La idea de Bordaberry es rechazada por el Frente Amplio.

A raíz de lo que sucede en Argentina y Brasil, el senador colorado Pedro Bordaberry pidió la formación de una comisión investigadora en el Parlamento para analizar posibles casos de corrupción en Uruguay.

Bordaberry presentó una nota en el Senado con ese fin, lo cual disparó el procedimiento y se formó una comisión preinvestigadora que deberá pronunciarse en 48 horas, es decir mañana viernes. La integran los senadores del Frente Amplio Ruben Martínez Huelmo y Daysi Tourné, y el colorado José Amorín.

En el oficialismo no se ve con buenos ojos la propuesta de Bordaberry. "Están pasando cosas muy fuertes en la región", afirmó el senador colorado, y puso el ejemplo de la suspensión en el cargo de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil y la vinculación de funcionarios y políticos en casos de cobro de coimas. "En Argentina llegamos al colmo", sostuvo Bordaberry en referencia la caso de José López, el exfuncionario K que pretendía esconder casi US$ 9 millones.

Bordaberry insistió en que "hay que investigar y adoptar las medidas legales para que no suceda lo mismo" en Uruguay

Desde el oficialismo hubo una reacción negativa a su propuesta. La senadora Mónica Xavier sostuvo que Bordaberry "insiste en instalar el tema de la corrupción en nuestro país", recordando que el Senado "ya votó tres comisiones especiales, una sobre los Papeles de Panamá, otra sobre la financiación de los partidos políticos, y una sobre la trata de personas". Su compañera de bancada Constanza Moreira abundó: "Recortamos el secreto bancario, transparentamos los ingresos con la reforma tributaria", y "nada de eso votó el Partido Colorado. Gracias a nuestras leyes dejamos de ser un paraíso fiscal".

Moreira aseguró que el Frente Amplio "creó las más relevantes leyes anticorrupción, concursos para ingresar al Estado, financiamiento de los partidos y la jerarquización de la Junta Anticorrupción".

Pese a la opinión de las senadoras, en el Frente Amplio hay otras voces que se alinean con el planteo del senador Bordaberry. Por ejemplo, el diputado de Asamblea Uruguay Gonzalo Mujica dijo que "cualquier miembro del sistema político debería considerar natural que el ciudadano común quiera saber no cuánto tiene, sino cómo lo ha obtenido".

En este sentido Mujica declaró a El País que "no tengo nada que ocultar". Recordó que sigue habiendo casos de corrupción en la región, escándalos permanentes. Los gobiernos de izquierda siguen demostrando que no han sido inmunes a los procesos de corrupción". "Lamento predecir que vamos a seguir viendo situaciones de este tipo. Por eso me parece importante que en un momento como este, los gobernantes y particularmente los gobernantes de izquierda, deben dar a conocer su situación patrimonial", destacó.

Mujica indicó que "tenemos más obligación ahora cuando gobiernos de nuestro mismo perfil político están todos embarrados en situaciones de corrupción".

Según el diputado no hace falta ninguna ley sino "la voluntad de los legisladores y gobernantes".

Eso, para él, "contribuirá a dar un mensaje a la ciudadanía en un momento como este".

En marzo se conoció que el informe anual de Transparencia Internacional sitúa a Uruguay como el país menos corrupto de América Latina en una medición del año 2015. El Índice de Percepción de Corrupción 2015, en el que se toman datos de 268 naciones, es liderado por Dinamarca como el país más transparente. El estudio se basa en la percepción que expertos del sector privado tienen sobre la corrupción en el ámbito público.

De 100 puntos posibles en transparencia, Uruguay obtiene 74 y queda colocado, al igual que en 2014 (donde sumó 73), en la posición número 21. El país peor ubicado de América Latina es Venezuela, en la posición 158, con tan solo 17 puntos.

Los cinco países más transparentes son Dinamarca (91 puntos), Finlandia (90), Suecia (89), Nueva Zelanda (88) y Holanda (87).

Después de Uruguay, a nivel regional aparecen Chile en el puesto 23 (70 puntos), Costa Rica en el 40 (55), Cuba en el 56 (47) y Jamaica en el 69 (41).

Según este estudio, Brasil es el país que más descendió en el índice mundial (cinco puntos), tras salir a la luz el escándalo en la estatal Petrobras.

"Sin instituciones públicas sólidas, sin un Estado de Derecho, con corrupción en los países, es muy difícil capitalizar la ayuda externa o promover los derechos humanos de manera universal y sostenible", dijo ayer en la asamblea de la OEA en República Dominicana el canciller Rodolfo Nin Novoa. Agregó que la democracia representativa, la separación de poderes, el respeto a la Constitución y las leyes, y un sistema de partidos que permita que las minorías llegar al poder, son condiciones básicas para que un Estado desarrolle instituciones públicas sólidas".

El diputado Gonzalo Mujica (Asamblea Uruguay) es el primer legislador en publicar su declaración jurada de bienes e ingresos en la página web del Parlamento.

El legislador concurrió a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y en una tarde le dieron las declaraciones juradas que presentó desde el año 2005, cuando asumió como diputado por el Espacio 609. En ese momento, Gonzalo Mujica tenía un patrimonio neto de $ 2.236.000. En su última declaración jurada ante la Jutep, fechada en mayo de 2016, el ahora diputado de Asamblea Uruguay dijo tener un patrimonio de $ 4.263.000 compuesto por una casa ($ 3.480.000) y un vehículo ($ 783.000).

Mujica espera que su actitud sirva para que otros legisladores se animen a tomar la misma postura, ya que cualquier gobernante puede hacerlo. Para el diputado, la izquierda "tiene más obligación" de hacerlo. "La ley obliga a la Junta de Transparencia a mantener la reserva, pero no al legislador, el legislador puede decidir como hice yo que se publique la información. Si lo hicieran creo que sería muy positivo", acotó.

Mujica comentó que le llevó más tiempo lograr que le publicaran la información en la web del Parlamento, que lo que demoró el trámite que hizo ante la Jutep.

REBOTE DE LOS ESCÁNDALOS EN ARGENTINA Y BRASILDANIEL ISGLEAS