de 180.000 firmas para derogar la ley de riego

El Frente Amplio negocia cambios a la norma que cuestiona el Pit-Cnt.

Sindicato de OSE tiene que conseguir 695.000 firmas. Foto: pt.org.uy
Sindicato de OSE tiene que conseguir 695.000 firmas. Foto: pt.org.uy

Bajo la consigna "la ley de riego privatiza el agua", se recogieron alrededor de 180.000 firmas para derogar la norma en un referéndum que se celebraría paralelamente a las elecciones de 2019. En el oficialismo trabajan para modificar artículos de la ley cuestionados o ajustar la reglamentación de la norma y así evitar la consulta popular.

La ley impulsada por el exministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, fue aprobada en octubre del año pasado por el Parlamento y tiene como objetivo "el incentivo del desarrollo del riego en el Uruguay".

El punto más cuestionado es el que habilita la creación de embalses por parte de inversores privados. Para la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) se trata de una "privatización" del agua contrariando lo que se establece en el artículo 47 de la Constitución.

El vicepresidente de la Federación de Funcionarios de OSE, Hugo Prieto, dijo a El País que al momento son alrededor de 180.000 las firmas que se recolectaron en todo el país para habilitar la consulta popular. Si bien la campaña comenzó en diciembre del año pasado, en marzo pasado se generó un "repunte" de la misma.

Para convocar el referéndum se requieren de 695.000 firmas, es decir el 25% del padrón electoral. "En verano logramos poner el tema en la calle. En la vuelta ciclista estuvieron presentes varios compañeros y se están levantando firmas en todos los departamentos", señaló Prieto.

Según el sindicalista, "la ley permite que con capitales extranjeros se construyan embalses que contaminarían los cauces de arroyos de donde OSE toma el agua para potabilizar y brindarla a la población".

La campaña para derogar la ley de riego es apoyada por el Pit-Cnt, organizaciones ambientales y sociales. También cuenta con el respaldo de Unidad Popular y del Partido de los Trabajadores.

Además varios sectores de partidos políticos después de votar la ley "se dieron cuenta que cometieron un error", afirmó Prieto. En la lista están: Casa Grande y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que está recolectando firmas para derogar la ley de riego.

Incluso hay legisladores oficialistas que han firmado para derogar. Es el caso del diputado de la Liga Federal Darío Pérez, quien votó la norma por disciplina partidaria después que se le introdujeran modificaciones. Fuera del ámbito político, respaldaron el referéndum las murgas La Mojigata y Cayó la Cabra, así como la banda de rock La Triple Nelson, el dúo de música popular Larbanois & Carrero y el compositor y cantante (José Luis) "Pepe" Guerra.

Negociación.

En el Frente Amplio se decidió entablar diálogo con el Pit-Cnt para modificar la ley de riesgo atendiendo a los planteos del Sindicato de OSE. Prieto dijo a El País que el punto no pasa por modificarla, sino que "debe caer toda la ley".

En la Mesa Política se planteó semanas atrás una moción para negociar con los promotores de la consulta popular y "asegurar mediante la reglamentación de la ley la propiedad pública de agua".

La moción fue firmada por las bases de Montevideo e interior, el Partido Comunista, el Partido Obrero Revolucionario, el grupo IR que lidera Macarena Gelman, la Lista 711 y el Partido Comunista.

El 14 de este mes se reúne la Liga Federal para fijar posición sobre el tema. "Varios sectores departamentales son proclives a apoyar el referéndum en caso de que no se logre una modificación de la ley", dijo a El País el delegado del sector José Antonio Maldonado.

El senador Daniel Garín (MPP) confirmó a El País que "hay una especie de diálogo político" entre el sindicato de OSE, el Pit-Cnt y la bancada del Frente Amplio para trabajar "sobre las posibilidades de adecuar contenidos para promover el riego".

"Hay un acuerdo estratégico común de que hay que fomentar el riego y hay que seguir expandiendo la utilización del agua dulce para generar producción de riquezas. Los matices que tenemos son en relación a los instrumentos", acotó.

El senador del MPP dijo que el Parlamento se asesoró con las cátedras y quedó claro que la ley "no tiene problemas de inconstitucionalidad". En el tema ambiental, reconoció que "hay un menú abierto" acerca de los impactos que se podrían generar. Consultado sobre si hay posibilidad de contaminación, respondió que si bien "hay riesgos", también existen "conocimientos para evitarlo (...) De hecho algunas Facultades nos brindarán asesoramiento técnico en este ámbito de negociación", añadió.

Según el senador del MPP, la "diferencia grande" que existe hoy con el Sindicato de OSE es si las inversiones para la construcción de los embalses las tienen que hacer los privados o el Estado. "El Estado tiene algunas experiencias de haber tenido represas con poco éxito en la utilización efectiva de riego. Hay antecedentes muy puntuales y en general no son buenos", señaló Garín.

El legislador cree que es posible alcanzar un acuerdo porque en última instancia "hay matices en los instrumentos", pero destacó que se coincide en el hecho de que "el agua es un recurso muy valioso".

Primero se tratará de lograr "un acuerdo de contenidos", y luego se definirá si esto se traduce en una modificación de la ley o en la reglamentación de la misma. Si esto se logra no sería necesaria la consulta popular.

Unidad popular votó en contra

El diputado suplente de Unidad Popular, Carlos Pérez, votó contra la aprobación de la ley de riego en el Parlamento en octubre del año pasado. El grupo, que también apoya el referéndum para derogar la ley, sostiene que la norma "profundiza el modelo productivo agroexportador, basado en el monocultivo forestal y sojero".

"La ley de riego no sólo contamina, privatiza la gestión y mercantiliza el agua, sino que habilita la generación de energía eléctrica para su comercialización, como así también bajo la ley de protección de inversiones exonera de tributos a los inversores haciendo de ello un gran negocio para el gran capital", sostuvo Unidad Popular en un comunicado donde se anunciaba el respaldo a la consulta popular.

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