La difusión de los correos de la empresa Hacking Team puso en evidencia que varios gobiernos tienen contratos secretos por poderosos servicios de vigilancia, entre ellos algunos de la región como Ecuador o Chile.

Organizaciones sociales vinculadas a la protección de datos personales, entre ellas DATA de Uruguay, hicieron conocer su voz de alerta.

"El domingo se expusieron públicamente 400GB de información de la empresa italiana Hacking Team, dedicada a la comercialización de software de espionaje para gobiernos. Los documentos incluyen facturas, correos electrónicos, datos fiscales y código fuente, entre otros archivos. Las revelaciones permiten entender los alcances a nivel global de Hacking Team, una compañía que fue catalogada en 2013 por Reporteros Sin Fronteras como uno de los enemigos de Internet", sostiene el comunicado.

En la filtración se halló que seis países de América Latina son clientes de Hac-king Team: Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá. Dependencias como la Policía de Investigaciones de Chile, la Secretaría de Inteligencia de Ecuador, la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México han adquirido licencias de software de control remoto (RCS) a la empresa italiana. En el caso de México, se identificaron hasta 14 contratos individuales con la compañía, por parte del gobierno federal y los gobiernos estaduales, algunos de ellos sin facultades legales para la intervención de comunicaciones privadas.

Las organizaciones declararon que rechazan la venta y adquisición de estos programas de vigilancia, que sin controles adecuados, ponen en riesgo los derechos humanos de la región.

"El proceso de compra ha sido realizado con total opacidad. Exigimos que los Estados involucrados realicen esfuerzos para asegurar la transparencia de sus actividades de inteligencia, en particular relativos a la compra y tipo de utilización efectiva de tecnologías que permiten vigilancia informática, ante la posibilidad real de que este software esté siendo utilizado para espiar a activistas y disidentes sin causa justificada. En 2013, la firma Kaspersky ya demostró que DaVinci fue usado para el espionaje de activistas políticos en el Medio Oriente", sostiene.

Argumenta además que "debido a los bajos estándares de control legal en la adquisición y uso de las tecnologías de vigilancia en la región, se necesita una discusión abierta en los Congresos nacionales acerca de las leyes que rigen y regulan las actividades de vigilancia, sometidas al escrutinio público. Ante la posibilidad técnica de que estas actividades pongan en riesgo derechos humanos, estas legislaciones deben reflejar los estándares más altos y sujetar las acciones de los organismos de inteligencia a la autorización previa de un organismo judicial imparcial e independiente.

Exigen transparencia