LA NEGOCIACIÓN EN EL ESTADO

Los sindicatos quedaron divididos, tras la firma de un nuevo convenio.

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Fue una larga y casi angustiante espera. Los casi 26.000 funcionarios de los entes y empresas públicas aguardaban desde hace meses por la firma de un convenio colectivo entre el gobierno y los sindicatos nucleados en la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, que establece aumentos salariales y condiciones para los próximos dos años.

Pero lo que trancaba todo era una cláusula de paz y de prevención de conflictos que planteó el Poder Ejecutivo, similar a las que ha promovido en otras áreas del Estado y del sector privado. Entre otras cosas, esa cláusula establece pasos previos de negociación antes de que los sindicatos puedan adoptar medidas e impide los paros en sectores y actividades específicas de las empresas.

Las posiciones estaban divididas: cinco de los diez gremios que integran la Mesa se oponían a esa cláusula porque entendían que se limitaba el derecho de huelga y se afectaba la autonomía sindical. Y así estuvieron hasta que esta semana hubo humo blanco porque uno de esos cinco sindicatos cambió de posición en forma radical e inclinó la balanza: puso las posiciones seis a cuatro. Y terminó de tensar el clima entre los sindicatos de los entes.

Tras un proceso de discusión interna, la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE) -uno de los cinco sindicatos que se oponía a la cláusula- decidió aprobar el convenio y le dio una victoria al Poder Ejecutivo, quien oficia de “patrón” en este caso. El acuerdo se firmó este martes. Y eso que el sindicalista Gonzalo Castelgrande, vicepresidente de AUTE, había dicho la semana pasada a El País que con esa cláusula el gobierno “se mete en las decisiones de cada gremio” y “no puede decir dónde aplicar las medidas de lucha”. El País intentó hablar ayer con Castelgrande y con el presidente del sindicato. Sebastián Herrera, para saber los motivos del cambio, pero no respondieron las llamadas y mensajes.

Así, AUTE se sumó a los otros cinco sindicatos que daban por bueno el convenio y que representan a los funcionarios de las grandes empresas: la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), la Federación Ancap (Fancap), la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra).

Del otro lado quedaron en minoría la Unión Ferroviaria, la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU), la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) y la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización (Afinco).

La Unión Ferroviaria lamentó en un comunicado que la mayoría de los sindicatos “prefieran resignar su derecho al paro sectorial y le permitan a la patronal definir la estrategia de lucha”. A juicio de los ferroviarios, el acuerdo sienta un precedente “que las patronales miran con afecto”.

También dicen que “es una cláusula con olor a UPM, con olor a OIT y sus planteos de limitar el derecho de huelga”, en referencia a la negociación con UPM por un mecanismo de prevención de conflictos y a la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo para que exista una regulación de las ocupaciones.

Mariano Pouso, dirigente de la Unión Ferroviaria, dijo a El País que varios de los sindicatos que aprobaron el convenio tienen afinidad ideológica con el gobierno, están en “condiciones económicas” muy superiores al resto y le dieron “un arma” al Poder Ejecutivo para presionar a los sindicatos en conflicto. “Nosotros somos ortodoxos en la defensa de la independencia de clase, no nos importa que sea un gobierno u otro”, indicó Pouso.

Los mecanismos de prevención de conflictos establecidos en esta cláusula no son una rara excepción. Con matices y con una filosofía similar, están incluidos en muchos convenios del sector público y del privado.

El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) e integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, Joselo López, dijo a El País que “esto es parte de lo que los sindicatos tenemos que ceder, siempre y cuando no sean condiciones leoninas, para conquistar las reivindicaciones”. Y admitió: “Igual hay que tener cuidado con lo que se firma, no podés atarte de por vida”.

Para Nelson Larrañaga, abogado en temas laborales del estudio Ferrere, es muy positivo que se haya firmado el convenio, que es una “medida de ordenación”, plantea una hoja de ruta y evita los conflictos. Larrañaga no cree que este acuerdo limite el derecho de huelga. Por el contrario, afirma que “el paro no queda anulado, sino que se posterga”. Respecto a la prohibición de paros por sector, dijo que apunta a “lograr disciplinas” y que no haya “ovejas descarriadas” en los sindicatos.