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Se agudiza la conflictividad sindical

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Trabajadores de MontevideoGas se reunieron ayer en asamblea para resolver qué medidas adoptar. Foto: F. Ponzetto

CONTROL OBRERO

Molestos por la falta de respuestas, los trabajadores activan diversas medidas gremiales

Desde amenazas de tomar el control de una empresa, hasta la postergación de más de 1.000 cirugías. Los sindicatos públicos y privados no le dan tregua al gobierno y a los empresarios y dan su batalla en busca de obtener imponer sus reivindicaciones laborales.

La Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas está firmemente decidida a activar el control obrero de la empresa MontevideoGas si no se alcanza un acuerdo en una reunión que se llevará a cabo entre lunes y martes en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). La medida que estaba prevista para comenzar este lunes 1° de abril, responde a la decisión de la empresa de enviar al seguro de paro a 20 trabajadores.

El dirigente del sindicato del gas, Alejandro Acosta, dijo a El País que la asamblea realizada ayer concluyó que la reunión tripartita del jueves en Dinatra fue un “fracaso”. En un comunicado, el gremio pidió al Poder Ejecutivo que “junto con la discusión de la reestructura laboral, el acuerdo debe contemplar una fecha concreta de reintegro de los compañeros que están en el seguro de paro”. La empresa debe responder si acepta una propuesta del Ministerio de Trabajo de dejar en suspenso a corto plazo el envío de los trabajadores al seguro.

En la empresa indicaron que “Petrobras Brasil sigue con preocupación el anuncio del sindicato de que tomará el control obrero de su filial”. La estatal brasileña es la propietaria de MontevideoGas.

Mientras tanto, en la Dirección General de Impositiva (DGI) los funcionarios se encuentran en conflicto sindical desde diciembre por una serie de diferencias entre las autoridades y los trabajadores. Ayer se manifestaron y cortaron el tránsito en 18 de Julio y Fernández Crespo. El presidente de la Asociación de Funcionarios de Impositiva (AFI), Aidemar González, dijo a El País que se evalúan nuevas medidas como las ocupaciones de centros en Montevideo y en el interior. Esperan que definitivamente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) pueda intervenir en el largo conflicto que mantienen con el organismo.

En la DGI había una partida salarial que estaba asociada a metas que ascendía al 15% de lo que cobra cada trabajador. Recientemente, la administración definió atar ese porcentaje al cumplimiento de determinados objetivos institucionales como por ejemplo la recaudación que cada año marca el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Paralelamente, los funcionarios denuncian que los directores modificaron la forma de cálculo del salario de acuerdo a metas, de lo que surge un aumento salarial. Denuncian que la dirección “aumenta el salario de los directores, rebaja el salario de los funcionarios de nivel operativo, arremete contra la herramienta sindical, no respeta la ley de libertades sindicales y quitó y destruyó la cartelería sindical dentro y fuera del edificio y la que se encontraba en la vía pública”, según un comunicado que emitió el gremio.

El sindicato entiende además que la decisión de la administración supone una “rebaja salarial porque en los últimos años la meta de recaudación que fija el MEF para la DGI no se ha cumplido y por tanto incorporar dentro del 15% ese porcentaje es reducirnos el salario porque sabemos a priori que eso no se va a cumplir, porque no se ha cumplido en los últimos años”. En la DGI rechazan que la medida aplicada sobre el sueldo de los funcionarios constituya parte de un plan de recorte.

Ocupan área en supermercado

La conflictividad sindical llegó incluso ayer al supermercado Géant de Parque Roosevelt. El gerente general de la Asociación de Supermercados, Daniel Fernández, informó a El País que tres trabajadores ocuparon la confitería del local comercial al negarse a cambiar de horario laboral. La empresa solicitó el cambio dado que quedaba un turno casi sin atención.

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Sigue la guerra de los médicos

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y las autoridades de la salud firmaron la semana pasada un nuevo acuerdo colectivo que establece, entre otras cosas que un médico especialista pase a atender a partir de 2020 a cuatro pacientes por hora en la consulta en policlínica en lugar de a cinco. El acuerdo molestó en la interna del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) que ya aprobó un paro para los días 3, 4, 8 y 9 de abril. “En multitudinaria asamblea rechazamos el convenio que el Poder Ejecutivo y el SMU pretende imponer a los anestésico quirúrgicos”, informó el SAQ a través de las redes sociales. Ayer el SMU realizó una conferencia de prensa en carácter urgente ante esta situación. Su presidente, Gustavo Grecco, dijo ayer que la medida adoptada por el SAQ es “desproporcionada para lo que se ha firmado”. Además de rechazar la resolución de los cirujanos y anestesistas, en el SMU explicaron que lo acordado en el convenio “se puede ampliar a todas las especialidades”, incluso a las quirúrgicas. Ambos sindicatos mantienen hace años una disputa por la representatividad ante los Consejos de Salarios.

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