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Explotación sexual de menores: víctimas están "desprotegidas", dice sindicato de Inau e Inisa

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Fiscalía General de la Nación. Foto: Gerardo Pérez

DENUNCIA

El consejo directivo nacional del Suinau emitió un comunicado refiriéndose al procesamiento de cinco personas por “reiterados delitos de explotación sexual” contra adolescentes.

El Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del Inau y del Inisa (Suinau) se expresó ante el procesamiento de varias personas por "reiterados delitos de explotación sexual comercial contra adolescentes”.

Respecto a este tema, el Suinau dijo que “es una violación gravísima a los derechos” de los adolescentes y que es considerado como “una forma de esclavitud moderna”. Respecto al procesamiento “sin prisión” de estos cinco adultos, el Suinau considera que tienen “recursos económicos y vinculaciones suficientes, que le permitirían fácilmente escapar del país y eludir sus responsabilidades penales”. Y agrega que “este crimen está penalizado desde el año 2004 (…) y establece penas que van desde los dos a los 12 años de penitenciaría, no siendo excarcelable”.

Por otro lado, hacen referencia a la Ley de Urgente Consideración (LUC) y a una serie de artículos (74  a 79) dedicados a “menores privados de libertad”. De acuerdo al sindicato estos artículos hacen modificaciones del Código de la Niñez y Adolescencia y del Código del Proceso Penal que implican "el aumento de penas hasta la eliminación de la suspensión condicional del proceso"; por lo que consideran “tienen un carácter meramente puntitivo y sancionatorio, sin elementos que apunten a la prevención de las infracciones ni a la rehabilitación de los infractores”.

Por lo que consideran que el tratamiento de la Justicia hacia las “personas menores de edad –en tanto víctimas- son desprotegidas frente a victimarios generalmente varones, de clase media o alta, heterosexuales y blancos”. Pero si los menores de edad son “quienes se comportan como victimarios, se pretende aumentar responsabilización como si fueran adultos”.

Por último, el comunicado expresa que estos dos aspectos mencionados “dan cuenta de una política de Estado y de un tratamiento de la Justicia que se presenta como menos garantista para los derechos de los niños, niñas y adolescentes” y están preocupados, por lo que se solicita que “se retome por parte del Estado el camino de la protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes” de acuerdo a los tratados internacionales que ha ratificado el país.

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