El vicepresidente se puso a disposición del Tribunal de Conducta Política.

Raúl Sendic se puso ayer a disposición del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio para aclarar los gastos que hizo con una tarjeta corporativa de Ancap en restaurantes, tiendas de ropa y muebles cuando ocupó la presidencia del ente. El caso puso sobre la mesa un nuevo debate sobre el delito de abuso de funciones y varios sectores calificaron de "error político" a la derogación del artículo 162 del Código Penal.

Los temas fueron tratados ayer en la Mesa Política a iniciativa del presidente de la coalición Javier Miranda. "Soy amigo de Raúl Sendic, lo que no quiere decir que no se pueda equivocar", señaló sobre las compras realizadas por el vicepresidente. En tanto, dijo que hasta cuando se toma un café "hay que ser transparentes", contaron a El País fuentes que participaron de la reunión.

Búsqueda informó que Sendic gastó US$ 3.420 y $ 29.000 en una tarjeta corporativa de Ancap. En tanto, el programa Así nos va (de radio Carve) informó —en base a una respuesta a un pedido de informes— que Sendic gastó $ 538.973 y US$ 38.325 en tarjetas corporativas cuando presidía el directorio del ente.

El delegado de la lista 711 en la Mesa Política, Felipe Carballo, planteó una defensa cerrada de Sendic al afirmar que "nadie se quedó con un peso" y atribuyó lo sucedido a una "operación de la derecha que tiene como fin desprestigiar a los gobiernos progresistas con el objetivo de debilitar la institucionalidad".

"Queremos que los compañeros frenteamplistas tengan la tranquilidad que se ha actuado dentro de la legalidad. Por eso hacemos saber la voluntad de Raúl de ser considerado el tema en los organismos del Frente Amplio que correspondan, en el Tribunal de Conducta o en otros, por si algún compañero tenía una duda", afirmó.

En un comunicado, la lista 711 denunció el "ataque sistemático y mezquino" contra Sendic para "deslegitimar el sistema democrático y por ende, los derechos que como ciudadanos hemos adquirido a lo largo de estos años".

Según el sector, la tarjeta corporativa de crédito "fue utilizada con los fines para los que fue concebida" y "en el marco de la ética y "el uso responsable". El diputado señaló a El País que luego de su intervención "una amplia mayoría de los que hicieron intervenciones" opi-naron en la misma línea que la 711.

Miranda también recogió el guante. Si bien dijo que la izquierda "no será funcional a la corrupción", aseguró que "estamos asistiendo a mecanismos de verdaderos linchamientos a través de medios".

Aunque ya estaba en el orden del día, la ocasión fue propicia para poner sobre la mesa la votación de la derogación del delito de abuso de funciones por la cual la oposición tildó que el Frente Amplio practica el "amiguismo".

La polémica ley presentada por el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) fue cuestionada por varios sectores que dejaron en claro que no están dispuestos a acompañarla. Es el caso de la Liga Federal, que cuenta con dos diputados (Darío Pérez y Sergio Mier), el Partido por la Victoria del Pueblo que tiene un diputado (Luis Puig) y la Vertiente Artiguista.

Todos coincidieron en que se trata de "un grave error político la derogación". Por su parte, el diputado Óscar de los Santos (Alianza Progresista) dijo a El País que la derogación del abuso de funciones "tiene visos de inconstitucionalidad por todos lados".

"Tiene que haber algún elemento sustituto de este proyecto o postergarse su aplicación, para que no se aplique con retroactividad, sino para adelante. Yo en particular tengo un problema, porque tengo tres demandas penales de cuando fui intendente y me queda muy mal votar esta ley. No la puedo votar, no puedo acompañar una ley que en definitiva es como que legislara para mí mismo", opinó.

En la misma línea, realizó ayer un planteo similar en la Mesa Política la Liga Federal por medio de su delegado José Antonio Maldonado. Según dijo los dos diputados conocidos como "rebeldes" no acompañarán la iniciativa que fue sancionada en el Senado así como está redactada.

"Nuestros dos diputados no votarán la derogación. Lo que proponemos es que se presente una alternativa. Es cierto que este delito es criticado por juristas; pero no es la oportunidad adecuada para derogarlo", señaló Maldonado. El tema será abordado en una dirección fijada para el próximo 17 de junio.

En tanto, Carlos Coitiño, representante del PVP en la Mesa Política, calificó a la derogación del abuso de funciones como un "grueso error político" y presentó una alternativa al texto presentado por Michelini.

La redacción establece una pena, que aún no se definió, para el funcionario público que "mediante abuso de funciones dictare o ejecutare actos arbitrarios u omisiones de igual carácter, que sean contrarios a la Constitución, las leyes o las obligaciones establecidas" y "perjudiquen financiera o moralmente al Estado o a terceros, aún sin beneficio económico".

Coitiño explicó a El País que la pena se establecerá en función de lo que dialogue con otros sectores del Frente Amplio.

"No podemos definir la pena por anticipado si no logramos que se entienda que esto es un grueso error por razones de oportunidad y porque hay que defender el derecho de la ciudadanía de realizar denuncias de acciones de gobierno", señaló.

En 1995 la sociedad sueca se conmovió porque la entonces viceprimera ministra, Mona Sahlin, fue sorprendida por un desvío de recursos públicos para fines personales. Usó su Riksdag credit card (tarjeta de crédito corporativa concedida a altos servidores públicos) para la compra no prevista en el presupuesto ni en la ley de dos barras del chocolate Toblerone por la cantidad equivalente a 35 dólares con 12 centavos. Fue obligada a dimitir y estar fuera de la actividad pública por toda una década.

Representantes de la oposición presentaron ayer una denuncia en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 1er Turno para que investigue si las compras realizadas por Raúl Sendic, cuando era presidente de Ancap, efectuadas con la tarjeta corporativa del ente, fueron hechas a beneficio propio o se trataban de gastos inherentes a su función pública.

La denuncia del Partido Nacional, a la que se adhirió el Partido Independiente y el senador colorado Pedro Bordaberry, señala que, desde el año 2005, diversos integrantes del Directorio de Ancap han incurrido en gastos con las tarjetas de crédito corporativas del ente "en aparente beneficio personal".

Expresan que detallar las compras realizadas por el expresidente de Ancap sería reiterar los artículos periodísticos, pero emerge que compras de artículos deportivos, para niños, electrodomésticos, jeans, muebles, casimires, etc., no tienen relación con gastos imprevistos en misiones en el extranjero en el desarrollo de la función de un integrante del Directorio del organismo estatal. "Es lícito pensar que —salvo que (Sendic) acredite el destino específico o haber devuelto el dinero en tiempo y forma, así como el haber justificado el uso de un medio de pago corporativo y no sus tarjetas de crédito personales— pudo haber sido un uso de un bien público que sustituye como medio de pago al dinero, en beneficio personal de quienes eran directores", expresa la denuncia. Enseguida agrega: "Por ende, y teniendo relación con la denuncia por desempeño irregular e ilícita de funciones que se investiga en infolios (expediente que analiza supuesta irregularidades en la gestión de Ancap desde 2005), es dable dar cuenta de estos hechos (los gastos con la tarjeta del ente) para que usted investigue". La denuncia sugiere a la jueza Larrieu que envíe un oficio a Ancap solicitando los resúmenes de cuentas de las tarjetas corporativas y sí se justificó su uso.

DEROGACIÓN SIN RESPALDO EN DIPUTADOS