CONFLICTO EN EL GAS

Alejandro Acosta, dirigente sindical del sector del gas, dijo que la situación “es la confirmación de que Petrobras se quiere ir del país”.

La empresa Petrobras mantiene negociaciones con el gobierno para una “recomposición de la ecuación económico-financiera” de la concesión de la distribución de gas natural, informó la empresa en Uruguay. No obstante, el diario brasileño O Globo informó que la multinacional iniciaría “negociaciones con el gobierno de Uruguay para devolver las concesiones de distribución de gas natural”. La información no fue confirmada a El País por la empresa.

El episodio ocurre en medio de un conflicto gremial que lleva a los trabajadores sindicalizados de MontevideoGas (propiedad de la brasileña) a amenazar con tomar el control obrero en caso de que la empresa efectivice el despido de 30 personas.

En la firma, indicaron a El País que se “espera que el Estado uruguayo cumpla con esa decisión arbitral a la mayor brevedad posible. Cada día que pasa sin encontrar una salida la empresa y sus accionistas pierden más dinero debido a la falta de condiciones estructurales de viabilidad del sector del gas natural en el país”.

Alejandro Acosta, dirigente sindical del sector del gas, dijo a El País que la situación “es la confirmación de que Petrobras se quiere ir del país”. El sindicato busca ahora una instancia con el ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi. El gremio se reúne mañana jueves para analizar los pasos a seguir.

En este sentido, Petrobras Uruguay “ratificó su profunda preocupación por la amenaza de control obrero en MontevideoGas”. El principal problema para Petrobras fue la compra, el precio del mercado y del gas natural en Argentina.

Ayer la empresa concurrió a una nueva reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y presentó su estrategia ante la crisis que afronta. Según supo El País, quedó fijada una nueva instancia para hoy. También se aprovechó la oportunidad para rechazar enfáticamente las amenazas sindicales: “confiamos en que el Poder Ejecutivo adoptará todas las medidas legales disponibles para hacer frenar o en su caso recuperar la posesión”.