Sindicatos

Funcionarios de la DGI, postales y de limpieza de ASSE activan varias medidas.

Ni en enero los sindicatos estatales dieron tregua al gobierno en sus distintos reclamos y reivindicaciones. En pleno verano, son varios los gremios que recurren a medidas distorsivas contra rebajas salariales; algunos, los más moderados, manifiestan en la vía pública, otros en cambio, ocupan organismos y hasta resuelven el encadenamiento de sus dirigentes.

Ayer, mientras los funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI) ocupaban el subsuelo de la sede central en Fernández Crespo y Colonia en reclamo ante lo que entienden es una rebaja salarial, en el ex Edificio Libertad, actual sede de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), tres funcionarios del Hospital Vilardebó se encadenaron entre ellos. Paralelamente, los funcionarios del Correo siguen deteniendo los envíos de encomiendas a "decenas de barrios y localidades de la capital e interior" del país en reclamo por el ingreso de más personal al organismo.

Si bien desde diciembre que la Asociación de Funcionarios de Impositiva (AFI) se moviliza por una serie de cambios salariales aplicados por la DGI, en enero, el sindicato profundizó las medidas con ocupaciones y movilizaciones que llegaron incluso a Punta del Este.

Ayer, los funcionarios ocuparon durante más de una hora y media el subsuelo de la DGI. El presidente de la AFI, Aidemar González, dijo a El País que el organismo dispuso "cambios en los indicadores de productividad" al asociar una partida salarial que asciende al 15% de lo que cobra cada trabajador al cumplimiento de objetivos institucionales, como el de recaudación que cada año marca el Ministerio de Economía (MEF) a la DGI. Antes del cambio, la partida estaba asociada a otras metas.

Los funcionarios de la DGI reclaman una instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), un planteo que fue bien recibido esta semana por la bancada de legisladores del Frente Amplio (Comisión Permanente). En un comunicado, la AFI rechazó ayer "la política de progresismo al revés impulsada por DGI y el Ministerio de Economía, donde se le quita salario a los funcionarios de menores ingresos para aumentar el salario de los cargos de designación discrecional". Para el sindicato, "los cambios que pretende imponer DGI aumentan $ 175.000 el salario anual de los directores, su meta pasa de $ 220.000 a $ 395.000". Pero desde la vereda de enfrente, la DGI desmiente permanentemente que haya un intento de rebajar los salarios de los funcionarios.

Ayer, tras la ocupación, el organismo emitió un comunicado en el que señaló que "el edificio central de la DGI no fue ocupado. Sí se realizó una concentración de algunos funcionarios adheridos al sindicato en el subsuelo". Además, aclaró que "la discrepancia con el sindicato se circunscribe al pago por concepto de productividad asociados al cumplimiento de metas. Si las metas se cumplen se paga, si las metas no se cumplen no se pagan los premios por productividad", remató.

El escenario no es tan distinto en el Correo donde la Asociación de Funcionarios Postales (AFPU) reclama desde diciembre el ingreso de nuevo personal al organismo. El 27 de diciembre, tras la confirmación de que Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) no permitirían nuevos ingresos, los trabajadores profundizaron las medidas, entre ellas, afectaron los envíos de las caravanas que utiliza el ganado en todo el país, se dejaron de cubrir las horas extras de los radios (zona de distribución de un cartero) vacantes lo que implica que "al día de hoy decenas de barrios y localidades de la capital e interior, están sin cobertura, ya no de envíos trazables, sino de ningún tipo", aclaró el sindicato ayer en un comunicado.

El integrante de la AFPU, Juan González, dijo a El País que "en este momento hay 100 radios en los que no se está distribuyendo ningún producto". Además, señaló que "por ejemplo en 18 de Julio y Río Negro no hay cartero, tampoco en cinco radios en La Blanqueada, en Colón o en el departamento de Rivera".

Sin lugar a dudas, el protagonismo ayer se lo llevaron tres trabajadores del Hospital Vilardebó que decidieron encadenarse en la sede central de ASSE por una rebaja salarial que se aplicó a 60 empleados de una empresa de limpieza que brinda el servicio en ese centro de salud y en otras dependencias públicas y privadas.

Uno de los funcionarios que se encadenó, el presidente de la Comisión Interna del hospital, Pablo Silva, dijo a El País que en una medida unilateral, la empresa ISS definió reducir los salarios de los trabajadores de $ 18.000 a $ 11.000.

Silva señaló que las negociaciones la encabezaron delegados de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), sin embargo, El País consultó a su presidente Favio Riverón y desmintió que el sindicato haya participado de esas negociaciones. "No sé quién, supongo que Martín Pereira (presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública)" participó, apuntó el dirigente.

Pereira señaló a El País que efectivamente es la federación la que está "tratando el tema", una situación que hasta la tarde de ayer era totalmente desconocida en el Vilardebó. Ahora los funcionarios no descartan profundizar las medidas.

El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt definió ayer respaldar la propuesta de los funcionarios de la DGI de convocar a las negociaciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Según contaron dirigentes sindicales a El País, se decidió apoyar la reivindicación. En lo previo, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE)

ya había reivindicado lo planteado por la AFI y apoyó todas las medidas dispuestas por el gremio. A mediados de enero, las autoridades rechazaron una propuesta alcanzada por su secretario José Lorenzo López para realizar un convenio colectivo a dos años, que asegure la no pérdida salarial. En un comunicado, el sindicato de trabajadores de la DGI señaló que es "desmedido" que "no se respeten los acuerdos de 2005 y 2011 y que se realicen cambios en la definición de las metas en forma unilateral cuando nuestro sindicato siempre negoció de buena fe". Por otro lado, puntualizó que es "desmedido que los cambios en las metas generen una redistribución interna de la partida aumentando el salario de los directores".