PODER LEGISLATIVO

Un proyecto de ley prevé que las personas puedan conocer el patrimonio de los jerarcas

En momentos en que hay diversas iniciativas en discusión en el Parlamento sobre el mismo tema, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad un proyecto de ley del oficialismo que amplía y hace más estrictas las normas sobre transparencia en el manejo de fondos públicos.

La iniciativa precisa que todas las personas físicas que manejan fondos públicos, incluso perteneciendo a instituciones u organizaciones privadas, deban rendir cuentas de sus bienes e ingresos.

“Con el único fin de promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción y de seguir avanzando en una mayor transparencia en lo que hace a la gestión de la administración pública, entendemos indispensable introducir algunas modificaciones al sistema vigente de declaraciones juradas, fortaleciendo de esta forma la transparencia en el servicio de los que se encuentran alcanzados por la presente propuesta normativa”, dijo la diputada Bettiana Díaz (MPP) al explicar el contenido del proyecto.

En la actualidad, luego de la incorporación de todos los funcionarios del ministerio del Interior, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibe más de 45.000 declaraciones juradas por año.

En esta ley se agrega a la necesidad de enviar una declaración jurada a los Fiscales adscriptos, a los secretarios generales de la Fiscalía General de la Nación, a directores de proyectos y a gerentes, jefes de compras y también a los ordenadores de gastos de organismos públicos, a la lista de funcionarios obligados a presentar sus declaraciones juradas de bienes e ingresos.

Un artículo añade a los alcaldes, concejales municipales y sus correspondientes suplentes, así como también a los candidatos a la Presidencia y vicepresidencia de la República y a las intendencias departamentales.

El artículo tres del proyecto aprobado agrega a presentar declaraciones juradas a los directores o gerentes de entidades comprendidas en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), licenciatarios o concesionarios de obras públicas o servicios públicos y organismos privados que manejan fondos públicos o administran bienes del Estado.

Esta iniciativa tiene además dos modificaciones respecto a las normas vigentes. Cualquier persona debidamente identificada podrá solicitar conocer las declaraciones juradas de los funcionarios obligados a hacerlas.

Y también se agrega un artículo que permite la publicación en el sitio web de la Jutep de las declaraciones del presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados ministros de Estado, ministros de la Suprema Corte de Justicia, de la Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, directores de Entes y Servicios Descentralizados, intendentes departamentales y alcaldes.

Por otro lado, se agrega que cónyuges o concubinos del presidente y vicepresidente de la República deberán presentar sus respectivas declaraciones siendo también publicadas.

Ante la acumulación de tareas según las últimas leyes aprobadas sobre ética y corrupción en la función pública, el presidente de la Jutep Ricardo Gil Iribarne ha planteado reiteradamente la falta de recursos humanos, especialmente técnicos, para acometer los requerimientos.

En la sesión del plenario de Diputados, el representante del MPP Daniel Caggiani criticó el funcionamiento del organismo.

“La Junta tiene la obligación de guardar las declaraciones juradas y no mucho más. No se necesitan más fiscales anticorrupción, no son necesarios. La justicia tiene los mecanismos e independencia necesaria para investigar en casos que se requieran”, dijo en sala.

Por eso añadió que no comparte “que deba haber una Jutep todopoderosa que pueda meterse en cualquier parte de las cosas que nosotros hacemos. Tiene que hacer bien lo que le manda la ley y hacerlas con responsabilidad”.

“No comparto declaraciones de Gil Iribarne dando opiniones sobre este proyecto de ley. Sin fuera de lugar, improcedentes e inoportunas. El presidente de la Jutep no fue electo para legislar, sino que fue designado para cumplir con la ley, con lo que le mandamos a hacer y con la Constitución. Es de muy mal gusto meterse en las cosas que nosotros estamos haciendo”, aseguró Caggiani.

El diputado del MPP dijo que este proyecto va en línea con el que recientemente se aprobara en el Senado que tipifica el enriquecimiento ilícito en la función pública. Y respecto a la inclusión de los administradores de la salud, que ahora deberán emitir declaración jurada, el legislador apuntó que hay US$ 1.600 millones que el Estado vierte en el Sistema.

Asimismo, se presentan modificaciones en lo referente a la apertura de las declaraciones, previéndose un sistema aleatorio por el cual se abrirán por los medios correspondientes hasta un 5% de las declaraciones anuales.