Familiares de reclusos ultimados demandarán a Ministerio del Interior por US$ 4 millones.

El 29 de julio de 2016, Esteban Pereyra Egaña salió a uno de los dos patios del Penal de Libertad. Lo rodearon otros reclusos y lo masacraron con "cortes" de fabricación carcelaria. Pereyra Egaña murió por tres heridas: una en el hombro izquierdo, y otras dos en el hemitórax izquierdo. Una de las heridas tenía nueve centímetros de profundidad, según la historia clínica de Enfermería de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Los familiares de Pereyra Egaña son una de las seis familias que entienden que el Estado estuvo omiso en el cuidado de sus reclusos. Impulsarán demandas civiles por casi US$ 4 millones contra el Ministerio del Interior por considerar que no cumplió con su cometido en brindarles seguridad y garantizar su integridad física.

La primera demanda civil por US$ 500.000 contra la cartera ya fue presentada el 29 de mayo pasado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, dijo a El País el abogado de la familia reclamante, Nicolás Pereyra.

El comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, registró 20 presos fallecidos en forma violenta (homicidios, suicidios y accidentes) en 2015; 31 en 2016 y diez durante este año.

En su demanda, familiares de Pereyra Egaña señalaron que la investigación policial del homicidio les provoca dudas y suspicacias.

La "falta de servicio", "la culpa", "omisiones" y negligencia del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) "es manifiesta" y surge de las propias declaraciones de todas las partes intervinientes que lucen en el expediente, expresa la demanda a la que tuvo acceso El País.

El agente Leonel M., quien en ese momento prestaba servicios en el Patio del Sector F del Penal de Libertad declaró en el Juzgado: "Los veo (a los presos) que vienen discutiendo pero eso es normal, quedé atento. César S., de campera amarilla y gorra lila, saca un corte (cuchillo artesanal) de la cintura, y le propina varios puntazos, desde el lugar donde yo estaba solo le veía la cabeza. Tiro un disparo, se corre para un lado y se saca la campera".

Posteriormente, el agente declara sobre su accionar "desde el ángulo que estoy para pegarle un tiro en el cuerpo es imposible".

Interrogado en el Establecimiento por sus captores, el acusado César S. manifestó: "Algunos dicen que fui yo, pero si era mi compañero de celda lo podría haber matado en la celda".

A su vez el agente Nicolás P., quien prestó funciones como guardia del patio durante los hechos, declaró: "Me hice presente al lado del policía escopetero en el momento que veo el problema. El matador tenía puesta una campera y el otro compañero de celda ayudaba al agredido. César S. también ayudaba, pero el agredido como que lo empujaba".

Nicolás P. bajó a la guardia. En ese momento vio que el supuesto asesino se sacó la campera amarilla y se fue para el fondo del patio. También llevaba una gorra de lana de color muy particular y blanco que nunca se la había sacado, declaró el guardia. Luego de la requisa previa a la salida al patio, los reclusos descartaron 11 "cortes" carcelarios. El recluso asesino tenía un antecedente por un homicidio anterior.

Una vez finalizada la indagatoria, César S. fue procesado nuevamente por la muerte de Esteban Pereyra Egaña.

Según la denuncia civil, el relato de la muerte de Esteban Pereyra Egaña es "escalofriante" y revela "gravísimas fallas" de seguridad en el penal como que un recluso posea "cortes" carcelarios según surge del expediente penal.

En el Penal de Libertad, una celda aloja a un joven procesado por hurtos. A este joven no se le aplicó el criterio de clasificación mencionado por las autoridades. Hace dos años que no sale de su celda. Es adicto a las drogas. Cada vez que puede consume pasta base. Según sus allegados, estar encerrado en la celda no lo privó de lesiones: ya fue apuñalado tres veces. Se salvó por milagro.

Obligaciones del Estado

"El Estado, a través del Ministerio del Interior, más específicamente el Instituto Nacional de Rehabilitación de reciente creación, tiene ante las personas privadas de libertad una obligación de seguridad, así como también un deber de cuidado y vigilancia".

"(Ello) se traduce en una obligación de resultado, toda vez que debe devolver al interno en las mismas condiciones en las cuales fue retenido, inclusive el texto constitucional obliga a ir más lejos, rehabilitarlo completamente, esto es, devolverlo en condiciones más favorables de las que cuando el individuo ingresa al sistema carcelario".

"El Estado no ha garantizado la vida en el establecimiento carcelario, como lo ordenan la Constitución y las leyes, por lo tanto corresponde que el Estado repare las consecuencias dañosas de su violación".

"Al consagrar el artículo 24 de la Constitución de la República la responsabilidad directa del Estado es que se demanda al Ministerio del Interior para que repare el daño que les ha causado (...) Además no hubo ninguna sanción disciplinaria a los encargados de seguridad del interno".

EDUARDO BARRENECHE

CRISIS CARCELARIAEDUARDO BARRENECHE