RELACIONES LABORALES

El choque entre empresarios, sindicatos y gobierno en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no acabó. El proyecto que el gobierno presentó a último momento para evitar caer en la “lista negra” del organismo internacional, no está aprobado por el Parlamento y tampoco cuenta con el apoyo necesario en el Pit-Cnt y las cámaras empresariales.

La sala de abogados del Pit-Cnt se encuentra estudiando la modificación de la ley de negociación colectiva que remitió el gobierno al Parlamento. Se trata de cambios pautados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tras una denuncia presentada por las cámaras empresariales y recurrida sin éxito por el gobierno.

Se estima que la central sindical se expedirá sobre el tema durante la semana próxima. Las modificaciones -que serán tratadas por una sesión extraordinaria de ambas cámaras o en la próxima legislatura- golpean en zonas frágiles del sindicalismo. Una de ellas es la obligación de que cada sindicato tenga personería jurídica. Hasta el momento, el propio Pit-Cnt no cuenta con esa reconocimiento legal.

La modificación remitida incluye aspectos centrales de la negociación colectiva que el Pit-Cnt y el gobierno han defendido con uñas y dientes desde que se aprobó la normativa en 2009. Por tanto, se espera que el sector sindical no acepte los cambios y se disponga a “dar la lucha”, según expresaron fuentes sindicales.

Mientras tanto, el sector empleador también evalúa el proyecto de ley. Anoche se reunió la comisión directiva de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) con su equipo jurídico para hacer una primera evaluación de los hechos.

“Se modifica la ley pero no en todos los puntos observados por la OIT, por tanto es una solución parcial. La propuesta del gobierno es incompleta e insatisfactoria”, señaló a El País uno de los participantes en la reunión.

Los empresarios creen que las modificaciones no alcanzan el centro neurálgico de la norma que denunciaron ante la OIT.

“En la exposición de motivos el Poder Ejecutivo dice que no pretende modificar el sistema de negociación. Por tanto, están reconociendo que los cambios son de tipo cosmético. De todos modos, el gobierno está reconociendo que la ley no se ajusta al Convenio 98 de la OIT en cuyo artículo 4 que promueve la negociación colectiva bipartita”, dijo el informante a El País.

En los próximos días se reunirán los asesores jurídicos de las cámaras empresariales para analizar los pasos a seguir. Es “probable” que, de mantenerse el proyecto del gobierno, el sector empleador mantenga el reclamo ante la OIT mediante distintas acciones legales, de acuerdo a lo expresado por los representantes empresariales.

Por otro lado, se analizó que el cumplimiento del Convenio 98 de la OIT es “fundamental” para alcanzar el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur.

El experto laboralista Nelson Larrañaga Zeni explicó a El País que la exigencia de la personería jurídica responde a que se requiere de ese punto para que “cuando los sindicatos reciban información confidencial durante la negociación se hagan responsables por si se hace un mal uso de esos datos”.

Otro aspecto que fue modificado mediante el proyecto del gobierno es la llamada “ultraactividad” de los convenios colectivos. Cuando un acuerdo salarial llega a su fin (o se extingue) comienza a regir la llamada “ultraactividad”. Se trata de un principio jurídico que significa que lo pactado por las partes, más allá de la fecha de vencimiento, rige hasta el momento en que se firme un nuevo convenio.

Larrañaga resaltó que se incorporó “una modificación importante”. El experto recordó que mientras no se modifique la norma sigue vigente la ley original.