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Sentencia clara como el agua

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Acceso al agua potable y saneamiento está consagrado en la Constitución. Foto: AFP
Water runs from a tap in a building in Osaka on March 23, 2011. Tokyo on March 23 warned that radioactive iodine over twice the safe level for infants had been detected in its tap water due to the disaster at a quake-hit nuclear plant northeast of Japan's capital. The news compounded fears over the fallout from the crippled Fukushima power station that also led the government to ban farm produce from areas near the charred complex, where emergency crews were battling to prevent a meltdown. AFP PHOTO / VOISHMEL JAPAN-QUAKE-WATER
VOISHMEL/AFP

Justicia advierte que la OSE no puede cortar el suministro ante el no pago de la tarifa.

No es la primera vez que pasa: usuarios de OSE que pagan $ 300 por consumo de agua y que de un día para otro reciben facturas por decenas de miles de pesos; hasta $ 100.000 en un caso denunciado en Rocha esta semana. En general, estos casos responden a "pérdidas invisibles" dentro del hogar (o más bien debajo del mismo), que el vecino efectivamente no ve porque el agua se diluye bajo la tierra.

Frente a los reclamos de los usuarios que se ven atrapados con tamañas noticias, OSE responde que su responsabilidad llega "hasta el contador" que está al ingreso de la vivienda. En el mejor de los casos, tras la protesta se llega a un acuerdo con el vecino para un pago menor y en cuotas, que de todas maneras sigue siendo exorbitante.

En estos días, OSE recibió malas noticias: una sentencia judicial condenatoria. Se trata de un reclamo más en un largo collar de perlas, que obliga al ente a pagarle más de $ 100.000 a un usuario por lucro cesante, gastos y daño moral. La demandante ni siquiera contó con un abogado defensor durante el juicio que emprendió contra el gigante estatal.

Más allá de fijar un monto que siempre va a ser irrisorio para la empresa, la jueza de Paz Susana Cardoso de Nicola sentó un precedente señalando que la OSE —que tiene el monopolio en Montevideo— no puede cortar el suministro del agua, por tratarse de una necesidad básica para la vida.

"Desde que el acceso al agua potable como al saneamiento han sido objeto de expresa consagración en la Constitución, todo corte de parte de la Administración en su suministro vulnera el derecho humano fundamental que se ha reconocido, con base en la declaración de que el agua es un recurso natural esencial para la vida, mereciendo el amparo jurisdiccional", señala el fallo, al cual tuvo acceso El País.

La sentencia, que es inapelable, condiciona a OSE a revisar su reglamentación frente a este tipo de reclamos frecuentes, dado que no tiene previstos mecanismos para comprobar lo que ocurre del medidor hacia adentro de las casas.

La jueza Cardoso de Nicola entiende que la Administración dispone de otros medios para lograr "el efectivo cumplimiento de las obligaciones correlativas a la prestación del servicio", sin menoscabo de "derechos humanos fundamentales".

Hacia adelante.

Si bien la sentencia es aplicable al caso puntual y no se puede generalizar a todos los usuarios en la misma situación, sienta jurisprudencia y abre una puerta a futuras demandas.

De generalizarse, significaría además un cambio radical en la concepción de los servicios de agua potable y de saneamiento tal como se conciben a la fecha, y tendría lugar una interpretación al amparo de la norma constitucional (Artículo 47) de que tales servicios deberían ser igualmente prestados a todos aquellos que incurran en impago, cualquiera sea su causal, lo que podría llegar a suponer un subsidio por parte del gobierno para mantener las prestaciones.

El fallo de la doctora Cardoso de Nicola agrega que "de reiterarse en el futuro situación similar a la ahora planteada, se dispondrá que la administración se abstenga de interrumpir el suministro de agua potable, debiendo recurrir a otras vías para satisfacer cualquier crédito que tuviera contra la parte actora".

Facturación excesiva.

La reclamación que culminó en el fallo adverso para la OSE comenzó cuando una usuaria pidió la cancelación de una factura de agua por $ 12.347.

La mujer solicitó que se le autorizara abonar según el promedio de consumo —unas diez veces menor— y que no se le cortara el agua. También adujo que las reclamaciones ante las ventanillas del Estado le hicieron perder horas de trabajo y que, dada su situación de salud (padece fibromialgia), se vio perjudicada física y emocionalmente.

Según se desprende del expediente judicial, la usuaria realizó varios reclamos frente al ente y ante el Área de Defensa al Consumidor (Adeco), todos infructuosos. También concurrió a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), donde se le dijo que intervendrían en el tema, aunque "OSE le informó que si no pagan la facturación le cortarían el agua".

Si bien había un antecedente de 2015 con la misma propiedad por una "pérdida invisible", lo más curioso es que en este caso la inspección del medidor arrojó como resultado que tenía un "funcionamiento normal".

El pago no se llegó a efectivizar, pero el fallo de la Justicia señala que de haberse concretado habría sido "indebido" por la ausencia de una deuda y porque OSE no pudo comprobar que la facturación correspondía al consumo real.

La ley vigente establece que la falta de pago en el plazo establecido "hará pasible de corte el servicio contratado con un preaviso de tres días hábiles, improrrogables".

Y que para la reconexión del servicio se deberá pagar o convenir el pago de la deuda por cualquier concepto que se haya generado. A su vez, el servicio cortado devenga cargos fijos por distintos concepto, durante tres meses.

Paga $ 300 y le llegó una factura por $ 98.518.

Esta semana un vecino de Rocha que paga unos $ 300 de agua por mes se llevó una sorpresa al reci-bir la factura de OSE con un importe de $ 98.518. De acuerdo a lo publicado por Rocha al Día, el monto se debe a una "pérdida invisible". Carlos Larrosa, el vecino, dijo que le quieren cobrar unos 900 metros cúbicos de agua, lo cual "es una locura", ya que si existiera esa pérdida "estaría todo el barrio inundado".

"Desde OSE vinieron y me dijeron que el contador está bien y que me podían hacer una rebaja. Ahora me llega una nueva factura por $36.589", indicó.

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Acceso al agua potable y saneamiento está consagrado en la Constitución. Foto: AFP

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